Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79966
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.966 "RUIZ ELADIO GASTON C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, en lo que aquí interesa, el señor Eladio Gastón Ruiz promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo el reconocimiento y condena de la demandada al pago de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, devengadas durante el período comprendido entre el momento en que el actor fue herido en acto de servicio y hasta la fecha del alta médica definitiva en agrupamiento, grado y cargo.
Asimismo, requirió que dichas mensualidades sean equivalentes a lo que por todo concepto, y a valores actuales, perciba un Teniente Primero del Subescalafón General de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con 22 años de antigüedad. Planteó que, para ello, deberá declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, en tanto relaciona el monto del subsidio con la suma equivalente al sueldo básico con más la bonificación remunerativa y no bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la ley 13.982 (v. presents. electrs. de 17-X-2023 y 8-V-2024).
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial (v. present. electr. de 13-VIII-2024).
Adujo que el actor, a través de su demanda, reclama a la jurisdicción el reconocimiento de un derecho (subsidio, ley 13.985), que no ha sido debatido y/o denegado por parte de la administración.
Entendió que el necesario respeto de la competencia prioritaria de la administración en el tema, no sólo se justifica para permitir el ejercicio de las incumbencias gubernativas que tiene asignado el ejecutivo en la materia, sino también para evaluar las condiciones legales de procedencia del reclamo, para tener la oportunidad de satisfacerlo extrajudicialmente en su instancia (sin cargar con los mayores costos de un proceso); para dar las eventuales razones que pudieran oponerse al otorgamiento, generando una instancia previa de resolución del punto, con virtual descongestión del servicio de justicia y para permitir que sólo lleguen a juicio los conflictos madurados, con información suficiente como para facilitar la tarea de debate en el proceso.
Señaló que lo único que se pone en juego con la excepción planteada es la denuncia de falta de caso o controversia respecto del reconocimiento del subsidio de la ley 13.985, por no haber existido un rechazo previo de la administración, al no haberse planteado esa cuestión en su sede natural, y no haberse recibido una denegatoria expresa o tácita de pago. Agrega que el actor no acierta en plantear una razón valedera para considerar inútil solicitar el reconocimiento del derecho por ante la propia administración.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Pergamino rechazó la excepción de inadmisibilidad de la demanda planteada por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, ordenó reanudar el cómputo del plazo para contestarla (confr. art. 36, inc. 1, CCA; v. resol. de 10-X-2024).
Para así decidir, consideró que la demandada plantea que el actor no ha agotado la vía administrativa, en tanto no inició procedimiento alguno con miras a percibir el subsidio en los términos expresados en su demanda, que -en rigor de verdad- requiere una previa declaración de inconstitucionalidad, tal como fue planteada.
Señaló que es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma excede las facultades de la administración, por lo que la exigencia de un reclamo previo deviene excesiva. Destacó al respecto que el actor no podría haber requerido en sede administrativa tal declaración porque implicaría el "ritualismo inútil" al que refiere el art. 14 inc. "b" del Código Contencioso Administrativo, pues conforme lo actuado tanto en sede ministerial como ante estos estrados, media "...una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía impugnativa de impugnación...", advirtiendo en este punto consecuentemente la infructuosidad del procedimiento administrativo.
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás confirmó el pronunciamiento de grado que desestimó la excepción previa de inadmisibilidad de la demanda. Invocó lo resuelto por esa Cámara en las causas n° 4236 "Lucero", resolución interlocutoria de 3-X-2023; n° 4270 "Nieva", resolución interlocutoria de 14-XI-2023 y n° 4945, "Pereyra", resolución interlocutoria de 3-XII-2024; entre otras (v. sent. interloc. de 18-II-2025).
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de fecha 10-III-2025), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de fecha 27-III-2025), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 4-IV-2025).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión intentada por la demandada y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.138, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178, "Nieva" y Q. 79.186, "Bordon", resols. de 11-VII-2024; Q. 79.098, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024; Q. 79.621, "Cruz", resol. de 30-XII-2024; Q. 79.687, "Gorosito", resols. de 30-XII-2024 y Q. 79.861, "Pereyra", res. de 25-IV-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Por último, con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su existencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:02:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:04:29 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:11:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:05:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:09:08 hs. bajo el número RR-445-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia