Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.906 "CHAMORRO ROLANDO RAUL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme se desprende de las constancias acompañadas y de las que se encuentran disponibles para su consulta en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de esta Suprema Corte, el señor Rolando Raul Chamorro promovió demanda contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, se ordene reajustar el subsidio previsto en la ley 13.985 que regularmente percibe, con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que cobra un Capitán (E.G.) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, solicitó se condene a la demandada al pago retroactivo de las sumas resultantes del reajuste por todos los períodos no prescriptos más sus intereses (v. present. electr. de 3-VII-2023).
I.2. Corrido el traslado de ley, se presentó Fiscalía de Estado y opuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, por haberse deducido una vez vencido el plazo de caducidad previsto al efecto por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Expuso que el subsidio con la respectiva liquidación de retroactivos cuya redeterminación reclama, fue otorgado al actor a través de la resolución 2022-2587-GDEBA-MSGP, la cual le fue notificada al interesado el día 24-XI-2022, mientras que la demanda de autos fue iniciada el 5-VII-2023. Agregó que el hecho de plantearse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, no exceptúa la aplicación del plazo de caducidad si se están cuestionando los rubros que componen el concepto que traduce el acto de concesión. Concluyó que, con la resolución favorable a su reclamo, debió interponer en plazo una pretensión a través de la cual explicara el agravio constitucional que tardíamente alegó (v. present. electr. de 9-II-2024).
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36, inc. 1, CCA; v. resol. de 19-III-2024).
Para así decidir, destacó que no se cuestiona la resolución mediante la cual se otorgó originariamente el beneficio, sino que se solicitó el reajuste del subsidio ya concedido, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10.
Entendió que una solución diversa a la propiciada se encontraría en pugna con la claúsula constitucional que garantiza el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.) y con el principio consagrado en el art. 39 inc. 3, según el cual en caso de duda, debe estarse en la interpretación de las normas a aquélla que favorezca al trabajador.
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, con costas a la apelante vencida (arg. arts. 51 inc. 1, 77 y ccdes, CCA; v. resol. de 24-X-2024).
Entendió que si bien las pautas para la determinación y cálculo del haber se encontraban vigentes al momento en que la Autoridad provincial concedió el beneficio, la falta de cuestionamiento de aquel primitivo acto no cercena -como se apuntó- el derecho del actor a solicitar su reajuste, si advierte -a posteriori- que las disposiciones reglamentarias que rigen su determinación son lesivas de sus derechos constitucionales. En todo caso, el eventual reconocimiento judicial de estos derechos podría sufrir algún tipo de limitación en lo que refiere a su alcance temporal, mas en modo alguno la firmeza del acto de concesión del beneficio podría invocarse para coartar al actor, de plano, la posibilidad de solicitar un reajuste como el peticionado.
Concluyó que la fecha de notificación del acto administrativo en el que se le reconoció al actor el beneficio no posee, en el sub lite, incidencia para marcar el inicio del cómputo de un supuesto plazo de caducidad, ni su inicial consentimiento puede enervar el derecho del interesado a reclamar, ulteriormente, una mejora del beneficio ab initio acordado.
Por último, sostuvo que al tratarse de una pretensión que ha sido postulada en términos autónomos, el régimen procesal aplicable al caso no requiere que su interposición se realice dentro del plazo de caducidad, pues el cumplimiento de tal requisito de admisibilidad solo resulta exigible cuando la pretensión de reconocimiento de derechos persigue, de manera accesoria o complementaria, la nulidad de un acto administrativo (conf. art. art. 18 inc. "d" y ccs., CCA).
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de 8-XI-2024), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 11-III-2025), motivó la presente queja (v. present. electr. de 25-III-2025).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión intentada por la demandada, basada en la caducidad de la acción. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q 78.871, "Ortiz", resol. de 24-IX-2024; Q. 79.558, "Perez", resol. de 8-X-2024; Q. 78.701, "Sotillo", Q. 79.072, "Alaniz" y Q. 79.107, "Pagliano", resols. de 12-XII-2024 y Q. 79.722, "Arrua", resol. de 30-XII-2024; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su presencia en este caso-, cabe señalar que no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
III.4. Por último, es útil señalar que no resulta aplicable la doctrina emergente del precedente sentado en la causa Q. 70.902, "Quinteros", resolución de 17-VII-2014 -invocado por la recurrente- toda vez que alude a presupuestos fácticos distintos a los de autos (conf. causas A. 74.038, "José J. Chediack SA", sent. de 9-V-2018; Q. 77.941, "Aguirre", resol. de 30-VI-2022; Q. 77.491, "Taravilse", resol. de 18-IX-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2025 12:41:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:46:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 15:05:37 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 09:32:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 12:24:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/06/2025 12:27:11 hs. bajo el número RR-354-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia