Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76346
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que el caso es propio de su competencia originaria y radicar el expediente en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
II. Rechazar la demanda originaria de inconstitucionalidad por extemporánea (cfr. art. 684, CPCC).
B.76.346 “LIGUORI FRANCISCO LUIS C/ CAJA DE JUB. SUBS. Y PENS. DEL PERS. BANCO PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --CUESTION DE COMPETENCIA—“
La Plata, 15 de abril de 2020.
I. Francisco Luis Liguori promovió una acción de inconstitucionalidad en los términos del art. 161, inc. 1, de la Constitución provincial y los arts. 684 y 685 del Código Procesal Civil y Comercial ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata, con el objeto de obtener un pronunciamiento de invalidez constitucional de los arts. 7, 11, 39 y 41 de la ley 15.008, por los cuales se establece un nuevo régimen de movilidad de los haberes previsionales para los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Con carácter accesorio, solicitó el resarcimiento de los daños y perjuicios que la aplicación de los preceptos impugnados le irrogarían, en su condición de beneficiario del sistema.
En este sentido, sostiene que la norma en cuestión es regresiva y contraria a los derechos y garantías consagrados en los arts. 11, 31, 36, 39, 40 y 50 de la Constitución provincial; 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución nacional y en diversos instrumentos internacionales.
II. Al respecto, cabe señalar que el magistrado subrogante de ese órgano se rehusó a intervenir en el asunto y ordenó remitir las actuaciones a este Tribunal, bajo la inteligencia de que al haberse encuadrado la cuestión planteada en la acción prevista en el art. 161, inc. 1, de la Carta local, ésta resultaba ajena a su competencia. Dicha resolución fue consentida por el actor conforme constancia obrante a fs. 67, elevándose, en consecuencia, las actuaciones a este Tribunal para su conocimiento.
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En efecto, la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria de este órgano, motivo por el cual corresponde radicar el expediente en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para su tratamiento (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
IV.1. Sentado ello, cabe recordar que el art. 684 del Código Procesal determina para la promoción de tal pretensión un plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos del actor, cuandoéstos posean contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra el accionante, según resulta del apartado IV del escrito inicial postulatorio-, este Tribunal -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y, asimismo, la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de tal índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del art. 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos suscitados en materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
De esta manera, se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 3 Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, res. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, entre otras); rechazándose por extemporánea la demanda cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
Así, se estableció que la aplicación del referido criterio regiría –en lo pertinente- para las demandas que se iniciaran con posterioridad al pronunciamiento emitido en los autos caratulados "Poy" (causa I. 72.366, cit.).
IV.2. Como ha puesto de manifiesto recientemente esta Corte en casos análogos al presente (causas B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019 y B. 76.212, "Borelli", resol. de 18-XII-2019), se desprende del objeto de la demanda que la pretensión posee un contenido preponderantemente económico y por ello, devienen aplicables las reglas esbozadas en la citada causa "Poy".
Siendo ello así, y teniendo en cuenta que la acción que diera curso a estas actuaciones fue promovida el 11 de septiembre de 2019 (v. sello de cargo a fs. 65 vta.), se advierte que el plazo previsto en el art. 684 del referido código se encuentra vencido, por lo que corresponde declarar extemporánea la demanda.
V. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta el actor para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016 y B. 76.212, "Borelli", resol. de 18-XII-2019; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que el caso es propio de su competencia originaria y radicar el expediente en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
II. Rechazar la demanda originaria de inconstitucionalidad por extemporánea (cfr. art. 684, CPCC).
Regístrese, notifíquese y archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. So-Ge-Ko-To
Reg. Nº88
Fin de la sentencia