Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77491 P
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con la extensión señalada (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.77.491-P “TARAVILSE, DANIEL OSCAR Y OTROS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS – EMPLEO PÚBLICO - QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I.1. En las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 4 del Departamento Judicial La Plata -en el marco de una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos por la que se pretende se les reconozca a los actores una equiparación salarial entre el cargo que ocupan, Secretarias/os Técnicas/os de Consejo Escolar, con el de Director de la Administración Central desde el mes de noviembre de 2012, fecha en que se dictó el decreto 2.154/10 cuya inconstitucionalidad plantearon- hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por Fiscalía de Estado, rechazó las de inadmisibilidad de la pretensión y prescripción total y ordenó continuar las actuaciones en relación con las señoras Caviglia y Zini y los señores Pérez y Santerano (v. resol. de 9-XII-2019).
I.2. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en esta ciudad -por mayoría- hizo lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora y rechazó el de la demandada, revocando el pronunciamiento de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de cosa juzgada, confirmándolo en todo lo demás (v. resol. de fecha 29-XII-2020).
Para así decidir, comenzó por estimar que el fallo atacado padecía error de juzgamiento en cuanto hizo lugar a la excepción de cosa juzgada, pues entendió que si bien en las dos actuaciones aparentemente ligadas se persigue el reconocimiento del derecho a la equiparación salarial con el cargo de Director de la Administración Central, lo cierto es que en la primera causa ("Taravilse, Daniel Oscar y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos - empleo público", con sentencia por ella confirmada en fecha 21-VI-2016) la pretensión fue acogida con una limitación temporal, acotando su alcance hasta el dictado del decreto 2154/10 de fecha 11-XI-2010, en el entendimiento de que dicha normativa no integraba el tema de debate, al no haber sido controvertida por los allí demandantes.
Con ese lineamiento puntualizó que no advertía la identidad requerida para que prospere la excepción de cosa juzgada opuesta, toda vez que el decreto 2154/10 que se cuestiona en estas actuaciones y el consecuente pedido de reconocimiento de equiparación salarial de los actores a partir de su dictado, no integró el thema decidendum en el proceso anterior.
Por otra parte, en cuanto al planteo de inadmisibilidad de la pretensión con fundamento en que se encontraba vencido el plazo de caducidad para la impugnación del decreto 2154/10, consideró que tratándose de un acto de alcance general -cuya impugnación puede ser articulada tanto en forma directa como indirecta- no se advertían vulnerados los recaudos previstos en el Código de la materia. Ello, teniendo en cuenta -además- que se presentaron distintos reclamos administrativos que no han sido evacuados y originaron la configuración del silencio administrativo.
Por último, desestimó el cuestionamiento de la Fiscalía agraviándose del rechazo de la excepción de prescripción, pues entendió que -más allá de cuanto se decida en una eventual sentencia de fondo respecto de los haberes retroactivos que, en su caso, se pudieran reconocer-, la equiparación salarial que se pretendía en autos se renovaba periódicamente con cada devengamiento, circunstancia que impedía considerar que la acción se hallara prescripta por haber transcurrido más de ocho años desde la publicación del decreto más arriba mencionado.
II. Frente a lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 18-II-2021), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado (v. resol. de fecha 19-X-2021).
Ello motivó la presente queja, en la que el Fisco provincial se agravia del rechazo de las excepciones de cosa juzgada, prescripción total de la acción e inadmisibilidad de la pretensión (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de fecha 1-XI-2021).
III. Al respecto, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.945, "Balcedo", resol. de 11-IV-2018; A. 75.823, "Otto Garde Cía. S.A.", resol. de 23-X-2019; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 78.170, "Centurylink Argentina SA", resol. de 14-III-2023, e.o.).
III.1. En este supuesto, lo resuelto -por mayoría- por el Tribunal de Alzada, en cuanto confirmó la decisión del magistrado de grado que rechazó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión, declarando admisible la pretensión articulada, no produce el aludido efecto (doctr. causas Q. 74.776, "Covac SRL", resol. de 6-IX-2017; Q. 77.399, "Bacchiddu", resol. de 9-II-2023; A. 78.539, "Martínez", resol. de 28-III-2023). Tampoco se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario (conf. causas Q. 77.039, "Peralta", resol. de 9-VI-2021; Q. 77.420, "Cavalieri", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.404, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 31-VII-2023).
Por su parte, es útil señalar que no resulta aplicable la doctrina emergente del precedente de esta Corte sentado en la causa Q. 70.902, “Quinteros” -resolución de 17-VII-2014- invocado por la impugnante, toda vez que alude a presupuestos fácticos distintos a los de autos (conf. causa A. 74.038, “José J. Chediack SA”, sent. de 9-V-2018).
Tampoco -en el caso- reviste tal carácter el rechazo de la excepción de prescripción en virtud de los términos en que fue planteada y abordada por la Cámara (arg. doct. causas A. 99.351, "Gallo", resol. de 6-XII-2006; Ac. 98.318, "Lavadera Lubrano", resol. de 27-III-2008; Q. 77.941, "Aguirre", resol. de 30-VI-2022; C. 126.289, "Malaisi", resol. de 9-VI-2023).
III.2. En cambio, distinta suerte han de correr los agravios destinados a cuestionar el rechazo de la restante excepción.
En efecto, es doctrina de este Tribunal que el pronunciamiento de grado que desestima la excepción de cosa juzgada reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 121.303, "Mansilla", resol. de 29-III-2017; L. 124.237, "Cejas", resol. de 13-X-2020; Q. 77.467, "Vecchiarelli", resol. de 4-XI-2022; e.o.).
En consecuencia, hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo atinente a la excepción previa de cosa juzgada incoada por el representante de la Fiscalía de Estado (arts. 278, 292, CPCC y Acordada 4068).
IV. Pasando a examinar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dentro de los límites establecidos en la concesión parcial de la queja, se advierte que no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
V.1. En ese marco, corresponde resaltar que la Fiscalía de Estado opone la excepción de cosa juzgada con fundamento esencial en que la solución contenida en la sentencia recurrida se exhibe absurda, pues habilita a renovar el debate de cuestiones ya decididas en un proceso anterior; esto es, la vigencia, efectos y aplicación del decreto 2154/10 y su incidencia sobre las diferencias salariales que los actores reclamaran, e intentan volver a reclamar.
V.2. Es clara la doctrina del Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.380, "Socin", resol. de 11-VIII-2023).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto de que, según su entender, la decisión atacada modifica cuestiones que gozan del valor de la cosa juzgada, no pasan de expresar un mero criterio divergente, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causa A. 70.261, "L.,D.F.", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 75.948, "Urrutia", resol. de 23-X-2019, entre otros).
Es que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el decisorio que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019; A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020, e.o.), diligencia no verificada en la especie.
Para más, la mera referencia a la situación de dislate jurídico que endilga a la sentencia de la a quo no alcanza para rebatir sus extremos, pues tiene dicho este Tribunal que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (conf. causas A. 70.416, "E.D.E.A. S.A.", sent. de 9-X-2013; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 75.726, "Magliocco", resol. de 11-IX-2019, e.o.), situación que no se verifica en la presente, donde se evidencia que los argumentos esbozados por la Fiscalía no pasan de expresar un mero criterio divergente con la solución brindada al caso por la Cámara, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el órgano juzgador para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
VI. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con la extensión señalada (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 13:27:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:28:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:20:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:50:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 15:16:07 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 15:29:04 hs. bajo el número RR-843-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia