Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78892
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se declara prescripta la acción (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen por su orden, en función del cambio normativo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.892, "Mendivil, Silvia Patricia y otros c/ ARBA s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda y reconoció diferencias salariales en favor de los actores (v. sent. de fecha 15-XII-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2023, 11:16:39 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 29 de junio de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Tribunal de Alzada, al confirmar la sentencia de primera instancia, reconoció el derecho pretendido por los actores.
Ratificó la condena contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para que liquide y abone las diferencias salariales devengadas desde el día 2 de julio de 2009 al día 1 de mayo de 2014, por aplicación del bonus del decreto 2.599/05, tomando como base de cálculo el haber actual correspondiente a la categoría respectiva al momento de dictarse la sentencia, con un interés del 6% anual desde que cada concepto debió abonarse hasta la fecha del fallo; y de allí en más la tasa pasiva más alta. Ratificó que el único período prescripto era el comprendido entre los días 1 de noviembre de 2005 y 1 de julio de 2009 (v. sent. de fecha 15-XII-2022), no así los demás.
En lo que acá interesa, el a quo efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, desestimó la defensa de prescripción en los términos sugeridos por el Fisco. Esto por considerar que los agravios vertidos, limitados a controvertir el plazo de prescripción aplicado por el señor juez de grado -el decenal en lugar del quinquenal-, resultaban insuficientes para conmover los fundamentos brindados.
I.2. Luego, se adentró al tratamiento de la cuestión de fondo, dirigida a determinar si los actores tenían derecho a que se les liquiden y paguen las diferencias salariales reclamadas por aplicación del decreto 2.599/05, respecto del período comprendido entre los días 2 de julio de 2009 y 1 de mayo de 2014.
I.2.a. En esa labor, comenzó por señalar que no era algo controvertido el desempeño de los demandantes en la Dirección de Sistemas Informáticos del Ministerio de Economía (actualmente ARBA), con un régimen de cuarenta horas semanales.
I.2.b. Seguidamente, efectuó una reseña de la normativa legal involucrada en el caso y de sus razones. En ese sentido, recordó:
I.2.b.i. Que el decreto 2.599/05 -según sus considerandos- tuvo por objetivo homogeneizar el régimen horario en el ámbito de la ex Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, fijando un régimen de cuarenta horas semanales, con una bonificación equivalente al 125% del sueldo básico que perciban los empleados de la citada repartición (art. 1).
I.2.b.ii. Que, sin embargo, para los agentes dependientes de la Dirección de Sistemas Informáticos que optasen por igual régimen horario, estableció que la bonificación solo sería equivalente al 60% del sueldo básico (art. 6).
I.2.b.iii. Que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.316/15 por el cual equiparó dicho suplemento para todo el personal, determinando que a partir del día 1 de mayo de 2014, la bonificación prevista en el art. 6 del decreto 2.599/05 sería equivalente al 125% del sueldo básico.
I.2.b.iv. Que la bonificación especial que había establecido el decreto 8.373/87 -de hasta un máximo del 65%-, instituida a favor de los agentes afectados a los Centros de Cómputos, se basó en las características especiales de la labor que desempeñaban. Por eso desestimó el argumento esgrimido por el Fisco, tendiente a justificar el diferente trato retributivo contemplado en el decreto 2.599/05 en la circunstancia de que los actores ya percibían la bonificación especial del decreto 8.373/87.
Para así decidir, ponderó:
I.2.c.i. Por un lado, la ausencia de prueba respaldatoria de la citada afirmación, pese al carácter de juicio pleno en el que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y las mejores condiciones en que se encontraba la demandada para hacerlo, a la luz del principio de la carga dinámica de la prueba.
I.2.c.ii. Por otro, que la lectura propuesta por la recurrente no se condecía con la cronología y los fundamentos expuestos en las normas involucradas.
Destacó que no surgía ni del texto del decreto 2.599/05, como tampoco de sus considerandos, alguna explicación plausible en respaldo de la distinción formulada, destacando la ausencia de referencias a la preexistente bonificación del decreto 8.373/87. Agregó que dicha interpretación tampoco hallaba correlato con el posterior dictado del decreto 1.316/15, por el cual se equiparó la bonificación de todos los agentes de la ex subsecretaría en el 125%.
A partir de lo expuesto, juzgó que la diferenciación retributiva efectuada por el art. 6 del decreto 2.599/05 respecto de los actores (con desempeño en el área de informática de la ex Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y con un régimen de cuarenta horas semanales de labor) resultaba discriminatoria y contraria al postulado de igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable.
I.2.d. Finalmente, sobre la base de la jurisprudencia reciente de esta Suprema Corte, desestimó el agravio vertido en torno al alcance de la condena fijada a valores actuales y los intereses reconocidos.
II. Contra todo ello, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 4.023 y 4.027 inc. 3 del derogado Código Civil; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 7 y 10 de la ley 23.928 y la errónea interpretación de los decretos 8.373/87; 2.599/05 y 1.316/15.
Asimismo, alega absurdo y violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia de lo resuelto por el Tribunal de Alzada en cuanto juzgó aplicable al sub examine el plazo de prescripción decenal (art. 4.023, Cód. Civ.), en lugar del quinquenal (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), habilitando de ese modo el cobro de diferencias salariales que -afirma- se encontraban prescriptas.
Alega que si bien no hay una norma especial que regule el plazo de prescripción para un reclamo como el de autos en la normativa provincial -y que eso obliga a recurrir al Código Civil-, una vez allí considera que debe acudirse a la norma más ajustada a la naturaleza de la obligación salarial, que a su entender es la que regula las obligaciones periódicas.
II.2. En lo tocante al absurdo, reprocha que la Cámara no haya tenido por acreditado que los actores ya se encontraban percibiendo la bonificación especial prevista en el decreto 8.373/87.
II.3. Cuestiona que la Cámara interpretase que el decreto 2.599/05 resultó discriminatorio, argumentando que su finalidad fue que la totalidad del personal hoy dependiente de ARBA percibiera un adicional del 125%. A partir de allí, entiende razonable que se establecieran dos bonificaciones diferentes de manera expresa, las cuales obedecían a la circunstancia de que los actores -en su condición de agentes de la Dirección de Sistemas Informáticos- ya se encontraban cobrando una bonificación salarial de hasta el 65% en virtud del decreto 8.373/87.
Justamente por ello, afirma que el decreto 1.316/15 simplificó la equiparación salarial que regía en los hechos por aplicación de tres normas: respecto de los actores, por los arts. 1 del decreto 8.373/87 y 6 del decreto 2.599/05, lo cual daba un adicional del 125%. Y, con relación al resto de los agentes, por el art. 1 del decreto 2.599/05, que estableció directamente un 125%.
Pone de manifiesto que la consecuencia del fallo impugnado es que los actores percibirán un 190% de bonificaciones salariales, aspecto que -a su entender- evidencia el absurdo en el razonamiento efectuado a instancias de la Cámara.
II.4. Por último, se agravia de la condena estimada a valores actuales, aduciendo que la sentencia vulnera la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928 y su modificatoria 25.561, como así también, la doctrina legal de esta Suprema Corte y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
III. El recurso prospera (art. 289, CPCC).
III.1.a. Este Tribunal, en anterior integración, ha sostenido que frente a la ausencia en el derecho administrativo local de un plazo de prescripción que comprenda a las acciones por las que se reclaman haberes devengados en el marco de una relación de empleo público, debía estarse a lo dispuesto en el Código Civil (conf. arts. 16 y 171, Const. prov.); añadiendo que, acorde con ello, la prescripción decenal del art. 4.023 de esa codificación (ley 340) era la aplicable a toda clase de acciones que no estén sujetas a un plazo distinto (doctr. causas B. 50.934, "Isaac", sent. de 8-VII-1997 y sus citas; B. 55.609, "Vargas", sent. de 19-XII-2001; e.o.).
Sin embargo, diferenciándome de mis distinguidos colegas, he entendido que, en tales supuestos, de ordinario debía estarse a lo fijado en el viejo art. 4.027 inc. 3, precepto comprensivo de los supuestos de atrasos en "...todo lo que debe pagarse por años, o por plazos periódicos más cortos". A ellos, cabe remarcar, se les asignaba un término quinquenal de prescripción, más breve que el término general de diez años que traía el art. 4.023 (v. mis votos en causas B. 61.121, "Bacigalupi", sent. de 21-V-2003; B. 61.667, "Chiase", sent. de 10-XI-2004; B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-VII-2005; B. 61.663, "Arce", sent. de 10-X-2012; A. 73.890, "Almirón", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
Vale destacar que esta posición que he venido sosteniendo ha sido recientemente convalidada por esta Corte en la causa A. 78.420, "Ledesma", sentencia de 11-IX-2025.
Siguiendo esa lógica, debe concluirse que -actualmente- la regla a observar para los mismos supuestos sería el plazo prescriptivo de dos años, contemplado ahora en el art. 2.562 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), que de manera semejante abarca "...todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas".
Pero hay que aclarar que ello será así, siempre y cuando pueda reputarse que lo que se reclama es un "atraso" en la obligación a cargo de la Administración empleadora. Esto es, algo que pueda traducirse en un incumplimiento o infracción a un deber de pago que debe llevarse a cabo a plazos y en forma periódica. De lo contrario, el plazo genérico de prescripción será, eventualmente, el aplicable a falta de una previsión más específica.
III.1.b. En la especie, el examen de la cuestión me convence de que la errónea liquidación del rubro salarial implicado, como lo es la bonificación establecida por el art. 6 del decreto 2.599/05, conlleva un "atraso" de las características descriptas, con la consecuente aplicación del plazo de prescripción especial y no del general.
III.2. Definida la naturaleza periódica de la obligación y la clase de prescripción que le es aplicable, debe tenerse presente que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) fijó pautas para el cómputo de los plazos que se hallaban corriendo al momento de su entrada en vigencia, el día 1 de agosto de 2015 (art. 7, texto según ley 27.077).
En tal sentido, adquiere relevancia lo dispuesto por el art. 2.537, que establece: "Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior".
Cuando comenzó a regir la novel codificación se encontraba en curso el plazo de prescripción de la acción, si se entiende que el dies a quo es el primer día posterior al vencimiento de cada acreencia mensual reclamada, debiéndose prestar especial atención al último período devengado, verificado el día 1 de mayo de 2014.
Como advertí, la nueva legislación establece un plazo menor al requerido por la ley anterior -dos años para las obligaciones periódicas (art. 2.562 inc. "c")-, de modo tal que, en función de los parámetros que brinda el citado art. 2.537, aquí la prescripción se produjo antes de lo inicialmente concebido, pues se verifica aquel escenario en el cual se prevé un acortamiento.
En efecto: de computarse el término de cinco años del art. 4.027 inc. 3 del derogado Código Civil (ley 340), desde la exigibilidad del período reclamado más reciente (esto es, el día 1 de mayo de 2014), este vencería el día 1 de mayo de 2019. Pero al tomarse el plazo de dos años de la nueva legislación a contar desde el día 1 de agosto de 2015, la prescripción de ese período acaeció el 1 de agosto de 2017. Por implicancia, los anteriores corrieron la misma suerte, en esa fecha o antes.
III.3. Así las cosas, concluyo que al momento de interponerse la demanda de autos (el día 2 de julio de 2019), la acción se encontraba enteramente prescripta (arts. 7, 2.537 y 2.562 inc. "c", Cód. Civ. y Com.).
Por ende, le asiste la razón al Fisco en ese tópico, resultando inoficioso que me expida acerca del resto de los agravios traídos, tanto los de fondo como los relacionados con el cálculo de la indemnización.
IV. Si lo expuesto es compartido, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar la sentencia impugnada y declarar prescripta la acción (art. 289 inc. 2, CPCC).
Costas de todas las instancias por su orden, en función del cambio normativo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
En lo que respecta a las decisiones adoptadas en las instancias previas respecto del plazo de prescripción en las que se aplicara la doctrina legal que, por ese entonces, este Superior Tribunal provincial -con su anterior conformación y mi adhesión- estableciera para supuestos similares al presente, señalo que:
Los argumentos que expone la Fiscalía de Estado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, sumados a los criterios incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación que determinaron acortar los plazos de prescripción en salvaguarda de la seguridad jurídica y el razonable interés social que exigen que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente, me convencen -a través de una nueva reflexión- en modificar la posición que he mantenido hasta ahora para plegarme a la propiciada por el doctor Soria (conf. causa A. 78.420, "Ledesma", sent. de 11-IX-2025).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Ello así, en tanto una nueva lectura del tema traído a debate en esta causa por la Fiscalía de Estado, fue tratado en oportunidad de emitir mi voto en la causa A. 78.420, "Ledesma". Allí consideré que si bien -por economía procesal- en algunas oportunidades previas había compartido el criterio de aplicar la que constituyera la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte en su previa integración, en torno al plazo de prescripción aplicable a las diferencias salariales derivadas de relaciones de empleo público durante la vigencia del Código Civil -ley 340- (v. por todas causa B. 63.373, "Saez", sent. de 14-IX-2020), debía ser superada por la necesidad de ajustar dicha posición a lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, así como también a la tradicional interpretación practicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dicho respecto (v. CSJN Fallos: 173:289 y 205:200).
Por lo expuesto, voto por la afirmativa .
Respecto de las costas, considero que deben aplicarse las de todas las instancias por su orden, en función del cambio normativo y de la doctrina legal imperante (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Con los mismos señalamientos e iguales motivaciones que expresa la señora Jueza doctora Kogan, comparto los fundamentos propuestos por el señor Juez doctor Soria y doy mi opinión en igual sentido.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se declara prescripta la acción (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen por su orden, en función del cambio normativo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/10/2025 09:17:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2025 14:15:20 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 13/10/2025 15:53:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:12:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 15:21:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/10/2025 15:27:38 hs. bajo el número RS-79-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia