Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78748
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia de Cámara en cuanto aplicó erróneamente la ley respecto a los efectos que cabe asignarle a la declaración de rebeldía y la posterior comparecencia de la demandada (arts. 60, 64, 66 y concs. CPCC; 77 inc. 1, CCA). Asimismo, mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
A.78.748 "BARRO ANTONIO LUIS C/ PODER EJECUTIVO DE LA PCIA DE BS AS Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de Mar del Plata, hizo lugar a la pretensión interpuesta por el señor Luis Antonio Barro.
En consecuencia, en lo que aquí interesa, condenó a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires a incorporar en su haber la bonificación dispuesta por los decretos 54/11 y 934/13 en forma retroactiva, con los alcances allí señalados. Asimismo, mandó adicionar los intereses a las sumas reconocidas y condenó en costas a la demandada vencida (confr. art. 51, inc. 1, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia e impuso las costas de Alzada a la recurrente vencida (conf. art. 51 inc. 1°, CCA -texto según ley 14.437-).
Para así decidir, el voto que conformó la mayoría, señaló que el cuestionamiento blandido en apelación en torno a la improcedencia sustancial de la pretensión instada en autos, como así también respecto de su eventual alcance, a contrario del criterio adoptado por el juez de grado en la sentencia definitiva, se asentaba sobre una serie de argumentaciones de derecho constitutivas de una tesitura defensiva de la actora que, por su rebeldía en contestar la demanda, se transformaba en fruto de una reflexión tardía en alzada (v. voto del doctor Riccitelli al cual se adhirió el doctor Mora).
Ponderó que la falta de contestación de la demanda en tiempo oportuno, hecho que no fue controvertido en autos, daba cuenta de una actitud pasiva e indiferente de su parte en la defensa técnica de sus derechos, que mal podía ser suplida en una etapa posterior del curso procesal, pues la oposición y los fundamentos con que la demandada habrá de resistir la pretensión de su oponente, tienen que ser introducidos en el momento procesal pertinente -por imperio de la preclusión-, y éste no es otro que el de la contestación de la demanda (confr. argto. arts. 353, 354 y ctes., CPCC; 35, incs 1, apart. "h" y 2, 37, 38, CPCC y 77 inc, 1, CCA).
Entendió que no habiendo satisfecho tales recaudos, cualquier extemporánea reflexión defensiva de la accionada no podía ser atendida por el órgano de alzada, excepto cuando su crítica apunte a demostrar un yerro en la estructura lógica del pronunciamiento de grado apelado respecto de los extremos del caso, carácter que no reunían los agravios volcados en relación a la cuestión sustancial ventilada en la instancia de grado.
Destacó que, por el contrario, la formulación de la apelante, cimentada en su interpretación del alcance de los decretos 54/11, 934/13, 1315/15 y 956/15, de la ley 13.236 y de la doctrina judicial atinente al tópico en debate, se enderezaba a rebatir aquellas razones fácticas y normativas que, esgrimidas por el actor en su escrito de demanda, fueron ponderadas por el sentenciante para acoger favorablemente la acción intentada en las presentes actuaciones (conf. presentación electrónica del 6-VI-2022, apdo. IV, puntos 1 a 5).
I.3. Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -que fue concedido por la Cámara- por el que denunció grave afectación al derecho de defensa en juicio (por los indebidos alcances de la declaración de rebeldía), colisionando con los lineamientos brindados por el Código Procesal Civil y Comercial, en particular en su art. 66.
Se agravia porque la postura del voto mayoritario de la Cámara prácticamente impide el ejercicio de las facultades de recurrir la sentencia de su parte, máxime cuando los fundamentos de su apelación radican en un error de juzgamiento a partir de una equivocada interpretación del derecho aplicable y no en la introducción de hechos o circunstancias fácticas contrarias a las planteadas por la actora.
Agrega que la señalada manera de decidir choca con los lineamientos brindados por el propio Código Procesal Civil y Comercial, en tanto es el ordenamiento ritual el encargado de prever los efectos de la declaración de rebeldía, disponiendo expresamente en el art. 66 no sólo la posibilidad para el declarado rebelde de recurrir la sentencia, sino que además le concede la potestad de ofrecer prueba en segunda instancia.
Por último, al considerar claros los fundamentos expuestos en torno al error en el que incurrió la Cámara y que motivó el rechazo del recurso interpuesto, expuso los agravios relativos al fondo de la cuestión (errónea interpretación del decreto 1315/15, violación de los arts. 26 y 28, ley 13.286, 17, Const. nac. y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita), a fin de que esta Corte ingrese a su tratamiento.
II.1. Preliminarmente se advierte que el voto mayoritario de la Cámara interviniente desestimó la expresión de agravios de la Fiscalía de Estado con un excesivo rigor formal, violando el derecho de defensa en juicio estatuido en los arts. 15 y 18 de las Constituciones provincial y nacional, respectivamente.
En efecto, el Tribunal de Alzada consideró una tardía reflexión la formulación del Fisco apelante, cimentada en la interpretación del alcance de los decretos 54/11, 934/13, 1315/15 y 956/15, de la ley 13.236 y de la doctrina judicial atinente al tópico en debate, considerando que intentaba rebatir las razones fácticas y normativas sostenidas por el actor en su escrito de demanda y que fueron ponderadas por el juez de primera instancia al acoger la acción.
Con respecto a los efectos de la declaración de rebeldía, el Código Procesal Civil y Comercial es claro al disponer que ésta no alterará la secuela regular del proceso. Si el declarado rebelde comparece en cualquier estado del juicio, será admitido como parte y, al cesar el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la sustanciación del proceso, sin que éste pueda en ningún caso retrogradarse (arts. 60 y 64, CPCC).
De allí que si bien el declarado rebelde tiene permitido apelar, no puede en el recurso interponer defensas que importen retrotraer el proceso. Lo contrario importaría desvirtuar los efectos de la rebeldía al pretenderse la apertura de etapas superadas con violación del principio preclusivo.
Ello no ocurrió en la especie. Conforme las constancias obrantes en autos la demandada renuente, quien contó con el derecho de apelar (arts. 64 y 66 CPCC), en su recurso de apelación limitó su cuestionamiento a la interpretación que de los hechos y la prueba producida había formulado el juez de primera instancia y la elección del derecho aplicable al caso, sin que ello signifique la introducción de planteos novedosos en la alzada.
Por tanto, es evidente que la Cámara ha interpretado erróneamente las disposiciones procesales que atañen a los efectos que cabe atribuirle a la declaración de rebeldía y la posterior comparecencia del rebelde a juicio, afectando el derecho de defensa de la demandada (arts. 15, Cons. prov.; 18, Const. nac.; 60, 64, 66 y concs., CPCC; 77 inc. 1, CCA).
II.2. Por otra parte, cabe ponderar que la recurrente también peticionó que se revoque la sentencia impugnada por convalidar el pronunciamiento de primera instancia, el que -según denunció- incurrió en errónea interpretación del decreto 1315/15; violación de los arts. 26 y 28 de la ley 13.236; vulneración del art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
II.3. Si bien esa supuesta errónea interpretación y aplicación de la ley que portaría la sentencia de Cámara y su consecuente revocación, llevarían a que los autos volvieran al tribunal de origen a sus efectos (art. 289, CPCC), la recurrente también se agravió en cierta medida del fondo del asunto, al cuestionar la sentencia de primera instancia que la Cámara convalidó con su decisión.
Por razones de celeridad y economía procesal, corresponde su tratamiento.
II.4. Al respecto, cabe señalar que el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Sentado lo que antecede, se advierte que la cuestión sometida a decisión a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en esta parcela, ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos, fijando doctrina legal en la materia (doctr. causas A. 74.496, "Malacalza", sent. de 16-XII-2020 y A. 75.067, "Alvarez", sent. de 30-VIII-2021), circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para proceder a su rechazo (art. 31 bis, cit.).
III. Por los fundamentos expuestos, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto interpretó erróneamente la ley respecto a los efectos que cabe asignarle a la declaración de rebeldía y la posterior comparecencia de la demandada; y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Independientemente del criterio con el que en circunstancias diferentes habría de ponderar el caso sometido a juzgamiento (conf. mis votos en causas B. 60.279, "Terzaghi", sent. de 18-III-2009; B. 61.217, "Insinger" y B. 60.715, "Nocetti", sents. de 11-VIII-2010), lo cierto es que en autos se encuentra justificada la aplicación del art. 31 bis de la ley 5827 (texto según ley 13.812), por tratarse de un asunto sobre el cual se ha consolidado una doctrina legal en los precedentes citados supra (pto. II.4).
Siendo así, razones de economía y celeridad procesal, me llevan a adherir al voto que antecede.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia de Cámara en cuanto aplicó erróneamente la ley respecto a los efectos que cabe asignarle a la declaración de rebeldía y la posterior comparecencia de la demandada (arts. 60, 64, 66 y concs. CPCC; 77 inc. 1, CCA). Asimismo, mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2023 16:45:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 12:44:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:03:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 11:42:31 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 14:40:06 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 14:50:55 hs. bajo el número RR-1114-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia