Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 77816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 168 y 171, Const. prov.; 292 y 296, CPCC; 31 bis, ley 5827 y Acordada 4068).
Q.77.816 “NAPOLI, MARIA SUSANA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PÚBLIC -QUEJA POR DENEGACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD-“
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial La Plata, en el marco del proceso promovido por la señora María Susana Nápoli contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener el reconocimiento del derecho a la inmediata restitución de los haberes correspondientes a las funciones que desarrolla en la Escuela Secundaria Básica N° 54 y el resarcimiento por el daño moral que esa situación le habría irrogado, resolvió declarar abstracta la cuestión litigiosa respecto al reclamo de salarios adeudados y rechazar las parcelas de demanda por daño moral e intereses.
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y confirmó el pronunciamiento de grado en todo cuanto fue materia de agravios (v. sent. de fecha 10-VI-2021)
Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. adj. de fecha 29-VI-2021).
La denegatoria del último de los nombrados -con sustento en la inexistencia de los presupuestos y las formalidades establecidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial- (v. resol. de 3-II-2022), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 15-II-2022).
II. Al respecto, corresponde señalar que las consideraciones vertidas por la Cámara para denegar el recurso extraordinario interpuesto exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (doctr. causas A. 73.752, “Pardo S.A.”, resol. de 12-VIII-2015; Q. 73.907, “Banco de Servicios Financieros”, resol. de 11-V-2016; Q. 75.149, “Gerez”, resol. de 9-V-2018; A. 75.822, "Silvente", resol. de 11-III-2020; Q. 76.405, "Ventresca" y Q. 76.406, "Abad", ambas resol. de 17-VI-2020; Q. 76.404, "Ayala", resol. de 1-VII-2020; Q. 76.434, "Barrios", resol. de 6-VII-2020; Q. 76.521, "Sosa", resol. de 22-XII-2020).
III. No obstante ello, la queja traída a su respecto carece igualmente de viabilidad, pues ha manifestado esta Suprema Corte que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. “b” de la Constitución de la provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. doctr. causas A. 71.821, “Luna”, sent. de 6-XII-2017; A. 75.279, “Odisa”, resol. de 27-VI-2018; A. 75.390, “Cornejo”, resol. de 10-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020).
En el medio revisor en estudio, si bien se denuncia violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia, de su simple lectura se advierte que -bajo el aparente reproche de ausencia de fundamentación legal y de haberse omitido la consideración de cuestiones esenciales- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo en que el órgano de grado abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas A. 75.149, “Gerez”, resol. de 9-V-2018; Q. 75.764, “Cooperativa”, resol. de 6-XI-2019; Q. 76.405, "Ventresca"; Q. 76.406, "Abad"; Q. 76.404, "Ayala"; Q. 76.434, "Barrios" y Q. 76.521, "Sosa", cits.).
Asimismo, cabe agregar que el quebrantamiento de las garantías consagradas en el art. 171 de la Carta local sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de preceptos legales, pero cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones legales, siendo -como ya se dijera- ajenos al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada (doctr. causas A. 75.413, “Maldonado”, resol. de 5-XII-2018; A. 75.642, “Bellino”, resol. de 24-IV-2019; Q. 76.511, "Fernández", resol. de 30-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 168 y 171, Const. prov.; 292 y 296, CPCC; 31 bis, ley 5827 y Acordada 4068).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 13:54:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:55:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:58:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 10:57:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 14:20:18 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/08/2022 14:35:33 hs. bajo el número RR-857-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia