Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79971
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.971 "DAVID JULIO CESAR C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHO. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLIDABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme se desprende de las constancias acompañadas y de las que se encuentran disponibles para su consulta en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de esta Suprema Corte, el señor Julio Cesar David promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamenario 149/10, se le reconozca su derecho al reajuste del subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985 (que mensualmente percibe) conforme el salario que por todo concepto percibe un Subcomisario del Subescalafón comando de la ley 13.982, con integración de la totalidad de los rubros que efectivamente percibe dicha jerarquía y todos aquellos que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad, habitualidad y regularidad a los policías de la jerarquía referida. Asimismo, se condene a la demandada al pago retroactivo de las sumas resultantes del reajuste por todos los períodos no prescriptos, a los cuales deberán adicionarse los intereses devengados conforme la tasa de interés que estime corresponder (v. presents. electrs. de 13-XII-2023 y 22-XII-2023).
I.2. Corrido el traslado de ley, se presentó Fiscalía de Estado y opuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, por haberse deducido una vez vencido el plazo de caducidad previsto al efecto por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo. Adujo que el actor cuestionó ante esta instancia judicial el alcance de un acto administrativo firme y consentido, dado que la resolución que le otorgó el subsidio cuyo reajuste pretende le fue notificada el día 26-V-2014, mientras que la demanda de autos fue iniciada el 13-XII-2023. Agregó que el hecho de plantearse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, no exceptúa la aplicación del plazo de caducidad. Concluyó que, desde que tomó el actor conocimiento del acto que le otorgó el beneficio y la fecha de inicio de la presente demanda, ha operado el término de 90 días previsto en la referida norma (v. present. electr. 13-III-2024).
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial La Plata desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36, inc. 1, CCA; v. resol. de 3-VII-2024).
Para así decidir, ponderó que el señor David resulta ser beneficiario y percibe regularmente el subsidio previsto por el art. 1 de la ley 13.985, hecho que se encuentra reconocido y al margen de la controversia que se postula en la demanda, limitada a la confrontación constitucional del art. 3 del decreto 149/10 para la consecuente reliquidación de dicho subsidio, con la integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones correspondientes a los haberes de un Subcomisario de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Consideró que el marco de debate delineado permite la habilitación de la instancia, ya que la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el actor excede la competencia de la autoridad administrativa.
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas de la instancia a la demandada vencida (arts. 35 inc.1 "i", 51 inc. 1, 55, 56 y concs. CCA; v. resol. de 14-XI-2024).
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electr. de 5-XII-2024), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de fecha 27-III-2025), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 10-IV-2025).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión intentada por la demandada, basada en la caducidad de la acción. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 78.871, "Ortiz Navarro", resol. de 24-IX-2024; Q. 79-558, "Perez", resol. de 8-X-2024; Q 78.701, "Sotilo", Q. 79.072, "Alaniz" y Q. 79.107, "Pagliano", resols. de 12-XII-2024 y Q. 79.722, "Arrua", resol. de 30-XII-2024; e.o.).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su presencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
III.4. Por último, es útil señalar que no resulta aplicable la doctrina emergente del precedente sentado en la causa Q. 70.902, "Quinteros", resolución de 17-VII-2014 -invocado por la recurrente- toda vez que alude a presupuestos fácticos distintos a los de autos (conf. causas A. 74.038, "José J. Chediack SA", sent. de 9-V-2018; Q. 77.941, "Aguirre", resol. de 30-VI-2022; Q. 77.491, "Taravilse", resol. de 18-IX-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:21:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:10:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:11:45 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2025 17:11:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2025 07:20:31 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2025 07:24:01 hs. bajo el número RR-485-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia