Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
A.76.904 “GABELA MARIA DE LOS ANGELES C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín -revocando la sentencia de primera instancia- hizo lugar a la demanda deducida por la señora María de los Ángeles Gabela, anuló el decreto 1197/18 dictado por el Intendente Municipal de Mercedes, reconoció el derecho de la actora a ser reincorporada en el cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación y condenó a la demandada a abonarle una indemnización equivalente al 65% (sesenta y cinco por cierto) de los salarios dejados de percibir en concepto de daño material y la suma de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos) en concepto de daño moral (v. sentencia de fecha 17-XII-2020).
Para así decidir, luego de describir el marco legal aplicable y de valorar los elementos obrantes en la causa, calificó de ilegítimo el obrar administrativo y juzgó no acreditada la causal de abandono del cargo que fundó la sanción de cesantía.
Ello así, por considerar que la intimación cursada a la actora por la Municipalidad demandada el día 30 de julio de 2018 resultó prematura por no estar cumplidos los presupuestos de hecho previstos en la norma, por un lado cinco inasistencias consecutivas sin justificar (art. 108 de la ley 14.656) -ya que sólo habían transcurrido dos días hábiles- y por el otro, por no haberse acreditado el propósito de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicio sin justificación alguna, en tanto entendió que la intimación fue efectivamente contestada por la agente.
Además, resaltó que no medió dictamen jurídico previo a la emisión del decreto 1197/18 (ahora cuestionado) que dispuso la cesantía de la señora Gabela, el que además, a su entender, fue dictado omitiendo toda posibilidad de defensa y justificación por parte de la agente.
II. Contra tal pronunciamiento, la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 01/02/2021 11:17:35 am), el que fue concedido (v. resol. de fecha 23-II-2021).
En su presentación, la impugnante esgrime que el fallo atacado resulta arbitrario y contrario a los artículos 18 de la Constitución nacional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuestionando básicamente la valoración de la prueba y demás constancias del expediente efectuada por la Cámara.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente respecto a la exclusiva función de contralor que poseen las cámaras de apelación y las limitaciones que -entiende- se imponen para construir su propia convicción sobre los elementos de prueba no pasan de expresar un mero criterio divergente sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación a este supuesto la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a meramente expresar su disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, esa insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011, A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017, A. 75.948, "Urrutia", resol. de 23-X-2019, entre otros).
El desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el decisorio que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016, A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras), diligencia no verificada en la especie.
IV.2. Por otra parte, tampoco es de recibo el absurdo invocado por la recurrente, pues pese a haber sido alegado, no logra ser acreditado desde que solo se ha limitado a oponerse a la apreciación de los elementos efectuada por la Cámara, consideraciones que se sustentan sólo en su propio criterio y que no traducen más que discrepancias subjetivas, las cuales no permiten conmover el fundamento central en el que se apoya la decisión atacada.
Discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni constituye absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia. Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causas A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014; A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018).
Esta carga -como se adelantó- viene incumplida en la especie por la recurrente, desde que agraviarse del análisis efectuado de los distintos elementos probatorios en sustento a una interpretación de la sentencia de base con un criterio diferente al del juzgador, importa la pretensión de imponer su propio punto de vista por sobre el de los jueces, cuestión que como se sabe resulta insuficiente a los fines del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El vicio del absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, como fuera expresado (doctr. causas A. 71518, "Boada", sent. de 19-X-2016; A. 73.283, "Troncoso Vivas", sent. de 13-XII-2017, A. 75.092, "Martínez", resol. de 17-X-2018), circunstancias no verificadas en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia.
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 inc. 3 ap. “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2021 12:23:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2021 19:03:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2021 08:59:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2021 15:55:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2021 17:07:55 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia