Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
A.79.760 "MELGAREJO JAVIER HUMBERTO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. EMPL. PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Junín rechazó la demanda interpuesta por el señor Javier Humberto Melgarejo contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) con el objeto de obtener el reajuste del subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985, que percibe regularmente, con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones correspondientes a un Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y de todos aquellos rubros que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad, habitualidad y regularidad a los policías de la jerarquía indicada (v. sent. de 24-VI-2024).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y rechazó el incoado por la demandada, revocando de ese modo la sentencia de primera instancia.
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10 y condenó a la Provincia de Buenos Aires a incorporar a la base de cálculo del subsidio previsto en el art. 1 la ley 13.985, los rubros antigüedad, riesgo profesional y gastos de mantenimiento.
Por otra parte, con pie en doctrina de este Tribunal, resolvió que las diferencias reconocidas deben calcularse en base al salario vigente a la fecha de la sentencia firme que decide el derecho.
Por último rechazó el planteo de prescripción opuesto en subsidio por la demandada, como así también la compensación solicitada.
De acuerdo a lo resuelto, condenó en costas a la demandada vencida en ambas instancias (v. sent. de 22-X-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 8-XI-2024) –que fue concedido por la Cámara- en el que denunció la violación y errónea aplicación de los arts. 1 de la ley 13.985 y 3 del decreto reglamentario 149/10. También adujo vulnerados los arts. 14, 28 y 31 de la Constitución nacional. Por último denunció la violación de la doctrina legal aplicable, al condenarse el pago de la liquidación a valores actuales, a despecho de la prohibición de indexar deudas y de la jurisprudencia de esta Suprema Corte.
III.1 Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a rechazar los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
III.2. Sentado lo que antecede, es dable observar que la cuestión referida al reajuste del subsidio y el pedido de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, sometida a decisión a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido en autos, ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos, fijando doctrina legal en la materia (doctr. causas A. 75.799, "Caballero", sent. de 26-V-2021; A. 75.998, "Rodriguez", sent. de 19-VIII-2021 y A. 76.482, "Florindo", sent. de 26-II-2024), circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo que establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para proceder a su rechazo (art. 31 bis, cit.).
En efecto: en dichos precedentes, este Tribunal, en lo que aquí interesa, entendió que el art. 3 del decreto 149/10 importaba un exceso reglamentario en los términos del art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial, al efectuar limitaciones en el monto a considerar para su cálculo no previstas en la ley 13.985, normativa que en forma terminante establece que el subsidio ha de ser equivalente al haber que "por todo concepto" percibe un Teniente primero.
III.3. Finalmente, en cuanto a la queja fundada en el cálculo del reajuste del subsidio a valores actuales y con una tasa de interés puro del 6% anual, con el argumento de que ello violaría la regla del nominalismo y la prohibición de indexación de deudas (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561- y 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), cabe destacar que dicho criterio es el que actualmente aplica esta Suprema Corte en casos análogos (conf. causas A. 74.235, "Mesiano", sent. de 23-XII-2020; A. 74.089, "Sert", sent. de 12-II-2021; A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; B. 56.601, "Corvo", resol. de 29-XI-2023; B. 64.571,"Vázquez Pertierra", sent. de 3-X-2025), razón por la cual corresponde el rechazo de la impugnación de la recurrente en esta parcela (art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2026 10:18:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2026 11:46:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/03/2026 22:08:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:11:28 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:54:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/03/2026 11:54:11 hs. bajo el número RR-126-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia