Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75625
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal en materia de conflictos (art. 196, Const. prov.).
B.75.625 "MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ ARBA S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --CUESTION DE COMPETENCIA—"
La Plata, 20 de marzo de 2019.
I. El Intendente interino de la Municipalidad de Florencio Varela promovió ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) (cfr. art. 12 inc. 2, CCA).
A través de ella, persigue la inaplicabilidad -y eventualmente, la declaración de inconstitucionalidad- del decreto 790/16, por el cual la señora Gobernadora le encomendó a dicha agencia a que en el marco del art. 59 y concs. de la Ley de Catastro Territorial N°10.707, lleve adelante un nuevo cálculo de los valores de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y sus edificios, las mejoras rurales y las plantaciones.
Entiende que ese procedimiento de revaluación -el cual, según alega, habría comenzado a tener efectos a partir del ejercicio fiscal 2018- vulnera derechos fundamentales de los vecinos del partido, a quienes pretende representar invocando una suerte de legitimación tuitiva.
En adición, sostiene que el aumento aparentemente desmedido en los valores fiscales de los inmuebles ubicados en la comuna afecta la recaudación de sus propios organismos locales -al hacer más oneroso el cumplimiento de las obligaciones tributarias- y disminuye el flujo de fondos de coparticipación dada la fórmula con la cual estos se reparten.
II. En la primera intervención que le cupo, el juez de primera instancia en lo contencioso administrativo se declaró incompetente. Ello, en la inteligencia de que el caso se enmarcaba en lo previsto en el art. 196 de la Constitución provincial, pues implicaba un conflicto entre una municipalidad y una autoridad provincial.
Al decidir así, elevó las actuaciones a esta Corte para que se expida en punto a su propia competencia, de carácter exclusivo e improrrogable en esa categoría de asuntos (doctr. causa B. 73.520, "Concejo Deliberante de San Pedro", resol. de 29-XII-2014).
III. Reiteradamente se ha determinado que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude el art. 161 inc. 2 de la Constitución, al igual que los conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades provinciales a los que se refiere el art. 196 de dicha Carta, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, lo que ocurre cuando alguno de ellos aduce que el otro ha invadido o intenta invadir su esfera de competencias (doctr. causas B. 60.622, "Presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos", sent. de 3-XI-1999; B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, "Fiscal de Estado", resol. de 19-IX-2012; B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás", resol. de 27-IV-2016 y B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017).
Sobre esa base, cabe adelantar que en la especie no se verifican los extremos que por mandato constitucional demandan la intervención de la Suprema Corte de Justicia.
IV. Sin pasar por alto el esfuerzo argumentativo que hace el Intendente interino de Florencio Varela al denunciar que, con la materialización del revalúo y sus consecuencias en la organización municipal y los vecinos de ese partido, el Director Ejecutivo de la ARBA se habría arrogado "la suma del poder público" al supuestamente ejercer todas las funciones estatales -legislar, administrar y juzgar- (v. fs. 301/303), es evidente que tal aseveración carece de virtualidad para comprometer la jurisdicción originaria de esta Corte en materia de conflictos.
De ningún lugar surge con la claridad suficiente que aquel funcionario provincial, con su actuación, haya invadido o intente invadir la esfera de competencias reservadas al régimen local (cfr. art. 190 y concs., Const. prov.). Y no altera esta apreciación la queja en punto a la supuesta merma en la recaudación producto de impuestos más elevados o el envío de menos fondos coparticipables. Antes bien, el agravio del Intendente interino se centra en los efectos perjudiciales que tendría el incremento del valor de la tierra dentro del partido en relación a sus habitantes, con implicancias en la vigencia de ciertas garantías constitucionales tales como el debido proceso, el principio de igualdad en materia tributaria o los derechos a la vivienda y a la propiedad privada.
Se infiere que es a tales fines que promueve la presente demanda judicial, la que, dado su alcance y los hechos que la suscitan, no atañe a la competencia originaria de este Tribunal en los términos del art. 196 de la Constitución de la Provincia, al no tratarse estrictamente de un "conflicto de poderes" según la definición que invariablemente se le ha asignado a ese término (doctr. causas B. 72.835, "Municipalidad de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 73.546, "Municipalidad de San Miguel", resol. de 22-IV-2015 y B. 75.338, "Municipalidad de Avellaneda", resol. de 23-V-2018), sino a la materia contencioso administrativa (cfr. art. 166, últ. párr., Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal en materia de conflictos (art. 196, Const. prov.).
Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, a los efectos de que prosigan según su estado.
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Pe-dLa-So-Ko
Reg. Nº 86
Fin de la sentencia