Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78990
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.
B.78.990 "BONADIES HUMBERTO Y OTROS C/ SERVICIOS DEL CERRO S.A. Y OTRO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. Humberto Bonadies, Juana Concepción Palacino, Daniel Esteban Usqueda, Horacio Aníbal Panetta, Hilda Raquel Romero, Diego Armando Panetta, Cristian Panetta, Rubén Estay Fuentes, Bechet Carlos Alberto, Viviana Soledad Cativa, Dante Leopoldo Rivaneira, Valeria María Schoua, Matías Andrés Schoua, Susana Graciela Miguelez, Myriam Edith Molina, Florencia Usqueda y Roxana Rivas -todos ellos en su carácter de vecinos de los barrios "El Casco" de General Rodríguez y "El Aguariguay" de la localidad de Moreno- deducen una acción preventiva de daño ambiental contra las firmas Servicios del Cerro SA y TB&LD SRL, con miras a que se haga efectiva la clausura que oportunamente habría dispuesto la Municipalidad de General Rodríguez sobre un lote que, según alegan, desde sus orígenes se encontraba destinado al fomento de actividades sociales del barrio, y donde actualmente las empresas estarían llevando a cabo un emprendimiento residencial consistente en la construcción de 53 viviendas. Ello por cuanto entienden que la prosecución de dicho proyecto comportaría graves e irreversibles consecuencias medioambientales (tala indiscriminada de árboles, reducción de espacios verdes, e.o.), situación esta que, en definitiva, afectaría a la comunidad vecinal, agravando -aún más- las condiciones precarias en las que sus integrantes conviven.
Narran que, frente a esta situación y la continua ejecución de las obras cuestionadas, cursaron una petición a las autoridades locales para que: a) se mantenga vigente la medida sobre el predio y b) se les brinde información detallada de las referidas actividades (p.ej., datos del propietario del lote, si el proyecto cuestionado cuenta con el respectivo estudio de impacto ambiental, etc.). Refieren, sin embargo, que no obtuvieron la respuesta esperada por parte de los funcionarios, quienes, de manera informal, solo les habrían comunicado que el proyecto en cuestión se ajustaba a las disposiciones de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, tal como lo dejaría entrever una ordenanza que les fuera entregada y a la que califican de "dudosa".
Manifiestan que, a raíz del accionar omisivo de la comuna y con el mismo ánimo que da pie a esta presentación, iniciaron un procedimiento de mediación, aunque dicha instancia -también comentan- habría fracasado por la imposibilidad de notificar a las sociedades codemandadas.
Finalmente y dado que a la fecha se seguirían "...vendiendo lotes sin la más mínima condición", requieren se decrete una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal (v. presentación electrónica de fecha 5-VII-2023).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, cuyo titular -tras oír al agente fiscal- se inhibió de conocer en la controversia al estimar -primordialmente- que en el caso los codemandantes estaban denunciando "...un irregular ejercicio del poder de policía ambiental en cabeza de la municipalidad", motivo por el cual, en armonía con preceptos de la ley 11.723, adujo que el litigio debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo (v. resol. electrónica de fecha 13-VII-2023).
Fue así que las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes.
Cabe destacar que el juez a cargo del organismo, luego de aceptar la competencia que se le endilgaba y de ordenar recaratular el expediente como una pretensión de restablecimiento y/o reconocimiento de derechos en los términos del art. 12 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. proveídos electrónicos de fecha 9-VIII-2023, 16-VIII-2023 y 17-VIII-2023), solicitó a los actores que precisaran el grupo pasivamente involucrado en autos, de modo tal que se pudieran fijar los límites subjetivos de la acción deducida (v. despacho electrónico de fecha 1-IX-2023).
Pero más tarde y en virtud de la presentación realizada por los demandantes -oportunidad en la cual peticionaron que se intimara a los presuntos propietarios del terreno litigioso (Servicios del Cerro SA y TB&LD SRL) y a la comuna de General Rodríguez para que proporcionaran información sobre el proyecto cuestionado (v. escrito electrónico de fecha 1-IX-2023)-, el magistrado interviniente -sin esperar a que se aclarara contra quiénes en definitiva iba dirigida la demanda- se declaró incompetente para seguir conociendo en el sub lite .
Para adoptar este temperamento, ponderó que, de la exposición de los hechos que daban sustento al litigio, no surgía ninguna atribución de responsabilidad a la Municipalidad de General Rodríguez y, merituando que el caso se regía por normas de derecho privado, arribó a la conclusión de que el pleito se encontraba sustraído de su esfera de conocimiento (conf. arts. 4 inc. 1, CCA).
Igualmente señaló que "...el hecho de que en el relato de lo acontecido sobrevuele o se invoquen normas de derecho público, relacionadas a cuestiones atinentes a la limitación al dominio privado, de neto orden administrativo ( v.gr ., ordenamiento territorial y zonificación), no define por si solo la competencia del suscripto".
En este marco y afirmando, a su vez, que "...el trámite llevado a cabo hasta ese momento procesal no había implicado, bajo ninguna arista, la asunción de competencia", el funcionario planteó formalmente el conflicto de competencia que elevó a esta Suprema Corte de Justicia para su resolución conforme así lo dispone el art. 7 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. electrónica de 19-IX-2023).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
IV. Por su parte, es preciso recordar que en las pretensiones de contenido medioambiental resultan aplicables las disposiciones previstas en la ley 11.723, en cuanto establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada" (arts. 34 y 35).
Mientras que en aquellos casos en donde "el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes", pudiendo ejercitar una serie de acciones que allí se enuncian (art. 36).
V. En la especie, los actores persiguen el cese de manera inmediata de las actividades relacionadas con un emprendimiento residencial que estarían poniendo en marcha dos empresas sobre un lote que se hallaría destinado al fomento de actividades barriales, dirigiendo contra ellas su pretensión.
Ahora bien, se advierte que los reclamantes en diversos pasajes de su demanda ponen de manifiesto una serie de actos y omisiones que pueden ser considerados atribuibles a uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (conf. art. 1, CCA), como lo es la Municipalidad de General Rodríguez.
Al respecto, sostienen que las obras denunciadas se seguirían llevando a cabo pese a la clausura que en su momento dispusieran las autoridades de ese partido y que, por tal virtud, a los efectos de que la medida sancionatoria se mantuviera vigente -esto así, dada las condiciones ya de por sí precarias de la zona y las consecuencias "ambientales irreversibles" que comportaría la prosecución de dicho proyecto-, formularon el correspondiente reclamo ante esas últimas, pero que, no obstante ello, "...la Municipalidad solo procedió a poner un sello de entrada al reclamo, no realizando actuación alguna hasta la fecha" (conf. apdo. V, párrs. III y IV, del escrito postulatorio cit.).
Para más, resaltan que la ejecución del proyecto aquí denunciado encontraría su fundamento en una ordenanza municipal, que reputan de dudosa autenticidad, la cual no se estaría cumpliendo. Tan es así, que en el escrito de demanda se asegura que se estarían vendiendo lotes "...sin la más mínima condición" (v. último párr. del cit. apdo. V).
VI. Siendo todo eso así, con la provisionalidad inherente a esta etapa del proceso, es posible inferir que la controversia subsume en la cláusula que define la materia contencioso administrativa y, en particular, en las previsiones de la ley 11.723, que confieren competencia a los órganos del fuero especializado en los asuntos en los que el daño o la amenaza de daño ambiental provenga de acciones u omisiones estatales, en tanto subyace en lo denunciado por la parte actora un irregular ejercicio del poder de policía ambiental en cabeza de la comuna de General Rodríguez.
De allí que, independientemente de la manera en que pudiera haberse enderezado la demanda o la óptica con la cual habrá de juzgarse a las empresas codemandadas, es evidente que el caso exigirá indagar acerca de todos aquellos elementos, lo que permite presumir que para su solución habrá de acudirse a normas y principios de derecho público (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, CCA; 34 y 35, ley 11.723; doctr. causas B. 76.549, "Troilo", resol. de 23-XII-2020 y B. 77.780, "Colucci", resol. de 24-X-2023).
VII. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes el órgano que continúe conociendo en el presente litigio.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
Discrepo con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
En la reciente causa B. 77.780, "Colucci", resol. de 24-X-2023, donde -como aquí- la parte actora había intentado una acción preventiva de daño ambiental, con fundamento en el art. 1.711 del Código Civil y Comercial, sostuve que, independientemente de las demás consideraciones que pudieran formularse en torno al carril procesal elegido, esa opción no determinaba necesariamente la competencia civil y comercial en desmedro de la contencioso administrativa, sino que, para dirimir la cuestión, resultaba necesario indagar en el objeto del litigio, así como en su eventual encuadre dentro de los términos previstos por el último párrafo del art. 166 de la Constitución provincial y las normas que lo reglamentan.
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el precedente que acaba de citarse, en autos no se advierte que la confrontación involucre en su estado actual a ninguno de los sujetos mencionados por el precepto constitucional que sienta en el orden bonaerense las bases de la competencia contencioso administrativa.
Por el contrario, los actores han impulsado tanto la mediación prejudicial intentada como la demanda interpuesta contra dos empresas privadas (Servicios del Cerro S.A. y TB&LD S.R.L., v. presentación electrónica y actas adjuntas de fecha 5-VII-2023; en el mismo sentido, v. tamb. presentación de fecha 1-IX-2023), sin que -al menos hasta el presente- haya tomado intervención alguna en este proceso judicial la Municipalidad de General Rodríguez, ni tampoco ningún otro ente estatal o persona en ejercicio de funciones administrativas.
No obsta a lo anterior el hecho de que en el escrito inaugural se haya advertido que se habría tomado conocimiento "en forma no fehaciente" de que la comuna recién mencionada habría dispuesto la clausura de las obras iniciadas en el lote de propiedad de las demandadas, ni tampoco que se aludiese circunstancialmente a su posterior falta de actuación o a las explicaciones informales brindadas por dicha entidad.
Frente al cuadro descripto, el juez civil interviniente no debió haber declarado la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes y remitirle a este las actuaciones, menos aún sin siquiera considerar la medida cautelar peticionada con carácter urgente por los actores, en atención -entre otras- a la índole del bien jurídico en juego, a las posibles implicancias del transcurso del tiempo y al hecho de que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo o especie en cualquier estado del proceso, lo que impone una particular flexibilización de las reglas de competencia jurisdiccional, de modo que la tutela judicial resulte verdaderamente efectiva (v. causa B. 78.868, "Graziani" y sus citas).
Justamente, la materia ambiental involucrada en el presente obligaba a un abordaje eficaz de las cuestiones de forma y de fondo planteadas, guiado por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya hubiere sido afectado-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone (conf. mi voto en causas B. 77.841, "Juara" y B. 78.191, "Zadikian", resols. de 10-II-2023; y B. 78.108, "Etulain", resol. de 13-IV-2023, entre otras).
En efecto, la materia que subyace en el particular es determinante. A ese respecto, vale advertir que el derecho ambiental constituye una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional (conf. Conferencia de Estocolmo de 1972; "Carta de la Tierra", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982; informe "Nuestro Futuro Común", elaborado por la llamada "Comisión Brutland"; Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, aprobada 1992; Protocolo de Kioto, de 1997; Conferencia de París, de 2015, e.o.), además de su amplio reconocimiento constitucional (conf. arts. 28, Const. prov.; 41, 43 y 75 inc. 22, Const. nac; 26 y su doctr., CADH; 12 inc. "b", PIDESC, e.o.).
Por otra parte, cabe destacar que asuntos como el que es objeto de estas actuaciones deben ser resueltos por la judicatura con sentido de responsabilidad social, así como también que corresponde evitar la formación de aquellas incidencias que pudieran implicar un innecesario dispendio jurisdiccional, con la consiguiente dilación o demora en el tratamiento de toda cuestión que por su naturaleza resulte urgente, prioritaria o merecedora de una tutela anticipada, conforme a los principios preventivo y precautorio aplicables en la materia (conf. art. 4, ley 25.675).
A la luz de las directrices indicadas, considero que -en el contexto fáctico y procesal descripto- el desprendimiento de la competencia decidido por el juez civil de primera instancia resulta improcedente, por mucho que se intente argumentar aquí sobre la base de la jurisprudencia de esta Corte que en diferentes supuestos ha remitido a la justicia contencioso administrativa ciertos expedientes a través de los cuales tramitaban acciones que no habían sido dirigidas de modo directo contra entes públicos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, por estimar que la pretensión articulada exigiría el análisis de normas de derecho público (cfr. causas causa B. 72.777 "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013; B. 74.248, "Asoc. Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; y B. 74.483, "Proconsumer", resol. de 22-II-2017).
En mi opinión, la naturaleza transversal de la problemática ambiental y la expresa competencia de los jueces ordinarios para abordarla en los casos en que el daño o la situación de peligro fuera consecuencia de acciones u omisiones de particulares (conf. art. 36, ley 11.723), sumadas al modo en que la actora planteó la contienda y a la falta de intervención en autos de entes públicos o privados en ejercicio de funciones administrativas, determinan que en el conflicto planteado deba seguir interviniendo el Juzgado Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:14:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 14:21:30 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 14:36:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 14:37:40 hs. bajo el número RR-409-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia