Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77305
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.305, "Bologniani, Saúl Francisco c/ Municipalidad de Olavarría s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos - Empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmó el fallo de primera instancia, en lo que fue motivo de agravios.
Disconforme con ese pronunciamiento, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 16-VI-2021), el que fue concedido por la Cámara mediante el decisorio de fecha 3 de agosto de 2021.
Dictada la providencia de autos el día 8 de abril de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El actor en su presentación inicial solicitó el cese de la vía de hecho que, a su entender, se configuró con el accionar de la Municipalidad de Olavarría que —según alegó— con arbitrariedad e ilegalidad y sin esperar la culminación de un sumario administrativo, decidió no renovarle su contrato luego de que este finalizara.
Requirió que se restablecieran sus derechos y se lo reincorporara a su lugar de revista, tras considerar que le correspondía integrar la planta permanente por infracción de lo reglado por el art. 70, inc. 2, cuarto párrafo de la ley 14.656, y también reconocerle una reparación integral.
I.2. El señor juez de primera instancia a fs. 112 dispuso que el demandante aclarara el proceso y la pretensión articulada y es así que, a fs. 113/115, este se presentó y expuso que su pretensión principal era el reconocimiento del derecho a integrar la planta permanente por aplicación del quinto párrafo del mencionado art. 70; dado que la ley 14.656 entró en vigencia el día 1 de julio de 2016 y, por lo tanto era la norma que regía tanto al momento de la renovación contractual como al de su cese, a la vez que dijo que su reclamo comprendía también los reclamos indemnizatorios derivados de la actuación ilegítima del municipio.
I.3. El mismo magistrado de origen rechazó la demanda de reconocimiento de derechos y resarcitoria formulada.
Para así resolver, en primer lugar, consideró que correspondía determinar si el art. 70 de la ley 14.656 resulta aplicable al caso y, de ser así, las consecuencias y alcances de dicha norma en la relación que el señor Bologniani mantuvo con la comuna demandada.
Indicó que por decreto 548 de fecha 29 de febrero de 2016 se designó al señor Saúl Francisco Bologniani como personal temporario para cumplir funciones equivalentes a Servicio, Categoría 1, de treinta horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo local, a partir del día 1 de febrero de 2016 y hasta el día 30 de abril de 2016 y que, mediante decreto 2.870 de fecha 28 de septiembre de 2016 el Intendente municipal de Olavarría lo designó también como personal temporario, para cumplir las mismas funciones y en el mismo organismo desde el día 1 de mayo de 2016 y hasta el día 31 de diciembre de 2016.
Señaló que por decreto 3.008 de fecha 11 de octubre de 2016 se inició sumario administrativo al señor Bologniani junto con otros agentes, disponiéndose oportunamente su suspensión preventiva, acto que no fue cuestionado por el actor.
Expresó que la vigencia de la ley 14.656 fue analizada por esta Corte en autos I. 74.048, "Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.)", en los que se refirió que dicha norma se ha estructurado en tres partes; a saber: la Sección I, denominada "Régimen Marco de Empleo Municipal", en la que se desarrollan unas prescripciones destinadas a asegurar los contenidos mínimos o básicos que enmarcan la relación de empleo municipal; la Sección II, que incorpora las reglas de la "Negociación Colectiva" entre los municipios y las organizaciones sindicales representativas de los agentes públicos y, finalmente, la Sección III, destinada a instituir el "Régimen Supletorio de Empleo Municipal".
Puntualizó que en el art. 64, primer párrafo de la mencionada ley 14.656 se prescribe la derogación de la ley 11.757 y sus modificatorias y que, en el segundo párrafo se establece que: "Vencido el término de vigencia de la Ley Nº 11.757, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma hasta tanto se dicte la ordenanza municipal reglamentaria del régimen de empleo municipal, se suscriba Convenio Colectivo de Trabajo o resulte aplicable el régimen supletorio de empleo municipal previsto en la presente ley". Y que el Poder Ejecutivo, dictó el decreto 26B/15 (de fecha 15-XII-2015; publicado en el B.O. de 5-I-2016), que entre otras prescripciones atinentes a la implementación de la ley dispuso la suspensión de la norma hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación, destacando que las relaciones de empleo municipal habrían de regirse "...por la Ley N° 11.757 y modificatorias".
Agregó que, posteriormente, la ley 14.807 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial (sancionada el 14-I-2016, promulgada por decreto 21 de 15-I-2016 y publicada en el B.O. de 25-I-2016), convalidó los términos del decreto 26B/15. En suma, expresó que el art. 69, segundo párrafo de la ley 14.807 tornó inviable por el lapso de ciento ochenta días, contados desde la sanción de dicha norma, acudir al cuadro supletorio de la ley 14.656 y que, en tal sentido, en el caso de autos dicha norma resultaba inaplicable al no encontrarse vigente al momento de la designación del actor.
Sin perjuicio de ello, aclaró que el art. 70 de la ley 14.656 tampoco habilitó —en contra de lo sostenido por el actor— a considerar que su eventual ingreso en la planta permanente, pudiera gozar de la estabilidad que ampara al personal que la integra. Remarcó que esa disposición legal debe ser sopesada de manera armónica con el texto normativo en que se inserta y del alcance de los derechos que allí se consagran, teniendo en cuenta que la nueva ley no modifica las condiciones de ingreso ni el hecho de que el agente deba cumplir con un plazo de prueba a los fines de adquirir estabilidad (conf. arts. 7, ley 11.757 y 4, ley 14.656).
Agregó que la jurisprudencia es conteste al afirmar que las características del trabajo para el cual fue nombrado el agente y las circunstancias de su desempeño resultan irrelevantes para dar sustento a la pretensión, toda vez que es el acto de designación el que imprime el régimen jurídico aplicable a la relación. Y que los empleados de planta temporaria participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, de modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.
Por todo ello, concluyó que al no existir un acto administrativo que hubiera nombrado al actor como personal de planta permanente y siendo que su contrato como personal temporario finalizó con fecha 31 de diciembre de 2016, sin que existiera una posterior renovación, la demanda instaurada no podía prosperar.
Sin perjuicio de ello, por otra parte, mencionó que el exiguo plazo durante el cual se prolongó la relación —menos de un año— no lucía inadecuado en cuanto al carácter temporario de la designación.
II. A su turno, la Cámara de Apelación confirmó el fallo de la instancia previa en lo que fuera motivo de agravios relevantes.
En su pronunciamiento señaló que, frente a los extremos fácticos expuestos en la causa y teniendo en consideración que la ley 11.757 fue sustituida por su similar 14.656, resultaba oportuno determinar, inicialmente, la normativa aplicable al caso.
Recordó que el art. 7 del Código Civil y Comercial establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir, que consagra la aplicación inmediata de la novel legislación, que rige para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción.
Indicó que la aplicación inmediata de la ley no importaba su empleo de modo retroactivo, pues sólo alcanzaba los efectos que, por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto, no se encontraban al amparo de la garantía de la propiedad, ni de un cambio de legislación. Agregó que las leyes son retroactivas cuando vuelven sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, sea para modificar o suprimir los efectos ya realizados de un derecho; y que fuera de esos casos no había retroactividad y la ley puede modificar los efectos futuros de hechos o actos incluso anteriores sin ser retroactiva.
Y refirió que, bajo tales parámetros, debía desentrañarse si correspondía tomar en cuenta el anterior régimen de empleo público para los trabajadores municipales (ley 11.757) o el nuevo ordenamiento en la materia (ley 14.656), vigente a partir del día 12 de julio de 2016.
En ese orden, reseñó que de las constancias de la causa se desprendía que el actor fue designado por el decreto 548 del día 29 de febrero de 2016, "...como personal temporario en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo local a partir del 1° de febrero de 2016 y hasta el 30 de abril de 2016..." y que, al haber fenecido dicho lapso, este —aún sin acto expreso de la autoridad competente que renovara su designación— continuó con la prestación ininterrumpida del mismo servicio para el que había sido contratado, percibiendo los salarios correspondientes por tal labor.
Agregó que en el art. 13 del decreto 2.870 del día 28 de septiembre de 2016 se designó al actor como personal temporario en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo local "...a partir de mayo de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016..." y concluyó que este último acto brindó un marco jurídico a la situación de hecho suscitada luego de consumado el término por el que el demandante fue designado primigeniamente.
Entendió que, aunque pudiera cuestionarse el proceder de la comuna al no dictar en forma inmediata el segundo acto de nombramiento, la Municipalidad de Olavarría no había contravenido las prescripciones del art. 111 de la ordenanza general 267, dado que en el caso el actor continuó prestando servicios luego del día 30 de abril de 2016 y, como contrapartida, el municipio mantuvo el pago de los salarios correspondientes. Asimismo, aclaró -con cita de doctrina legal- que el nombramiento del empleado realizado con efecto retroactivo resultaba válido si los supuestos de hecho necesarios existieron ya en la fecha a que se retrotrajo la eficacia del acto.
Destacó que el decreto 2.870/16 —consentido por el actor— produjo, en los términos del art. 111 de la ordenanza general 267, efectos favorables para el exagente Bologniani, al dotar de un marco de juridicidad a aquella situación fáctica acontecida tras el vencimiento del plazo de vigencia del primer contrato instrumentado por el decreto 548/16.
Siendo ello así, el Tribunal de Alzada sostuvo que, en las particulares circunstancias de autos, la ley 11.757 resultaba el régimen de derecho público que enmarcó la relación de empleo que mantuvo el actor con la comuna, en tanto aquel fue designado como agente de la planta transitoria del municipio bajo el amparo de dicha norma y no fue transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración.
Estimó por lo tanto que mal podría prosperar la pretensión del actor de trastocar la situación de revista con la que ingresara a prestar servicios para la Administración municipal, y como corolario de ello, la de consolidar una relación de empleo estable.
Sumó a ello que el quejoso ni siquiera llegó a cumplir el período que la norma aplicable (ley 11.757) exige para adquirir el derecho a la estabilidad (art. 7), pues su vinculación con la comuna perduró por un período de once meses (del día 1 de febrero de 2016 al día 31 de diciembre de 2016).
Refirió, por último, que los elementos de juicio demostraban que en fecha 11 de octubre de 2016 se dispuso la iniciación de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades disciplinarias y/o administrativas de varios agentes, entre los que se encontraba el actor, con relación a supuestas irregularidades acaecidas en el ámbito del Cementerio municipal (v. decreto 3.008/16) y agregó que tal decisión de la Administración lucía apuntalada por acto fundado que había arribado firme a la instancia judicial, por no haber sido debidamente impugnado en el marco de la causa, tal como lo resaltara el magistrado de la instancia previa.
III. Contra el fallo de la Cámara, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1. Denuncia violación de la ley y doctrina legal aplicable, en particular, el art. 70 de la ley 14.656, y la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada por la cual consideró que el citado artículo no regía el caso. Además, alega errónea aplicación del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y su doctrina; arts. 64, 65 y concordantes de la ley 14.656 —al considerar que al momento del cese, no ya de la designación, seguía rigiendo el caso la ley derogada— y 103, 108, 110 y 111 de la ordenanza general 267/80. Alega también absurdo formal.
III.2. Esgrime, a su vez, violación de la doctrina legal de los precedentes de la Suprema Corte, causas B. 49.407, "Rodríguez", sentencia de 2-VI-1992; B. 51.842, "Sookoian", sentencia de 30-III-1993; B. 57.734, "Di Pietro", sentencia de 5-XII-2001 y B. 62.764, "Fontana", sentencia de 21-IV-2010, que determina que la normativa que rige los actos administrativos es la que está vigente a la fecha de su dictado.
III.3. Argumenta que la Cámara efectuó una incorrecta aplicación e incurrió en absurdo valorativo del art. 111 de la ordenanza general 267/80, por haber considerado en forma arbitraria que la designación retroactiva fue favorable al actor.
III.4. Afirma, por otra parte, que se incurrió en violación del principio de congruencia (arts. 15, Const. prov. y 163 inc. 6 y 34 inc. 4, CPCC), al entender que el Tribunal de Alzada consideró que el actor consintió la designación, y fallar fuera de los límites de la motivación del acto y de la defensa de la demandada, que nunca esgrimió la ultraactividad de la ley 11.757.
Finalmente indica que la Cámara de Apelación incurrió en violación de los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia y 1 de la ley 14.656, y del principio de progresividad, y que en caso de duda debió fallar en favor del agente (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac. y pactos aplicables), como así también que se conculcó la doctrina legal de las causas de esta Corte A. 71.314, "Teplizky Jutoran", sentencia de 11-II-2016; A. 72.102, "Borio", sentencia de 19-X-2016; A. 74.155, "Saragusti", sentencia de 17-V-2017 y A. 74.458, "Scaglia", sentencia de 19-XII-2018, por cuanto habiendo diversas interpretaciones posibles, el Tribunal de Alzada seleccionó la más perjudicial para el trabajador, sin tener en cuenta que el intérprete debe escoger, dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana.
III.5. Concluye en que el Tribunal de Alzada incurrió en un error en la dilucidación del caso, al realizar una incorrecta interpretación de las normas en juego, que lo llevó a cometer un error en el razonamiento seguido.
Agrega que se confundieron los efectos retroactivos del acto con la ultraactividad de la ley derogada, con la existencia del acto y con el principio de legalidad. Por lo tanto, sostiene que la situación irregular no era un hecho en curso por la ausencia de todos los recaudos regulados por los arts. 6, 97 y concordantes de la ley 11.757 y 10, 34, 48, 103, 104, 108, 110 y concordantes de la ordenanza general 267/80.
Invoca también otro error en el razonamiento del fallo recurrido, en tanto consagró la ultraactividad de la ley 11.757 para todas las relaciones contractuales nacidas durante su vigencia.
Realiza, por último, una crítica concreta del apartado II.4. del voto del doctor Ucín, no obstante que a esta parcela de la sentencia no adhirieran los doctores Riccitelli y Mora.
III.6. Efectúa reserva del caso federal.
IV. Adelanto que el recurso extraordinario interpuesto no prospera.
IV.1. De las constancias acompañadas a fs. 7/10 resulta que el señor Saúl Francisco Bologniani fue designado como personal temporario para cumplir funciones equivalentes a Servicio en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo local, a partir del día 1 de febrero de 2016 y hasta el día 30 de abril de 2016 (art. 1, decreto 548 de la Municipalidad de Olavarría, del día 29 de febrero de 2016) y que, con posterioridad, mediante el decreto 2.870 del día 28 de septiembre de 2016 la comuna lo designó bajo la misma modalidad, y para cumplir las mismas funciones desde el día 1 de mayo de 2016 y hasta el día 31 de diciembre de 2016.
Ha quedado acreditado en autos que el actor fue designado desde su ingreso como personal temporario y que en el segundo contrato se mantuvo el mismo carácter, hasta su finalización por vencimiento de su plazo.
En tal sentido, cabe recordar que este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha resuelto —por mayoría— que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista. En suma, el mero transcurso del tiempo, no es idóneo para trastocar por sí la situación de revista del agente (conf. doctr. causas B. 57.107, "Taglia", sent. de 2-V-2007; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 66.727, "D'Anunzio", sent. de 16-IX-2009; B. 58.153, "Nuñez", sent. de 30-V-2012; B. 65.203; A. 76.097, "Pérez Pengue", sent. de 21-VIII-2021; e.o.).
Asimismo, tiene dicho esta Corte que los agentes de planta temporaria —mensualizados o jornalizados— participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; e.o.); en esas condiciones, en modo alguno se advierte que los argumentos formulados por el recurrente resulten idóneos para controvertir lo decidido (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.2. Por otro lado observo que, si bien al momento en que esta causa se decidió ya había entrado en vigencia la ley 14.656, la Cámara consideró que dicha norma no resultaba de aplicación en la especie con expresos fundamentos que no han sido debidamente cuestionados en el recurso extraordinario planteado.
Corresponde señalar que esta Corte en la causa A. 74.089, "Sert", sentencia de 12-II-2021, dejó sentado que la ley 14.656 estableció en el art. 120 su vigencia a partir del día 6 de julio de 2015. Pero luego por ley 14.807 ello prorrogó por ciento ochenta días, por lo que comenzó a regir el día 12 de julio de 2016 (voto de mi distinguido colega doctor Soria —punto V.1.—, al cual adherí).
En consecuencia, y así como fuera indicado en las instancias previas, el art. 7 del Código Civil y Comercial establece que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes consagran
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.