Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76829
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.829 “BELMONTE LUIS ALBERTO Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I.1 La Cámara de Apelación en lo contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -por mayoría- confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda incoada por los Sres. Luis Alberto Belmonte y Juan Carlos Belmonte contra la Municipalidad de General Pueyrredón, mediante la cual pretendían la anulación de la sanción de cesantía que les impuso la Comuna demandada por medio del decreto 686/2017 –ratificado por decreto 1509/2017-, la inmediata reincorporación a los cargos que desempeñaban en el Municipio, la declaración de prescripción de la acción disciplinaria y el pago de las remuneraciones devengadas desde la fecha del cese y hasta su efectiva reincorporación.
Para decidir de tal manera, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada comenzó por relatar que el juez de grado rechazó la impugnación articulada por los actores al considerar que no se encontraba prescripta la acción disciplinaria ejercida por la comuna accionada, así como tampoco patentizados los vicios que los demandantes endilgaron el acto segregatorio atacado.
I.2. En ese marco, luego de enumerar los agravios expuestos por los apelantes, comenzó por tratar el referido a la parcela del fallo que desestimó el planteo de prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración municipal.
Al respecto, referenció que el argumento esencial a partir del cual el magistrado de la instancia sustentó la aplicación art. 26 inc. c)3 de la ley 14.656, se basó en la particular situación evidenciada en autos: el hecho investigado por la comuna y que diera lugar a la aplicación de la sanción disciplinaria impugnada constituye, al mismo tiempo, delito en los términos del Código Penal. Y que siendo así, la sola existencia de dichas actuaciones penales -independientemente de su resultado- vinculadas a los mismos hechos que son objeto de investigación en el sumario administrativo, generaba el alongamiento del plazo de prescripción para el ejercicio del poder disciplinario de la Administración con relación a aquéllos, haciéndolo coincidir con el plazo de prescripción fijado por el citado código para la acción del delito que les fuera imputado.
Partiendo de tal premisa, juzgó que el intento recursivo de los accionantes, por el que se limitaron a reiterar similares conceptos a los vertidos en ocasión de plantear la demanda, no reflejaba más que una vaga disconformidad con lo decidido por el juzgador de origen, que en modo alguno constituía el ensayo crítico que el ordenamiento ritual exige en casos como este.
Señaló también que lucía evidente la liviandad de la crítica del recurrente por la que se limita a postular la inconstitucionalidad del decreto 26/2015 (por el cual se suspendió la aplicación de la ley 14.656), a fin de que se juzgue su situación de conformidad con la nueva ley de empleo público municipal, sin reparar que fue justamente aplicando dicho marco normativo que el magistrado de grado decidió que correspondía desestimar el planteo de prescripción aquí analizado.
I.3. Luego pasó a tratar el agravio por medio del cual los accionantes cuestionan la motivación del acto administrativo impugnado por considerarla insuficiente.
Allí, resaltó que a criterio del juzgador, fue el dictamen de la Dirección de Sumarios de la Comuna el que concedió fundamento al acto de cesantía dictado en el marco del sumario administrativo en el cual los accionantes tuvieron activa participación. Y, siendo ello así, entendió que mal podían los apelantes sustentar su reproche a esta parcela del fallo alegando superficialmente que el juzgador habría suplido la falta de motivación evidenciada en el acto de cese con la mera referencia a diversas publicaciones periodísticas de fechas posteriores al cese, cuando lejos estuvo de ser éste el fundamento a partir del cual el magistrado desestimó, por infundada y genérica, la descalificación efectuada por los actores en relación al acto sancionatorio a partir del vicio en la motivación.
I.4. Finalmente se dispuso a analizar el último agravio introducido por el que plantearon que no se encontraba debidamente acreditada la transgresión disciplinaria que se les imputara -consistente en haber recibido o pedido sumas de dinero para la tramitación de licencias de conducir- pasible de ser encuadrada en las previsiones de los arts. 59, 60 y 64 de la ley 11.757, resultando por ende ilegítima la sanción administrativa.
Al respecto señaló que los apelantes no esgrimieron justificativo alguno en su recurso que contrarrestara de manera idónea la valoración practicada por el sentenciante o que evidenciara un supuesto error de la autoridad municipal en la comprobación y subsunción legal de las faltas disciplinarias; por el contrario, opinó la Cámara que, más allá de que los accionantes se ocuparan de negar cada uno de los hechos que les fueron atribuidos, lejos estaban de rebatir en forma idónea los argumentos que cimentaron el rechazo de la pretensión anulatoria y en virtud de los cuales, más allá de su acierto o no, el juez entendió que la Administración había comprobado debidamente la materialización de las faltas endilgadas.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 20-X-2020).
II. Frente a ello, los actores vencidos, mediante presentación electrónica de fecha 05-XI-2020 a las 10:23:40 p.m., interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual, reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de apelar, esgrimen que el fallo atacado incurre en una errónea interpretación del recurso deducido a la vez que yerra en la aplicación de la normativa vigente y vulnera doctrina de este Tribunal.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. La parte recurrente, frente a los fundamentos brindados por el a quo al sentenciar, se limitó a ofrecer y reiterar su particular punto de vista e interpretación de la normativa que impera en el caso, distinto a la línea argumental desplegada por la Cámara, sin controvertir adecuadamente los fundamentos en los que dicho órgano cimentó su decisión.
Como se ha dicho con reiteración, resulta insuficiente el remedio procesal que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del caso, disímil al del juzgador, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio (doctr. causas A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-XII-2016; A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
Es que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante, por lo que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas C. 186.183, sent. de 22-XII-2010; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, sent. de 25-II-2015, entre otras).
Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria respecto a la prescripción de la acción disciplinaria, la inaplicabilidad de la ley 11757, la falta de motivación del acto de cese, entre otros, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar este remedio extraordinario si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
En ese sentido, si bien los recurrentes han individualizado algunos precedentes de este Tribunal, lo cierto es que no se han detenido a explicar de qué modo se ha violado la doctrina que de éstos emana, ni cuáles han sido concretamente las circunstancias de hecho que dieron lugar a esos pronuciamientos y que hacen de dichos supuestos uno análogo al presente.
Sobre ese punto conviene recordar que esta Corte ha expresado que sólo será suficiente un remedio extraordinario como el intentado cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar (conf. causas A. 68.826, sent. del 5-12-2008; A. 71.852, "Bitar", sent. del 20-5-2015), situación claramente ausente en el recurso en análisis.
Asimismo, es dable recordar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de las sentencias de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. doctr. causas A. 70.702, "Ponce", sent. del 29-2-2012; A. 72.442,"Arteca", sent. del 6-11-2013; A. 74.706, "Gallina", resol. de 12-VII-2017).
IV. 2. Para más, no resulta ocioso destacar que este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho, ajena en principio a su conocimiento y susceptible de ser revisada sólo mediante denuncia y demostración de absurdo, tarea que no ha sido abastecida en la especie (doctr. causas A. 74.790, "Henarejos", resol. de 7-III-2019; A. 75.105, "Berro", resol. de 21-VIII-2019, entre otras). (A. 76.001, "Ruiz", resol. de 30-X-2019).
Tal vicio se configura, según se ha dicho muchas veces, cuando se logra acreditar la existencia de un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa y no cualquier disentimiento autoriza a tenerlo por acreditado, sin que pueda la Corte sustituir con su propio criterio el de los jueces de mérito (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2021 10:03:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2021 15:08:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 14:13:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:21:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 11:01:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia