Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.568 “CALDERON JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda promovida por el señor Juan Carlos Calderón contra la Municipalidad de General Pueyrredon mediante la cual pretende la anulación de los actos que dispusieron su baja como agente dependiente de la demandada, se lo reincorpore en el cargo del que fue cesado y se le abonen las remuneraciones que dejó de percibir desde dicho cese y hasta su efectiva reincorporación con más las costas.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada señaló que el señor juez de grado había decidido que el cese del actor dispuesto con fundamento en el art. 14 de la ley 11.685, por encontrarse aquel en condiciones de jubilarse por edad avanzada, conforme a las exigencias que surgen del art. 35 del decreto ley 9650/80, resultaba legítimo, ello basado en que la mencionada norma ordenaba aplicar los arts. 35 y 46 del decreto ley 9650/80 a todo aquel personal que se encontrara en condiciones de obtener la jubilación por edad avanzada, circunstancia que imponía a la Administración el proceder en ese sentido. Concluyó así el juzgador en la inexistencia de falta de motivación en el acto dictado.
Paralelamente, en relación a la puntual violación del art. 42 del decreto ley 9650/80 por el art. 14 de la ley 11.685 alegada por la actora, le achacó la ausencia de la necesaria confrontación constitucional frente a su propósito de excluir a esta última del radio de actuación del beneficio previsional adicional pretendido.
Por último, el a quo referenció que la posibilidad de acrecer el beneficio se vincula con la jubilación ordinaria y no con la jubilación extraordinaria por edad avanzada, en cuyo caso, explicó, su medida viene regulada por el ya mencionado art. 46, de cuya operatividad (y adecuación con la Constitución) nada ha expresado la demanda, pese a que su aplicación al caso es la solución que impone la norma del art. 14 de la Ley 11.685.
Luego, frente al recurso interpuesto por el accionante la Cámara interviniente puntualizó que los argumentos tendientes a controvertir la aplicación de la ley 11.685, sea por considerar dicha norma íntegramente “de emergencia” o por considerarla de sesgo inconstitucional se insertaban en una reflexión tardía y, por ello, inhábil para fundamentar la apelación.
Por otra parte señaló la a quo que la pieza traída a su estudio resultaba insuficiente en punto a la imprescindible réplica a que el actor debió someter el pilar en el que se basó aquella sentencia; esto es, que el art. 42 del decreto ley 9650/80 concede la posibilidad de incrementar los haberes jubilatorios a todo aquel que hubiera alcanzado las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria.
Puntualizó el Tribunal de Alzada que el apelante omitió explicar cómo podría la norma aplicarse a un caso no regulado, más aún en el propio ya que en el esquema legal previsto, las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria y su posibilidad de incremento recién superados los 75 años de edad se darían en el año 2027, cuestión explicitada en el texto de las resoluciones n°641 del 10-III-2017 y n°316 del 20-II-2017 dictadas por la demandada.
Similar enfoque tuvo la a quo respecto al agravio dirigido a sostener la aplicación de las disposiciones de la ley 14.656 al caso en estudio, en tanto consideró que el actor, lejos de basar su crítica en las razones sostenidas por el juez de grado para postular su rechazo, se limitó a efectuar una transcripción literal de lo expuesto sobre el punto en ocasión de formular la ampliación de su demanda sin introducir una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella era errónea, injusta o contraria a derecho.
Concluyó que lo postulado por el apelante no conmovía la solución a la que se arribara en primera instancia y confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sentencia de fecha 6-VIII-2019).
II. Frente a ello, el recurrente interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la incorrecta interpretación de la normativa cuestionada, una errónea valoración de los antecedentes de la causa a la vez que aduce que el fallo incurre una violación de doctrina legal que el agraviado no individualiza (v. presentación de fecha 15-VI-2020 a las 05:48:36 p.m.).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Esta Corte tiene dicho que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiente impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.525, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 16-III-2016; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018, entre otras), lo que acontece en la especie.
IV. 2. No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada por el impugnante en cuanto refiere que se ha incurrido en violación de doctrina legal.
Al respecto, cabe recordar que para que un recurso extraordinario, en el cual se invoca la violación de la doctrina legal, sea suficiente éste debe cumplir la exigencia básica relativa a la indicación -en términos claros y concretos- de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada. Por lo tanto, la insuficiencia resulta insalvable cuando se limita a la mera denuncia genérica sin individualización concreta, incumpliéndose de tal manera con la carga técnica que edicta el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. causa A. 73.188, "Plaza", sent. de 28-XI-2018).
IV.3. Respecto al planteo de inaplicabilidad del art. 14 de la ley 11.865, se concluye que también resulta insuficiente.
En efecto, el recurrente reitera argumentos vertidos en las instancias anteriores, en cuanto acusa de irrazonables los argumentos que, en su opinión, sostienen la existencia y vigencia de la emergencia económica decidida en el ámbito provincial y con ello la operatividad del art. 14 citado y refiere la omisión de aplicación del art. 42 de la ley 9650, embates que han sido tratados y desechados en extenso por el Tribunal de Alzada.
Sobre este modo de proceder esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. Ac. 83.742, sent. de 10-IX-2003; A. 68.826, sent. de 5-XI-2008 y A. 72.157, sent. de 6-XI-2013).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:34 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:13:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 11:21:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia