Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78772
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine, CPCC).
A.78.772 "GOROSITO MATIAS DANIEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron :
I.1.El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Matías Daniel Gorosito, reconociendo su derecho a continuar percibiendo el subsidio mensual previsto en el art. 1 de la ley 13.985 desde el 1-VI-2012, momento en que dejó de abonárselo, a cuyo efecto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 párr. 2° y 4 inc. "b" del decreto 149/10.
Así, condenó a la demandada a pagar al actor las sumas que surjan de la liquidación a aprobarse en la etapa de ejecución de sentencia, para lo cual se debía tomar como base de cálculo el salario actual correspondiente al momento de dictarse aquella y/o hacerse efectivo el pago.
Ello, con más intereses calculados a una tasa el 6% anual, desde el momento en que dejó de percibir el subsidio (1-VI-2012) hasta la fecha de la sentencia. De allí en más, de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 adías durante los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago. Costas a la vencida.
I.2. Recurrido dicho pronunciamiento por la parte demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó el fallo de primera instancia.
De este modo convalidó la declaración de inconstitucionalidad del decreto reglamentario, al contrariar el texto expreso del art. 1, segundo párrafo, de la ley 13.985, el cual no condiciona la continuidad del cobro del subsidio a la existencia de ningún porcentaje mínimo de incapacidad permanente.
Añadió, atendiendo a la exposición de motivos de la ley 13.985, que la imposibilidad futura de realizar complementación horaria es, por sí sola, fundamento suficiente, con independencia de si el agente efectivamente la realizaba antes del accidente.
En materia de liquidación, con cita de precedentes de esta Suprema Corte, confirmó el pago del retroactivo, el criterio de actualidad y la tasa de interés fijada por el magistrado de origen.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 7-XI-2022) -que fue concedido- en el que denunció la violación y errónea aplicación de los arts. 1 de la ley de la ley 13.985, 2 y 4 del decreto 149/10; de diversas normas constitucionales nacionales (arts. 14, 16, 19, 28, 31 y 75 inc. 19) y del art. 39 de la Constitución provincial, además de invocar absurdo y transgresión del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.1. En lo sustancial, sostiene que el decreto 149/10 no incurre en exceso reglamentario, pues la propia ley 13.985 delegó en la reglamentación la fijación de las condiciones de acceso al subsidio; de modo que el umbral del 50% de incapacidad permanente no constituiría una restricción ajena a la ley, sino una modulación razonable de su alcance, coherente con la finalidad legislativa de reservar el beneficio para los casos más graves (fallecimiento o incapacidades severas). Siendo que el actor registra apenas un 10% de merma funcional, tales extremos no se verificarían.
Recuerda que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del ordenamiento y que la Cámara la decretó sobre argumentos retóricos -vinculados al espíritu de la ley y a principios generales-, sin acreditar una colisión concreta con normas superiores. Advierte, además, que la eliminación judicial del umbral provocaría una avalancha de reclamos capaz de colapsar el sistema, lo que evidenciaría el absurdo de lo resuelto.
Denuncia también que se ignoraron las normas sobre incremento de gastos y su financiamiento (arts. 103 inc. 2, 157 y 192 inc. 5 de la Constitución provincial; arts. 14, 28 y 38 de la ley 13.767), y que equiparar a quienes padecen incapacidades inferiores al 50% con quienes superan ese límite vulnera el principio de igualdad, por tratarse de situaciones objetivamente distintas.
Cuestiona la caracterización asistencial del subsidio, atribuyéndole naturaleza indemnizatoria y, por ende, no acumulable a otras prestaciones.
Por último, niega que se hubiera acreditado que el actor percibiera o tuviera derecho a horas CORES o POLAD con anterioridad al accidente, señalando que tales adicionales carecen de carácter remunerativo.
II.2. En punto a la liquidación, impugna la condena a abonar las mensualidades retenidas a valores actuales con interés puro del 6% anual. Afirma que el beneficio constituye una deuda dineraria -no de valor-, regida por el principio nominalista y por la prohibición de indexación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, no derogados por el Código Civil y Comercial. Por ello, entiende que la liquidación debe practicarse sobre valores nominales históricos.
III. El recurso articulado ante esta sede tiene dos compartimentos nítidamente diferenciables.
El primero de ellos aborda la cuestión sustancial del debate, esto es, la constitucionalidad del decreto 149/10 y, en definitiva, la procedencia del cobro del subsidio. La otra parcela analiza lo referido a la actualización.
Ninguno de ellos prospera.
III.1. El punto central gira en torno a la inconstitucionalidad del decreto 149/10 en cuanto exige para la obtención del subsidio mensual previsto por la ley 13.985, que el agente policial herido en acto de servicio con incapacidad permanente y pase a actividad limitada, padezca una merma funcional superior al 50%.
Al respecto, el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a rechazar los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos.
Siendo eso así, advierto que la cuestión ha sido resuelta recientemente por este cuerpo en supuestos sustancialmente similares, confirmando la invalidez de las normas implicadas en la especie y fijando doctrina legal en la materia (doctr. causas A. 77.539, "Posedente", A. 78.432, "Zelarayan", ambas sents. de 23-IV-2026, y A. 78.727, "Ramirez", sent. de 29-VI-2026).
Tal circunstancia habilita el rechazo sumario del recurso extraordinario en lo que hace al fondo de la controversia.
III.2. En cuanto a la queja subsidiaria, fundada en el cálculo a valores actuales de las mensualidades debidas con el argumento de que esto violaría la regla del nominalismo y la prohibición de indexación de deudas (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561- y 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), cabe destacar que tales planteos han sido desestimados en precedentes sustancialmente análogos al presente caso (conf. causas A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024; A. 78.136, "Cisneros", sent. de 12-XII-2024; A. 78.737, "Castro", sent. de 19-XII-2024; A. 79.938, "Tonil", sent. de 25-IV-2025; A. 79.405, "Gómez", sent. de 18-VI-2025; A. 75.635, "Falloca", sent. de 29-X-2025; e.o.), razón que también resulta suficiente para su rechazo en los términos del citado art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827.
IV. Por esas razones, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; arts. 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2026 11:58:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2026 11:45:19 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/08/2026 13:40:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:08:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:53:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2026 11:57:44 hs. bajo el número RR-703-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia