Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78691
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.78.691 "CAMPOS GUSTAVO GABRIEL Y OTROS C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la resolución de la jueza de grado que, con fecha 12-V-2021, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa que dedujera la parte demandada, derivando en la inadmisibilidad de la acción colectiva intentada.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que, conforme surgía del caso en análisis, la pretensión anulatoria había sido promovida con carácter colectivo por el apoderado de un conjunto de beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) -pasivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)-, en favor de todos y cada uno de los afiliados de dicho organismo previsional que no hubieran promovido acciones individuales con idéntica finalidad que la que tramitaba, cual era la de obtener el reconocimiento del derecho a la percepción de la bonificación que establecía el decreto 54/11 -luego modificado por los decretos 943/13 y 1315/15-, así como el pago de los períodos no prescriptos e intereses.
Precisó que, más tarde, procedió con la ampliación de la demanda a la Provincia de Buenos Aires, con alcance a todo el personal en actividad perteneciente al SPB, reclamando a su favor el restablecimiento del pago de la bonificación creada por la norma más arriba mencionada, con el pertinente retroactivo e intereses.
Reflexionó que disentir con lo resuelto por la jueza de grado no era base idónea de agravios pues, más allá de la inexistencia de regulación en el sistema procesal de la acción que se invocaba, lo cierto era que la sola singularidad de la extensión de los efectos producidos por el reglamento que había sido fuente del adicional y las múltiples situaciones de cada uno de los afectados, impedían toda otra configuración que escapara a su excluyente legitimación activa.
Sostuvo que, en relación a los agentes en actividad del SPB, no se verificaba la existencia de un hecho único que pudiera lesionar a una pluralidad de derechos individuales -causa fáctica homogénea-, toda vez que para determinar el reconocimiento del derecho a la percepción del suplemento que se pretendía debía efectuarse un análisis diferenciado, para el caso de los activos y de los pasivos, tanto en aspectos de hecho como de derecho.
Señaló -con fundamento en precedentes de este Tribunal y de la Corte federal-, en cuanto a los beneficiarios del IPS -pasivos del SPB-, que no surgía acreditada la imposibilidad y/o inconveniencia de recurrir a la promoción de acciones individuales, ni que la cuantía fuera tan escasa que no justificara su promoción.
Sintetizó que no se había comprobado la delimitación de la clase, tal como lo había resuelto la jueza de grado al desestimar la habilitación del trámite en clave colectiva, decisión que correspondía confirmar para los dos supuestos invocados -tanto para los agentes en actividad del SPB, como para los pasivos de la fuerza, beneficiarios del IPS-, que no hubieran promovido acciones individuales tendientes al cobro de la bonificación prevista por la norma cuestionada.
Afirmó que todo ello impedía acceder al pedido de los actores para que la acción instaurada adquiriera un carácter colectivo, debiendo confirmarse la resolución de grado que había hecho lugar a la defensa de falta de legitimación activa manifiesta planteada por la demandada (conf. arts. 12, 35, 36, 51, 55, 56, 58 y ccs., CCA, ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437; v. sent. de 27-IX-2022).
II. Frente a ello, la parte actora (mediante presentación electrónica de fecha 18-X-2022), interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal por el que, reeditando argumentos vertidos desde el inicio del juicio, intenta demostrar que la sentencia cuestionada vulnera la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa C. 91.576, “López”, sent. de 26-III-2014, que habilita el enjuiciamiento colectivo de determinadas controversias, sobre la base de la verificación de distintos requisitos de procedencia, como la existencia de una causa común de afectación, homogénea para los integrantes del grupo representado o la necesidad de que el ejercicio individual no aparezca totalmente justificado.
En prieta síntesis, sostiene que el Tribunal de Alzada no se ha hecho cargo de los agravios vinculados con la violación de la doctrina legal, que viene dada por la imposición de un requisito de admisibilidad del proceso colectivo que no fue contemplado en la causa “López” y por no considerar la situación de vulnerabilidad de los miembros de las subclases representadas.
También, por entender la a quo que el ejercicio individual está justificado, cuando la cuantía económica de los reclamos -considerados particularmente-, es virtualmente insignificante.
El recurso fue concedido por la Cámara actuante con fecha 30-III-2023.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV. La parte actora sostiene que, tanto la jueza de grado como los integrantes del Tribunal de Alzada, al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Fiscalía de Estado, violaron la doctrina legal de esta Corte en materia de requisitos establecidos para residenciar casos colectivos.
La Cámara, más allá de reconocer la inexistencia de regulación en el sistema procesal de la acción que se invoca, consideró que no surge aquí acreditada la imposibilidad y/o inconveniencia de recurrir a la promoción de acciones individuales, ni que la cuantía sea tan escasa como para no justificar la promoción de pretensiones con ese alcance, destacando el error en que incurre la demandante al pretender englobar supuestos fácticos de afectación marcadamente distintos.
Como único agravio, la actora denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Tribunal, específicamente en cuanto al fallo "López" -reseñado más arriba-, mientras que, en su desarrollo, transcribe parte de ese precedente.
Ahora bien, este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 77.768, "Hayes", resol. de 13-IV-2023, entre muchas otras).
Por otra parte, lo que atañe a la supuesta discordancia entre lo aseverado y lo que en realidad surgiría de la doctrina invocada en respaldo de las afirmaciones y el contexto que la envolvió, trata generalmente de una típica cuestión de hecho que debe canalizarse por la vía del absurdo (conf. causa A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022).
En línea con lo indicado, este Tribunal ha señalado, en lo que se refiere específicamente a la verificación del origen común que en determinados supuestos habilita la promoción de un proceso colectivo, que es misión del recurrente demostrar que las conclusiones del a quo resultan absurdas, tal como en general se ha exigido para anular aquellos aspectos de las sentencias que se apoyan en cuestiones de hecho y prueba (conf. causa A. 75.712, "Marazzato", sent. de 26-V-2021, voto del doctor Pettigiani, punto V.2.b).
Pues bien, el vicio referido no ha sido acreditado en autos con el alcance reconocido por esta Suprema Corte.
Al respecto, ha sostenido este Tribunal que el vicio de absurdo es de tal magnitud que solo puede constituirse por el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de normas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 77.561, "Ferreyra", resol. de 1-V-2022; A. 77.281, "Bellusci" y A. 77.279, "Duhalde", ambas resols. de 3-V-2022, e.o.).
De allí que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. causa A. 78.442, "Transporte Automotor Plaza", resol. de 4-X-2023 y sus citas).
Bajo este prisma de análisis, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/11/2023 12:23:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/11/2023 20:13:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2023 10:31:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2023 12:22:31 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2023 15:12:56 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 15:13:18 hs. bajo el número RR-1012-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia