Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la parte actora (arts. 168, Const. pcial.; 31 bis, ley 5.827; 298, CPCC).
A.76.519 “KEH GAS S.A. C/ FISCALIA DE ESTADO - PCIA. BS.AS. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD”
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar a la demanda interpuesta por “Keh-Gas S.A.” y, en consecuencia, declaró inválida la pretensión fiscal de percibir de la empresa accionante los tributos que surgen de los artículos 72 bis y 72 ter de la Ley Provincial N° 11.769 (t.o. por Ley N° 11.969) e impuso el deber de -una vez firme el fallo- arbitrar los medios necesarios a fin de que en lo sucesivo los mismos no fueran percibidos por la actora, derivando el análisis de ello para la etapa de ejecución del pronunciamiento. Asimismo, reconoció parcialmente a la sociedad reclamante el derecho a obtener la repetición de los cuestionados gravámenes sólo en lo que corresponda a la porción ingresada a las arcas provinciales, para lo cual debería –también luego de adquirir firmeza la decisión- acudir por ante las autoridades fiscales competentes en el marco de los procedimientos establecidos al efecto, a fin de obtener tal reintegro. Finalmente, rechazó la pretensión de repetir de la Municipalidad de Pergamino los importes ingresados a las arcas del municipio en virtud de lo prescripto por el artículo 72 ter de la Ley Provincial N°11.769 -t.o. por Ley N°11.969- (v. sent. del 16/10/2019).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Nicolás hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada, revocando la sentencia de origen en todos sus términos.
Para así resolver, luego de: a) aclarar que la pretensión principal perseguida por el actor tenía por objeto postular la invalidez del tributo incorporado por la ley n° 11969 a la ley n° 11769 (Marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires) en los entonces artículos 72 bis y 72 ter (actualmente 74 y 75), ante la alegada confrontación con la ley n° 11463 -de naturaleza intrafederal, que ratificó el 'Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento', particularmente el punto 2 de la Cláusula Primera de éste último-; b) de señalar la necesidad de tener en cuenta la variación normativa que involucraba la litis en forma dinámica, destacando la imposibilidad de congelar una prescripción en el tiempo, más aún respecto de cláusulas redactadas para una realidad totalmente diferente, veintisiete (27) años atrás y c) de especificar que la parte actora pretendía que el impuesto que se le cobrara en su carácter de usuario del servicio eléctrico no correspondía por considerar que la exigencia de la cláusula le resultaba aplicable por ser un usuario " comercial ", concluyó que la Provincia en el ordenamiento incorporado por la ley 11.463 no sólo no derogó los tributos sobre el servicio a usuarios finales en general, sin hacer distinción entre tipos de usuarios, sino que además había determinado los tributos actualmente vigentes cuatro (4) años después de la firma del convenio; dado que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento se había celebrado el 12/08/1993, publicándose la Ley n° 11463 el 07/12/1993, mientras que la Ley n° 11969 fue publicada el 10/07/1997.
Asimismo señaló, que los compromisos que surgían del Pacto se hallaban puestos en cabeza de la Nación, de las Provincias o de ambos en conjunto y que así también se consagraron cláusulas tanto operativas como programáticas; concluyendo que la disposición analizada, en forma patente, estableció un compromiso de carácter programático en lo referido a las tasas municipales, ya que solamente se enunciaba que «se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los Impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes».
Por otra parte, en lo que aquí interesa, reseñada la evolución temporal del "Pacto Fiscal" y los sucesivos Consensos suscriptos entre la Nación, Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta llegar al denominado "Consenso 2020", esbozando su naturaleza interjurisdiccional interna, sin perjuicio de integrar los derechos locales, interpretó que tales modificaciones -en particular el acuerdo de “Consenso Fiscal”, aprobado por Ley n° 27429 en la Nación y en la provincia de Buenos Aires por Ley n° 15017, sancionada el 27/12/2017, promulgada el 19/01/2018, publicada en BO n° 28202 el 24/01/2018-,-no habían producido una alteración del acuerdo original sino que éste había sido sustituido por otro de la misma naturaleza y tenor en el punto bajo discusión.
Respecto del aprobado por la Ley n° 15017 -cuya finalidad fuera armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones con el objetivo de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico; promover políticas uniformes, procurar una solución integral a los conflictos judiciales vinculados con el régimen de coparticipación federal de impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones, así también iniciar el diálogo para lograr una nuevo régimen de coparticipación federal-, específicamente destacó que en la Cláusula III, Compromisos asumidos por las Provincias y la CABA en el inciso s (Tributos específicos) se estipuló: «Derogar inmediatamente los tributos específicos que graven la transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica -incluso los que recaen sobre la autogenerada- y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales ».
Concluyendo, finalmente, que la Provincia de Buenos Aires había actuado de conformidad con los acuerdos interjurisdiccionales vigentes al momento de la aplicación de la normativa cuestionada en autos (v. sent. de 16/4/2020).
Frente a lo así decidido, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad, en subsidio de aquél (v. present. del 6/5/2020), siendo concedido el segundo y -en síntesis- declarado desierto el primero (v. resols. de fechas 28/5/2020 y 14/7/2020, respectivamente).
II. a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía extraordinaria de nulidad resulta improcedente. Ello es así, primeramente, porque no puede interponerse en forma subsidiaria del recurso de inaplicabilidad de ley, sino que debe imperiosamente deducirse en forma directa y principal (doctr. causas L. 54.016, sent. del 30-VIII-1994; L. 67.935, sent. del 1-XII-1999; Ac. 88.593, resol. del 9-X-2003; C. 105.395, sent. 28-X-2009; C. 107.684, sent. 11-V-2011; A. 72.839, "García Zeni", resol. de 12-III-2014; C. 120.114, "Torreillhe", resol. de 22-XII-2015, e. o.).
II. b. No obstante lo indicado, y en cuanto a la argumentación esgrimida, corresponde recordar que el remedio previsto en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas Q. 76.387, "Asociacion Por La Defensa De Usuarios Y Consumidores", resol. de 22-VII-2020; A. 76.251, "Arolas", resol. de 19-VIII-2020; Q. 76.214, "Akapol S.A.", resol. de 19-VIII-2020; A. 76.056, "Gorosito", resol. de 19-VIII-2020 y A. 76.040, "Rossi", resol. de 19-VIII-2020).
En el caso, no se encuentran configuradas ninguna de las causales habilitantes del carril extraordinario de nulidad interpuesto.
En la impugnación en abordaje, el actor aduce que la sentencia es nula porque la Cámara omitió expedirse sobre el incumplimiento del Pacto Fiscal por parte de la Provincia, en el período comprendido entre la vigencia de éste y el denominado “Consenso Fiscal” aprobado por la ley n° 27429 en la Nación -y mediante la ley n° 15017 en la provincia de Buenos Aires, sancionada el 27/12/2017 (que refiere como “Período ventana”), por cuanto dicho lapso -aduce- quedó ajeno a los supuestos efectos que generaría el nuevo Pacto.
Así, en rigor, bajo la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión, en verdad la crítica se dirige a cuestionar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento -como sería la interpretación realizada por el sentenciante en relación al pasaje de la vigencia de la ley N° 11.463 a la de la ley n° 15.017 (y respecto del que entendió que la Provincia de Buenos Aires había actuado de conformidad con los acuerdos interjurisdiccionales vigentes al momento de aplicar la normativa cuestionada en autos, concluyendo que en el caso no se había producido una alteración del acuerdo sino que éste había sido sustituido por otro de la misma naturaleza y tenor en el punto bajo discusión) cuyo tratamiento -como es sabido- resulta ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas A. 74.354, "Golfer's Country Club Asoc. Civil", resol. de 19-X-2016; A. 75.744, "Pignataro", resol. de 17-IV-2019; Q. 76.324, "Iori", resol. de 22-VII-2020; A. 76.242, "Falabella", resol. de 19-VIII-2020 y A. 76.056, "Gorosito", cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la parte actora (arts. 168, Const. pcial.; 31 bis, ley 5.827; 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:14:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:10:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:46:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 10:23:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 07:08:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia