Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.089 "LUCERO, ERICA GISELA Y OTRO C/ FICALIA DE ESTADO S/ PRETENSIÓN DE RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. EMPLEO PÚBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Junín hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado y declaró la inadmisibilidad parcial de la demanda deducida por Erica Gisela Lucero y Sofía Moreyra contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), en lo que respecta a la pretensión de restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelado (cobro y reajuste de subsidios, beneficios y retroactivos), como asimismo respecto de los planteos de inconstitucionalidad esgrimidos por la parte actora. En consecuencia, ordenó reanudar el cómputo del plazo para contestar la demanda sólo en cuanto a la pretensión anulatoria concerniente a la resolución 2022-2200-GDEBA-MSGP, de fecha 14-X-2022, mediante la cual el Ministro de Seguridad declaró el fallecimiento de Guillermo Moreyra con "motivo o en ocasión del servicio", conforme arts. 51 de la ley 13.982 y 338 del Anexo del decreto 1050/09 (v. resol. de 7-VI-2023).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, revocó el decisorio de grado y, en consecuencia, rechazó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión deducida por la Fiscalía de Estado (v. sent. interlocutoria de 3-X-2023).
Para así decidir, entendió que la demanda incoada tiene como objeto dos pretensiones, la segunda, condicionada al éxito de la primera, consistentes –en primer lugar- en la pretensión anulatoria (art. 12 inc. 1, CCA) de la resolución arriba mencionada y la restante, inherente a la pretensión de reconocimiento de derechos (art. 12 inc. 2, CCA), respecto a que el aludido fallecimiento del agente se declare como producido "en acto de servicio"; se reconozca el derecho de las actoras al cobro del subsidio previsto en el art. 47 de la ley 13.982; así como el derecho al cobro de los subsidios mensuales establecidos en el art. 2 de la ley 13.985; se reconozca el derecho de la coactora, Sofía Moreyra, a percibir la beca reglada en el art. 3 de la ley 13.985 y el derecho al ascenso "post mortem" del mencionado Moreyra, de dos grados de jerarquía (arts. 30 y 51, ley 13.982 y 123 y 338 del anexo del decreto 1050/09).
Consideró que, en el caso, la voluntad denegatoria del organismo demandado en punto a los referidos reclamos que integran la pretensión de reconocimiento de derechos incoada por la parte actora, ha quedado plasmada en la referida resolución dictada por el Ministro de Seguridad (acto administrativo definitivo, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final, en los términos del art. 14 inc. 1, ap. "a", CCA), cuya nulidad se persigue en autos, por medio de la cual se le otorgó la señalada calificación de "con motivo o en ocasión del servicio" al deceso del agente Moreyra, desplazando implicítamente la pretendida por la parte actora de "en acto de servicio".
Agregó, en lo que atañe al agotamiento de la vía administrativa como recaudo de admisibilidad de la pretensión de reconocimiento de derechos deducida, que su exigencia importaría un excesivo rigor formal, incompatible con las pautas constitucionales establecidas en los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial. Ello, dada la existencia de una posición clara del Ministerio demandado que hace presumir, con cierto grado de certeza, el resultado denegatorio a un futuro planteo administrativo con relación a los requerimientos respectivos (art. 14 inc. 1 ap. "b", CCA).
Por último, ponderó que, al haberse controvertido la constitucionalidad de determinadas normas (arts. 47, ley 13.982 y 3, decreto 149/10), frente a la consabida imposibilidad de la Administración pública de pronunciarse en torno a planteos de tal magnitud, el posterior tránsito del reclamo contenido en la pretensión en entredicho por ante la instancia judicial, se apreciaba -a la postre- ineludible.
III. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 24-X-2023), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 7-XI-2023), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 21-XI-2023).
IV.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur S.A.", resol. de 8-XI-2023).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada revocó la resolución de primera instancia y desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión intentada por la demandada. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas A. 74.776, "Covac SRL", resol. de 6-IX-2017; Q. 75.645, "Rojas", resol. de 24-IV-2019; Q. 77.039, "Peralta", resol. de 9-VI-2021; Q. 77.420, "Cavalieri", resol. de 7-XII-2022; Q. 77.339, "Cisneros", resol. de 27-XII-2022).
IV.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
IV. 3. Por último, con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su existencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2024 13:36:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 10:56:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:22:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 12:20:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2024 14:03:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/05/2024 14:09:30 hs. bajo el número RR-355-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia