Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79700
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad, atento que han sido insuficientemente fundados (arts. 168 y 171, Const. Pcial.; 279 y 296, CPCC; 60, CCA; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine y 298, CPCC).
A.79.700 "SOLER HECTOR OSCAR C/ MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO - RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Héctor Oscar Soler contra la Municipalidad de Coronel Pringles y declaró la nulidad de los decretos 191/22 y 300/22, que dispusieron y confirmaron su cesantía. Consecuentemente, ordenó la reincorporación del actor al cargo que ocupaba al momento de la desvinculación. Asimismo condenó a la demandada a abonar el cincuenta por ciento (50%) de los haberes normales y habituales que dejó de percibir el demandante durante el período que duró la segregación y hasta su reincorporación, más intereses (v. sent. de 14-II-2024).
Para así decidir, sostuvo que el decreto 191/22 se encontraba viciado en su causa, ya que los hechos que motivaron la cesantía del actor ocurrieron el 12 de agosto de 2021, momento en el cual se encontraba cesante, según lo dispuesto por el decreto 878/21 del 21 de julio de 2021, que fue revocado el 20 de agosto por el decreto 999/21.
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocó el fallo en crisis rechazando íntegramente la demanda promovida.
Al resolver, y a diferencia de lo estimado por el juez de grado, consideró que, cuando sucedió del hecho objeto de investigación sumarial (amenazas e insultos proferidos el 12 de agosto de 2021), el actor aún mantenía su condición de empleado municipal, pues la anulación del decreto 878/21 dispuesta por el decreto 999/21, con efecto retroactivo, restableció su vínculo laboral con la Municipalidad de Coronel Pringles. Así, concluyó que el decreto 191/22 en cuestión, que tuvo por probados los hechos imputados y dispuso la cesantía del actor, no contiene vicios y se ajusta a derecho (v. sent. de 2-VII-2024).
III. Frente a lo así resuelto, el actor interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VII-2024), los que fueron concedidos por la Cámara (v. resol. de 17-IX-2024).
IV. Con respecto a la vía de nulidad planteada, cabe señalar que se encuentra prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia y que sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (doctr. causas A. 75.279, "Odisa", resol. de 27-VI-2018; A. 75.390, "Cornejo", resol. de 10-X-2018; A. 78.060, "Fideicomiso San Martin", resol. de 15-XI-2022; A. 79.096, "Moliendas Del Sur", resol. de 7-III-2024).
En el remedio revisor en estudio, la recurrente alega la violación del art. 168 de la Carta local y la omisión de cuestiones esenciales por parte de la Cámara, remitiendo "por razones de brevedad" a lo expuesto en los puntos III y IV del escrito, los cuales corresponden al desarrollo argumental del recurso de inaplicabilidad de ley.
Allí, si bien se denuncia violación del art. 168 de la Constitución provincial, de su simple lectura se advierte que -bajo el aparente reproche de haberse omitido la consideración de cuestiones esenciales- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo en que el órgano de grado abordó y resolvió la cuestión ventilada en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento y aspectos de carácter procesal cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley (doctr. causas Q. 76.406, "Abad", resol. de 17-IV-2020; Q. 76.434, "Barrios", resol. de 6-VII-2020 y Q. 76.521, "Sosa", resol. de 22-XII-2020; A. 78.981, "Aguerrebere", resol. de 15-III-2024, e.o.).
En el contexto reseñado, corresponde el rechazo de la nulidad peticionada con sustento en la vulneración del art. 168 antes citado.
V.1. Entrando en el estudio del restante remedio intentado, debe recordarse que es clara la doctrina de este Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.622, "Martinez", resol. de 20-II-2019).
Asimismo ha reiterado esta Corte que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011 y resol. causas A. 73.960 y A. 74.077 cits., entre otras).
El recurrente sostiene que la Cámara, al afirmar que el decreto de reincorporación volvió las cosas a su estado anterior, ni siquiera se detuvo a analizar la discusión en torno al efecto del recurso de revocatoria articulado por el propio actor contra el decreto 878/21, cuestión que -a su entender- resultaba clave para la resolución del pleito.
A su vez esgrime que si un acto está viciado de nulidad como el mencionado decreto 878/21 anulado por la propia comuna también lo estará el decreto 999/21 que produjo su reincorporación y lo sometió a sumario por los mismos hechos contenidos en el acto anulado, agregando el del pretendido insulto y todos los sucesivos.
Es claro que tales argumentos esbozados por quien se agravia no pasan de expresar un mero criterio divergente y ajeno a la línea desarrollada en el decisorio atacado, sin exponer de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el órgano juzgador para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Cabe recordar que el Tribunal de Alzada sostuvo que fue el propio accionar de la empleadora, al proceder a la anulación del acto administrativo, que volvió las cosas al estado anterior a su dictado y, por ende, colocó nuevamente al agente Soler en su condición de empleado municipal, por lo que ningún vicio portaba el acto administrativo de cesantía (decreto 191/22) en cuanto tuvo por probado el hecho objeto de investigación sumarial (amenazas e insultos proferidos a su superior jerárquico el 12-08-2021) y su autoría, con lo que la invocación de la no condición de empleado de la Municipalidad de Coronel Pringles quedaba, en virtud del desarrollo precedente, carente de sustentación.
En tal sentido cabe concluir que los agravios así expresados lucen como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado lo que lleva a rechazar tal planteo (doctr. causa A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014; A. 75.028, "Bruzzo", resol. de 20-III-2019, entre otras).
V.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente al señalar que no ha quedado acreditado en las actuaciones que la conducta por ella desplegada pueda subsumirse en las normas disciplinarias de reproche, más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; entre tantas).
El absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterios, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica del impugnante, en cuanto expone que la Cámara no ha analizado debidamente la prueba documental obrante en autos para decidir violando así la doctrina legal de esta Corte en la materia, deteniéndose en los aspectos formales que -aduce- también adolecen de vicios y no en los elementos esenciales para resolver la cuestión, no exterioriza más que una discrepancia tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión del modo en que debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado-, configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017, A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022) vicio éste último- que no ha sido demostrado debidamente.
VI. Lo expuesto alcanza para rechazar las impugnaciones articuladas (conf. arts. 279 y 298, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad, atento que han sido insuficientemente fundados (arts. 168 y 171, Const. Pcial.; 279 y 296, CPCC; 60, CCA; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine y 298, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2025 17:05:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 14:37:40 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:25:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2025 09:09:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2025 14:21:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2025 14:33:20 hs. bajo el número RR-513-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia