Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 79692 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
79.692-P "RECALDE JOSE OMAR C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO"
I.1. El señor José Omar Recalde promovió acción contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, procurando el cobro del subsidio previsto en la ley 13.985, durante el período comprendido entre la interrupción dispuesta por la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP y el retiro por incapacidad acordado por la resolución 2022-2902. Asimismo solicitó, previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2, 3 y 4 del decreto reglamentario 149/10, que dicho beneficio sea liquidado con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos aires, computando a tal efecto el suplemento por antigüedad y por riesgo profesional y todos aquellos que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad (v. presents. electr. de 23-II-2023, 28-VI-2023 y 10-VII-2023).
I.2. En lo que aquí interesa, corrido el traslado de ley, se presentó Fiscalía de Estado y opuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, por promoverse la demanda una vez vencido -con holgura- el plazo de noventa (90) días para demandar (conf. art. 18, CCA, v. present. electr. de 25-III-2024).
Expuso que el subsidio cuyo reconocimiento solicitó el actor fue rechazado e interrumpido por la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP, de fecha 3-XII-2019, que le fuera oportunamente notificada el dia 30-XII-2019, es decir, cuatro años antes de la promoción del proceso judicial de autos.
Destacó que el intento del actor al promover una pretensión de reconocimiento de derechos y señalar que el recorrido por la instancia administrativa previa en este caso sería innecesario porque la Administración no puede expedirse sobre la constitucionalidad de las normas, es falaz. Ello, porque el demandante ya obtuvo una resolución denegatoria a su reclamo, esa instancia ya se agotó y el acto se encuentra firme y consentido por el transcurso del plazo previsto para cuestionarlo (art. 18, CCA).
Sostuvo que el actor debió haber impugnado el acto de denegación e interrupción del beneficio, en el plazo procesal de noventa días desde su notificación y en dicha oportunidad expresar su supuesto agravio constitucional.
Adujo que el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 18 del Código Contencioso Administrativo resultan plenamente exigibles cuando el pedido de reconocimiento del derecho se vincula -como aquí acontece- con la validez del acto administrativo.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Zárate-Campana desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (confr. art. 36 inc. 1, CCA; v. resol. de 9-V-2024).
Para así decidir, en primer lugar, ponderó que la Cámara de Apelación con asiento en San Nicolás había revocado la declaración de inadmisibilidad de la pretensión (por vencimiento del plazo para demandar), al realizar el examen previo de admisibilidad formal de la demanda (conf. art. 31, CCA; v. resol. de primer instancia de fecha 13-VII-2023 y de Cámara de 7-XII-2023).
Recordó el criterio sostenido por el Tribunal de Alzada, con cita en sus propios precedentes, que consideró que el acogimiento de la excepción de caducidad es "un excesivo rigor formal incompatible con las pautas establecidas en los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial".
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas de la instancia a la demandada vencida (v. resol. de 27-VIII-2024).
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de 16-IX-2024), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 1-X-2024), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 14-X-2024).
III. Requerida la radicación electrónica de la causa "Recalde, José Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos-Empleo Público", N° 4251-2023, mediante notificación directa dirigida a la Cámara de fecha 2-XII-2024, ésta se hizo efectiva el 11-XII-2024. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en los considerandos anteriores.
IV. La queja prospera.
IV.1. Ello así, pues, si bien esta Corte tiene dicho que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (doctr. causas Q. 77.167, "Martínez", resol. de 15-VII-2021; Q. 77.313, "Ionni", resol. de 3-XI-2021; Q. 77.349, "Higueras", resol. de 27-XII-2022; Q. 77.828, "Asoc. para la Protección Medioambiental", resol. de 8-XI-2023), tal principio, por las razones que se desarrollan a continuación, en este supuesto debe ceder.
IV.2. En el caso se aprecia configurado tal recaudo, en tanto el fallo atacado confirmó el auto de primera instancia que se pronunció en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior y que son susceptibles de causar un perjuicio a la recurrente, por lo que la resolución impugnada resulta equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por lo demás, la quejosa ha argumentado extensamente en torno a una posible cuestión federal con pie en el precedente de Fallos: 316:2454 -en el cual un pronunciamiento semejante fue equiparado a sentencia definitiva-, alegando la inobservancia del principio de separación de poderes y la estabilidad de los actos administrativos, denunciando asimismo gravedad institucional.
V. Entonces, hallándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del remedio incoado, corresponde admitir la queja traída y conceder el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 292, cit.; 60 CCA y Acordada 4068).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 13:01:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:51:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 11:10:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:26:56 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 13:08:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/02/2025 13:12:38 hs. bajo el número RR-1-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia