Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75770
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra afectada la competencia originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.75.770 "CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE FUEGOS ARTIFICIALES C/ MUNICIPALIDAD DE PINAMAR S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS --CUESTION DE COMPETENCIA—"
La Plata, 26 de junio de 2019.
I. La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) promovió una acción de restablecimiento o reconocimiento de derechos ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores (cfr. art. 12 inc. 2, CCA), con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 1 de la ordenanza 5106/17 de la Municipalidad de Pinamar. Ello, en la medida en que dicha norma prohibió, dentro del ámbito territorial del referido partido, la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, exceptuándose las utilizadas por las fuerzas públicas de seguridad.
La accionante entiende que dichas disposiciones se oponen a la Ley Nacional de Armas y Explosivos N°20.429 y al decreto PEN 302/83, violando a su vez los derechos y garantías consagrados en los arts. 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 28, 75 incs. 12, 13, 16, 18, 19 y 32, 121 y 126 de la Constitución Nacional.
II. En su primera providencia, el juez que intervino se declaró incompetente con fundamento en lo establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, procediendo a remitir las actuaciones a esta Suprema Corte por entender que en autos se encontraba afectada su competencia originaria y exclusiva.
III. La competencia originaria que describe el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial da cuenta de una atribución que ejerce este Tribunal con carácter exclusivo, en tanto la pretensión esgrimida tenga los ribetes delineados por su propia jurisprudencia.
Va de suyo que la recta interpretación del citado precepto, en tanto atribuye el conocimiento originario a la Suprema Corte de Justicia de las impugnaciones directas -sin desmedro de las de apelación, y reuniéndose los restantes requisitos previstos en los arts. 683 y sigs. del CPCC- "...para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada...", no permite una opción libre para plantear indistintamente la cuestión por ante esta sede o la de la justicia ordinaria, si ella involucra, en sustancia, un conflicto entre las normas locales controvertidas y las reglas consagradas en la Constitución de la Provincia.
Lo último, aun cuando éstas coincidan con las previsiones de la Constitución Nacional y por más que hubiesen sido preferentemente invocadas por quien impugna. Es que, en tales circunstancias, no habría óbice para sostener que la cuestión constituye una "materia regida por esta Constitución" en los términos de la manda constitucional provincial, supuesto en que ha de mantenerse incólume la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte.
IV. Con ese alcance, cuando ese precepto alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001 y B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009, entre otras).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018 y B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018).
V. Bajo tales premisas, la demanda promovida por CAEFA ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores fundada íntegramente en la supuesta violación por parte del acto municipal impugnado a la Constitución Nacional y a otras normas federales, carece de virtualidad para abrir la instancia originaria de este Tribunal en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, lo que así se declara.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra afectada la competencia originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Regístrese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 309
Fin de la sentencia