Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75542
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Mercedes, al que por Secretaría se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1°, CPCA).
B.75.542 "MOTO CLUB MERCEDES C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 10 de julio de 2019.
I. La asociación Moto Club Mercedes promueve una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos en los términos del art. 12, inc. 2, del CCA contra la Municipalidad de Mercedes, con el fin de que esta última proceda al levantamiento de la orden de clausura dispuesta sobre el predio ubicado en el Parque Nuevo Municipal y así continuar ejerciendo los derechos que estima adquiridos sobre éste.
II. Relata que el 29 de noviembre de 1991 el Concejo Deliberante comunal sancionó la ordenanza 3937 –luego modificada por su sucedánea 6197/06-, mediante la cual otorgó, por tiempo indeterminado, el uso de un sector en el referido parque.
Fue así que desplegó su actividad deportiva, empero el 6 de julio de 2017 el titular del Juzgado de Faltas Nº1 municipal ordenó la clausura del predio hasta tanto se presentara el informe de impacto ambiental actualizado, el cual afirma haber acompañado el 20 de julio y luego ampliado con la evaluación de impacto sonoro el 2 de septiembre, ambos del mismo año.
Manifiesta que fue notificada con fecha 24 de octubre de 2017 de la continuidad de la clausura decretada, frente a lo cual interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y siendo el primero de ellos denegado, se remitieron las actuaciones al Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Mercedes, cuya jueza devolvió lo actuado por considerar que la impugnación se encontraba mal concedida.
Entiende que dicho acto sancionatorio sería ilegítimo por haberse adoptado la medida precautoria por tiempo indeterminado y que la negativa a su cese, desconociendo el cumplimiento del recaudo exigido y denegando la posibilidad de aportar elementos de prueba, vulneraría principios básicos de la defensa en juicio y el derecho constitucional de control jurisdiccional de los actos administrativos.
En suma, requiere que se le permita a Moto Club Mercedes continuar con su actividad atento haberse presentado los informes en cuestión. Asimismo, solicita se decrete como medida cautelar el levantamiento de la clausura del predio.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. El juez a su cargo ordenó la confección del informe previsto en el artículo 23, inc. 1, del CCA y convocó a una audiencia conciliatoria en atención a lo peticionado por la demandada, la que fue llevada a cabo el día 22 de agosto de 2018 (v. fs. 81).
Sin perjuicio de ello, el magistrado a fs. 95/97 se declaró incompetente, en la inteligencia de que no obstante cuestionarse un acto dispuesto en ejercicio de la policía administrativa, la materia se encontraba expresamente excluida del conocimiento del fuero especializado de acuerdo a lo previsto en el art. 2, inc. 1 in fine, del CCA y el art. 54 del Código de Faltas Municipales, invocando doctrina de este Tribunal en sustento de su postura. Así, consideró que de las constancias documentales acompañadas –en particular la causa n° 2251 agregada al expte. n° 4075-327/15- se desprendía que el titular del Juzgado en lo Correccional N°3 departamental se había inhibido de conocer en el asunto, motivo por el cual dejó planteado el conflicto de competencia.
Contra ese decisorio la parte actora interpuso el recurso de apelación de fs. 100/102 –y su original de fs. 110/115-, y encontrándose la causa en este Tribunal en virtud de la contienda que se estimaba suscitada, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín para su tratamiento. Ahora bien, a fs. 120/123 esta última entendió que no se encontraba configurado un conflicto de competencia toda vez que el juez correccional no se había expedido en los presentes autos y que, en su caso, no resultaba competente para pronunciarse al respecto.
Por tal razón se remitieron las actuaciones al Juzgado Correccional N°3 departamental, cuya magistrada declinó la competencia atribuida al sostener que la acción, dada la forma en la que había sido propuesta, conformaba un caso contencioso administrativo y que no mediaba una resolución sancionatoria final. Así, quedó finalmente planteada la contienda negativa, sometiendo las actuaciones ante este Tribunal para que la dirima en los términos del art. 7 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. 1. La jurisdicción en materia de faltas municipales, según lo establece el decreto ley 8751/77, es ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiere dispuesto su creación, o por los intendentes en los municipios donde no se hubiesen creado tales juzgados o cuando, existiendo ellos, sus titulares se hayan excusado de actuar.
En efecto, la ordenanza 5650/03 otorga dicha competencia a los jueces de faltas para el conocimiento de las infracciones municipales que se cometan dentro del partido de Mercedes, pudiendo actuar el Intendente como juez de faltas subrogante (arts. 28 y 30). En relación a la competencia de alzada prevé que la ejercerá el “Juez en lo penal de turno”, quien entiende además en los recursos de apelación y nulidad que se interpongan contra las “sentencias definitivas” (art. 60), pudiéndose recurrir en queja directamente ante ese órgano cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia (art. 63); ello, en concordancia con lo dispuesto por los arts. 54 y 57 del decreto ley 8751/77 citado.
III.2. Como se ha resuelto, en principio si una determinada normativa sectorial, con arreglo a la Constitución, prevé un canal específico de impugnación en materia de faltas, la competencia quedará de ese modo fijada y sólo habrá de ceder si del relato de los hechos surge de modo indubitable que la cuestión debatida excede el marco estrictamente contravencional (doctr. causas B. 73.566, "Valdata", resol. de 16-III-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016 y B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018).
De allí que este Tribunal haya sostenido tanto en casos de análoga configuración al presente como en el ámbito de conflictos resueltos en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, que compete a los jueces en lo correccional -o de Paz, según corresponda en función del territorio- entender en los casos en los cuales, al margen de su procedencia o viabilidad adjetiva, se peticionan medidas suspensivas de sanciones adoptadas por jueces de faltas en el ámbito del procedimiento reglado por el decreto ley 8751/77 -en virtud de su accesoriedad-, como así también se articulan las impugnaciones deducidas contra esas sanciones (doctr. causas B. 68.506, "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", resol. de 31-V-2006; B. 69.026, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, B. 74.498 y B. 75.289, cit.); criterio al cual puede recurrirse atento la semejanza entre los plexos normativos que rigen la materia.
Asimismo resulta relevante adunar, en atención a la medida cautelar requerida, que es consolidada doctrina de este Tribunal que la competencia para impulsar la tramitación de diligencias preliminares o precautorias recae en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (doctr. arts. 6 inc. 4º, CPCC y 77 inc. 1º, CPCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. del 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. del 22-VI-2016; y B. 74.599, "Díaz Sierra", resol. de 10-V-2017).
III.3. Sobre la base de lo expuesto, toda vez que la parte actora persigue el cese de la clausura impuesta por un juez de faltas comunal y, cautelarmente, la suspensión de tal medida, a fin de continuar con el permiso otorgado sobre el predio ubicado en el Parque Nuevo Municipal, con arreglo a la normativa aplicable, cabe concluir que el presente caso es ajeno a la competencia de los juzgados contencioso administrativos y resulta propio de la que le corresponde al juzgado en lo correccional departamental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Mercedes, al que por Secretaría se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1°, CPCA).
Hágase saber de lo que aquí se resuelve al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 324
Fin de la sentencia