Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78934
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, 289 in fine , CPCC).
II. Asimismo, desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
A.78.934 "LLULL MARCOS RAUL C/ CAJA DE JUB. SUBSIDIOS Y PENS DEL PERS. DEL BCO PROV BS AS Y OTRO/A S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY E INCONSTITUCIONALIDAD-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la pretensión declarativa de certeza e indemnizatoria promovida por el señor Marcos Raúl Llul contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 20-XII-2019).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, desestimó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. sent. de 21-IV-2022).
Para así decidir, consideró inconciliable la acumulación de las pretensiones que procuraba el demandante en atención a que ellas se caracterizan por tener un desenlace dispar e incompatible.
En ese orden, precisó que la pretensión declarativa de certeza acotada a una finalidad preventiva no era compatible con otra de condena por la que se persigue el dictado de una sentencia constitutiva de derechos, como es la pretensión de resarcimiento por daños y perjuicios (cfr. art. 12 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
También sostuvo que no era posible la reconducción de la pretensión declarativa, con motivo de que era regla para los órganos judiciales respetar los términos de proposición que formulen las partes y la forma en que ha quedado trabada la litis (cfr. art. 34 y concs. del CPCC).
Con esa base, entendió que no se hallaban configurados los recaudos necesarios para declarar la admisibilidad de la acción declarativa de certeza, por cuanto en esta causa se cuestionaba el mecanismo de actualización y movilidad del haber previsional que realiza la Caja demandada (leyes 11.761 y 13.364), situación de la que no se desprendía incertidumbre ni vaguedad sino una discrepancia de criterio sobre esa materia.
Al respecto, puntualizó que de los términos de la acción entablada y del recurso de apelación surgía que se impugnaban comportamientos administrativos referidos a aquel procedimiento de cálculo y se peticionaba su sustitución conforme al punto de vista expuesto, por lo que ese tipo de planteo debía tramitar por la vía impugnatoria prevista en el art. 12 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
Conforme a ello, sostuvo que la pretensión deducida era inadecuada para controvertir la conducta de la demandada referida a la extensión y alcance que se le otorga a los marcos legales citados sobre el tema cuestionado.
También dijo que no se encontraba habilitado el planteo de resarcimiento de los daños y perjuicios, pues la suerte de lo resuelto acerca de la impugnación formulada conllevaría también la solicitud indemnizatoria promovida en autos.
III. Frente a lo así decidido el demandante, mediante apoderado, interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 11-V-2022, 10:28:57 a.m.), siendo concedidos por la Cámara mediante resolución de fecha 8 de agosto de 2023.
III.1. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16 y 28 de la Constitución nacional; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil y la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente principalmente de las causas B. 57.842, "Antonetti" (pto. V del voto del doctor Pettigiani, párrs. 4 y 5) y B. 63.442, "Larroque" (pto. VIII). Asimismo, aduce la transgresión de los principios de progresividad y razonabilidad.
Indica que el a quo , al resolver la cuestión, declaró vigente la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron (conf. ley 13.364 y su modif. 13.873), aplicando erróneamente el art. 3 del Código Civil, entonces vigente (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Aduce que la Cámara desconoció el principio de razonabilidad en materia previsional reconocido por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque". Cita también la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dice que el fallo impugnado, al considerar aplicable a su situación la ley 11.761 y no otras posteriores, más beneficiosas, le produjo un menoscabo patrimonial violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello sería así, en tanto los jubilados bajo dicha norma habrían sufrido una merma sustancial en comparación con otros afiliados pasivos que se retiraron en una fecha distinta y con otro régimen.
Afirma que en materia previsional la ley vigente al cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico. Por eso insiste con que las nuevas leyes deben aplicarse inclusive a las situaciones jurídicas existentes de conformidad con el anterior art. 3 del Código Civil (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Puntualiza que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el fallo atacado se desentendió de derechos de carácter alimentario y realizó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma de las mismas, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
III.2. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Sobre el particular vale recordar que es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018; entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por el recurrente en torno al cuestionamiento de la aplicación de la ley 11.761 a su situación previsional debiéndose en cambio someter tal régimen a lo dispuesto por la ley 13.364 y su modificatoria 13.873, no pasan de expresar un lineamiento alejado del criterio adoptado en la sentencia sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente quien, para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, centró su decisión en el rechazo de las vías procesales deducidas en tanto no se hallaba configurada la situación de incertidumbre alegada y ante la improcedencia del planteo de resarcimiento peticionado.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 75.469, "Olano", resol. de 21-XI-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018; A. 75.562, "Díaz", resol. de 10-VII-2019), extremo que, como se señaló, no ha sido acreditado en autos.
Por tal razón y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
IV. Por otra parte, mediante el recurso extraordinario de inconstitucionalidad el recurrente se agravia sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación del caso "Badaro" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes jubilatorios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondo, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
IV.1. El recurso no prospera.
Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo se puede cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 299, CPCC; doctr. causas Q. 71.994, "Zara Argentina S.A.", resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Ello no acontece en autos.
Ni el juez de primera instancia ni la Cámara interviniente abordaron la validez constitucional de la ley 11.761. Esto mismo, con motivo de que el Tribunal de Alzada se expidió sobre la improcedencia de las pretensiones declarativa de certeza e indemnizatoria promovidas, tal como se indicara en el punto anterior.
En tales condiciones, falta un requisito indispensable para la admisibilidad del remedio, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución local (doctr. causas Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011, cit.; A. 76.003, “Buceta Diaz”, sent de 14-II-2022, e.o.).
IV.2. Por otra parte, no resultan audibles por este conducto los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia en sí misma en cuanto, a criterio del recurrente, la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a los códigos de fondo, la Constitución nacional y el ordenamiento local.
Sobre tal aspecto, esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y son propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; A. 74.245, "Alba", sent. de 17-X-2018; A. 75.697, "Bidone", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
IV.3. Por lo expuesto, ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigibles, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, 289 in fine , CPCC).
II. Asimismo, desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2024 12:23:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:09:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 12:54:13 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2024 14:11:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2024 15:05:15 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/03/2024 15:06:45 hs. bajo el número RR-149-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia