Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79203
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.79.203 "CARNERO JOSE ALBERTO Y OTROS C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA S/ PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. EMPL. PÚBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Mancini dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la resolución de la jueza de grado que, con fecha 26-III-2021, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa que dedujera la parte demandada, derivando en la inadmisibilidad de la acción colectiva intentada.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que la pretensión había sido promovida con carácter colectivo por el apoderado de los agentes de la Policía Bonaerense que se encontraran en servicio activo o en situación de pasividad (esto ante la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires), siempre que no hubieran promovido acciones individuales con idéntica finalidad que la que tramitaba, cual era la de obtener el reconocimiento del derecho a la percepción de la bonificación que establecía el decreto 54/11 -luego modificado por los decretos 943/13 y 1315/15-, así como el pago de los períodos no prescriptos e intereses.
Consideró que no se había comprobado la delimitación de la clase -tal como lo había resuelto la jueza de grado al desestimar la habilitación del trámite en clave colectiva-, por lo que en honor a la brevedad hizo propios los argumentos expuestos en la instancia inferior, que justificaban impedir acceder al pedido de la actora para que la acción instaurada sea calificada de colectiva, ello en tanto no se verificaba la existencia de un hecho único que pudiera lesionar a una pluralidad de derechos individuales –causa fáctica homogénea- ante la procedencia de un análisis diferenciado que permitiera corroborar aspectos tanto de hecho como de derecho.
Sostuvo que determinar el eventual reconocimiento del derecho de los integrantes del colectivo propuesto por la recurrente, requería de un análisis diferenciado entre los sujetos activos y pasivos que se pretendía representar, sin que estuviera acreditada la imposibilidad y/o inconveniencia de recurrir a la promoción de acciones individuales, ni que la cuantía fuera tan escasa como para que no se justifique su deducción (conf. CSJN “Halabi”, Fallos: 332:111 y doctr. causa C. 91.576, “López”, sent. de 26-III-2014).
Por tales consideraciones, señaló que los agravios desplegados en el caso no lograban demostrar error de juzgamiento, debiendo confirmarse la resolución de grado que hizo lugar a la defensa de falta de legitimación activa planteada por la parte demandada (en análogo sentido a lo resuelto en la causa CCALP n° 28.748, “Campos”, resol. de 27-IX-2022), más allá de continuar el trámite del proceso con respecto a los diecisiete coactores en el marco del proceso litisconsorcial común (v. sent. de 2-III-2023).
II. Frente a ello, la parte actora (mediante presentación electrónica de fecha 17-III-2023), interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que, reeditando argumentos vertidos desde el inicio del juicio, intenta demostrar que la sentencia cuestionada vulnera la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa C. 91.576, “López”, sent. de 26-III-2014, que habilita el enjuiciamiento colectivo de determinadas controversias sobre la base de la verificación de distintos requisitos de procedencia, como la existencia de una causa común de afectación, homogénea para los integrantes del grupo representado y que el ejercicio separado de las acciones no aparezca totalmente justificado.
En prieta síntesis, sostiene que el Tribunal de Alzada no se ha hecho cargo de los agravios vinculados con la violación de la doctrina legal, que viene dada por la imposición de un requisito de admisibilidad del proceso colectivo que no fue contemplado en la causa “López” y por no considerar la situación de vulnerabilidad de los miembros de las subclases representadas.
También, por entender la a quo que el ejercicio individual está justificado, cuando la cuantía económica de los reclamos -considerados particularmente-, es virtualmente insignificante.
El recurso fue concedido por la Cámara actuante con fecha 15-II-2024.
III. El remedio no puede prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV. La parte actora sostiene que, tanto la jueza de grado como los integrantes del Tribunal de Alzada, al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Fiscalía de Estado, violaron la doctrina legal de esta Corte en materia de requisitos establecidos para residenciar casos colectivos.
La Cámara, más allá de reconocer la inexistencia de regulación en el sistema procesal de la acción que se invoca, consideró que no surge aquí acreditada la imposibilidad y/o inconveniencia de recurrir a la promoción de acciones individuales, ni que la cuantía sea tan escasa como para no justificar la promoción de pretensiones con ese alcance, destacando el error en que incurre la demandante al pretender englobar supuestos fácticos de afectación marcadamente distintos.
Como único agravio, la actora denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Tribunal, específicamente en cuanto al fallo "López" -reseñado más arriba-, mientras que, en su desarrollo, transcribe parte de ese precedente.
Ahora bien, este Tribunal ha expresado, por una parte, que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 77.768, "Hayes", resol. de 13-IV-2023, entre muchas otras), como ocurre en este caso, cuya plataforma fáctica difiere claramente de la que dio origen al precedente invocado. Se advierte, además, que la cuestión sometida a decisión a través del recurso deducido en autos ha sido resuelta en análogo sentido por este Tribunal, respecto a agentes del Servicio Penitenciario, en la causa A. 78.691, "Campos", resol. de 15-XI-2023.
Por otra parte, cuanto atañe a la supuesta discordancia entre lo aseverado y lo que en realidad surgiría de la doctrina cuya violación se denuncia, constituye una típica cuestión de hecho que debe canalizarse por la vía del absurdo (conf. causa A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022), vicio que en el escrito bajo análisis no ha sido siquiera denunciado.
En línea con lo indicado, esta Corte ha señalado que la verificación del origen común de la lesión jurídica que en determinados supuestos habilita la promoción de un proceso colectivo, constituye una cuestión de hecho, por lo que es misión del recurrente demostrar que las conclusiones a las que sobre el punto arribara el a quo resultan absurdas, tal como en general se ha exigido para anular aquellos aspectos de las sentencias que se apoyan en cuestiones de hecho y prueba (conf. causa A. 75.712, "Marazzato", sent. de 26-V-2021, voto del doctor Pettigiani, punto V.2.b).
Pues bien, el vicio referido no ha sido acreditado en autos con el alcance reconocido por esta Suprema Corte.
Al respecto, ha sostenido este Tribunal que el vicio de absurdo es de tal magnitud que solo puede constituirse por el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de normas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 77.561, "Ferreyra", resol. de 1-V-2022; A. 77.281, "Bellusci" y A. 77.279, "Duhalde", ambas resols. de 3-V-2022; A. 78.691, cit.).
De allí que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. causa A. 78.442, "Transporte Automotor Plaza", resol. de 4-X-2023 y sus citas).
Bajo este prisma de análisis, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/08/2024 23:18:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:36:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:47:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2024 13:53:25 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2024 07:30:42 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/08/2024 07:35:43 hs. bajo el número RR-583-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia