Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.905 "GUERRERO, CLAUDIO DAMIÁN C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. EMPLEO PÚBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas -MEV- de esta Suprema Corte, el señor Claudio Damián Guerrero promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la resolución 2022-2018-GDEBA-MSGP, por la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires encuadró dentro de las previsiones del art. 339 del Anexo del decreto 1050, reglamentario de la ley 13.982, las lesiones que sufrió. A partir de dicha anulación solicitó la modificación de dicha calificación por "en acto de servicio", de conformidad con el art. 51 de la ley mencionada y, en consecuencia, el reconocimiento y condena a la demandada al pago retroactivo de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, devengadas desde el momento de las heridas padecidas en acto de servicio y mientras dure su incapacidad, o eventualmente hasta su retiro o de manera vitalicia. Planteó que, para ello, deberá declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, en tanto condiciona el subsidio a la suma equivalente al sueldo básico con más la bonificación remunerativa y no bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General. Asimismo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 inc. "b" del aludido reglamento, en cuanto disponen que aquellos efectivos que hayan perdido de manera definitiva la capacidad para realizar tareas operativas deberán contar con una incapacidad igual o superior al 50 % para recibir ese beneficio (v. present. electr. de 8-II-2023).
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial (v. present. electr. de 2-V-2023).
Adujo que el actor intenta judicializar en forma simultánea planteos que deben tratarse en forma sucesiva, por depender de trámites propios, como son: 1) la recalificación de lesiones; ii) el otorgamiento del subsidio de la ley 13.985, con tacha del umbral del 50% de incapacidad para su otorgamiento (arts. 2 y 4, dec. regl. 149/10; iii) el reajuste del monto de ese subsidio con tacha del art. 3 del decreto 149; y iv) que se le reconozca el derecho al pago retroactivo de las sumas reclamadas.
Entendió que a lo único que debe ceñirse la demanda en traslado es a la cuestión vinculada a la anulación de la resolución que califica las lesiones (para saber si ocurrieron por motivo o en ocasión del servicio, o por acto de servicio), deviniendo a su vez una cuestión prejudicial de la que depende todo análisis ulterior (autónomo) sobre temas sucesivos (subsidio, reajuste, retroactivos, etc.), en relación a los cuales todavía no existe caso o controversia (ni puede suponerse que exista uno implícito por el debate suscitado), porque en relación a ellos no se generó ningún planteo en sede administrativa que haya sido rechazado.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata desestimó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (v. resol. de 7-XI-2023).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó, por sus fundamentos, el pronunciamiento impugnado, en cuanto fue materia de agravio (v. resol. interl. de 31-X-2024).
Para así decidir, consideró que el reclamo jurisdiccional del actor se compone de diversos pedimentos que, aunque susceptibles de invididualización, se vinculan, en última instancia, con una cuestión central: el reconocimiento del derecho que entiende le asiste a percibir -con el alcance pretendido- el subsidio previsto en el art. 1° de la ley 13.985.
Puntualizó que el actor, para alcanzar tal cometido, planteó -en primer orden- una pretensión de naturaleza anulatoria (art. 12. inc. 1, CCA), con el fin de invalidar la decisión de la autoridad demandada que habría calificado las lesiones sufridas por el agente de un modo diverso al que se exige para acceder al mentado subsidio. Seguidamente, peticionó que se reconozca su derecho a percibirlo y que, como derivación de ello, se disponga el pago de las sumas adeudadas por tal concepto (art. 12 inc. 2, CCA). Y, en lo que concierne a la liquidación de dichos importes debidos, cuestionó la constitucionalidad de las pautas para el cálculo del subsidio previsto en el decreto reglamentario, por cuanto -a juicio del actor- el alcance allí estipulado cercenaría cuantitativamente el derecho consagrado en la norma legal, de rango superior.
Destacó que las pretensiones articuladas en el presente caso se encuentran consecuencialmente conectadas. Explicó que, por un lado, la pretensión de anulación del acto ministerial que calificó las lesiones constituye el primer escollo que el actor debería sortear, ineludiblemente, para obtener el reconocimiento del subsidio contemplado en la ley 13.985. En ese contexto, los restantes planteos introducidos en la demanda resultan complementarios de aquélla y se encuentran subordinados a su suerte.
II. Frente a lo así decidido, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 15-XI-2024), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 11-III-2025), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. electr. de 21-III-2025).
III.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.945, "Balcedo", resol. de 11-IV-2018; A. 75.823, "Otto Garde Cía. S.A.", resol. de 23-X-2019; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 78.170, "Centurylink Argentina SA", resol. de 14-III-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de grado que rechazó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado, ordenando la reanudación del proceso. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 77.039, "Peralta", resol. de 9-VI-2021; Q. 77.420, "Cavalieri", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.404, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 31-VII-2023; Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.148, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178,"Nieva"; Q. 79.186, "Bordon", ambas. resols. de 11-VII-2024; Q. 79.186, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.620, "Felipe", resol. de 30-XII-2024; Q. 79.744, "Dominguez", resol. de 27-II-2025 y Q. 79.792, "Choque", resol. de 11-IV-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su presencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.581, "Rios", resol. de 18-IX-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2025 12:41:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:46:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 15:05:35 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 09:32:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 12:24:10 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/06/2025 12:27:09 hs. bajo el número RR-353-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia