Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.77.166 “DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BS AS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS -
OTROS JUICIOS -CUESTION DE COMPETENCIA ART.7 LEY 12.008”
I. La Fiscalía de Estado, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), promueve demanda contra la Municipalidad de San Antonio de Areco por incumplimiento del cargo que condiciona la donación de los inmuebles identificados como Circunscripción I, Sección B, Manzana 87, Parcelas 6e y 7a -que luego que se le anexara la Parcela 8d se denomina Parcela 7c-, que hiciera la señora María del Carmen Laplacette en favor de la comuna.
Al respecto, alega que al efectuarse la referida donación se determinó que el predio tendría como único destino el establecimiento de un colegio o escuela técnica. Es así que, con fecha 12 de diciembre de 2012, el municipio suscribió con su mandante un contrato de comodato por medio del cual se hacía entrega del terreno, por el término de 20 años, para la instalación y funcionamiento de la Escuela de Arte N°1 “Gustavo Chertudi”.
Sin embargo, relata que el 20 de marzo de 2020 el Intendente requirió al Consejo Escolar municipal que le otorgara el uso del edificio, argumentando que ello resultaba indispensable para hacer frente a la grave situación epidemiológica causada por la pandemia del virus SARS-CoV-2. Tal solicitud, afirma, fue aceptada el día 23 del mismo mes y año y supeditada a la firma de un instrumento que acredite y documente las condiciones que motivaban su entrega.
Pese a no haberse otorgado formalmente el permiso, manifiesta que funcionarios de la comuna se instalaron en el lugar donde se emplaza la mentada escuela y que, el 5 de junio siguiente, la Dirección General de Cultura y Educación fue notificada de la rescisión unilateral del contrato. Ello, de forma intempestiva y sin respetar el plazo de sesenta (60) días estipulado en el acuerdo suscripto entre las partes.
Explica que la citada Dirección -mediante carta documento- intimó a la Municipalidad a que restituya el inmueble ilegítimamente ocupado, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, “atento a la imperiosa necesidad de contar con el edificio para la prestación del servicio educativo, toda vez que se trata de un distrito que se encuentra en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el proceso de regreso a la presencialidad es inminente” (v. punto 3 del escrito postulatorio de fecha 31-VII-2020).
Frente al silencio guardado por la demandada, la actora -invocando el carácter de beneficiaria de la donación- exige el cumplimiento de la condición impuesta al momento de transferirse el dominio sobre las parcelas antes individualizadas y el recupero del bien. Así, entiende que alterar el destino consignado “implica decididamente afectar, por un lado, la voluntad de la donante, pero por otro, la trascendencia de este cargo en particular, implica la vulneración del derecho a la educación, a aprender y a trabajar” (v. punto 4.b del escrito inicial).
Aquí, menciona que un grupo de docentes y alumnos de aquel establecimiento educativo iniciaron una acción de amparo que tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Mercedes (autos caratulados “López, Milagros y otros c/ Municipio de San Antonio de Areco s/ amparo”), en donde se persigue que se deje sin efecto la ordenanza que pone fin al contrato de comodato celebrado. Puntualiza que, si bien el magistrado de primera instancia rechazó in limine la demanda, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín revocó dicho pronunciamiento y dispuso sustanciar el proceso incoado.
Por último, peticiona el dictado de una medida cautelar innovativa, que conmine a la demandada restituir el inmueble en cuestión, a fin de -eventualmente- reanudar las clases presenciales.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de Mercedes. Sin embargo, su titular se rehusó a intervenir en el asunto tras considerar que de la exposición de los hechos que daban sustento al litigio surgía, sin lugar a dudas, que se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado en lo contencioso administrativo y, en particular, por lo normado en el art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.001- (v. resol. de 18-VIII-2020).
De este modo, tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, cuyo magistrado, luego de aceptar la competencia que le fuera endilgada, corrió traslado de la demanda.
En atención a las circunstancias del caso, y previo a expedirse respecto a la tutela precautoria articulada, pidió a la comuna el informe previsto en el artículo 23, inc. 1, del código de rito (v. resol. de 3-IX-2020).
A su turno, la Municipalidad dio cumplimiento al requerimiento efectuado y sostuvo la legitimidad de su actuación. En esa oportunidad, asimismo, planteó la incompetencia del órgano interviniente, puesto que en la cláusula décimo primera del contrato de comodato invocado, las signatarias expresamente acordaron que “para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales emergentes de éste contrato y de la relación locativa por el instrumentada” se someterían a la “jurisdicción del Tribunal Ordinario del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder”. En consecuencia, peticionó que, una vez resuelta la procedencia o no de la medida tuitiva perseguida, se giraran las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para que se proceda a su sorteo entre los juzgados del fuero especializado (v. punto V del escrito electrónico de fecha 16-IX-2020).
Posteriormente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín remitió un oficio electrónico anoticiando al órgano del fallo recaído en los autos caratulados “López, Milagros y otros c/ Municipio de San Antonio de Areco s/ amparo” (expte. n° 8344), que fueran denunciados por la actora en su presentación inaugural. Allí, se decidió que: a) el municipio debía proveerle a la Escuela de Arte “Gustavo Chertudi” un espacio acorde a sus necesidades actuales a efectos que no peligren los derechos constitucionales de enseñar, aprender, trabajar y a la educación y b) se cursara la pertinente comunicación al Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes para que tome conocimiento del resolutorio y de la existencia de aquellos obrados, que tramitan por ante el Juzgado de Familia N°1 de ese departamento judicial (v. proveído de fecha 29-IX-2020).
Sustanciado el planteo formulado por la Municipalidad, el titular del juzgado especializado actuante se inhibió de continuar entendiendo en el asunto en razón de la prórroga expresa de competencia territorial pactada por las partes al momento de suscribir el acto que las unía. Esto, en tanto que de las postulaciones esgrimidas por los litigantes se advertía que el eje central a ventilarse en autos se relacionaba con el comodato celebrado entre ellas y, puntualmente, con la declaración de la rescisión contractual efectuada mediante decreto 514/2020 (v. resol. de 2-XI-2020).
Al así decidir, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de la Plata, conforme el turno establecido mediante Acuerdo 3963/2019 (conf. art. 8, CCA).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación, reiterando que al estar ejerciéndose una acción personal que nació de una donación entre un particular y el municipio, debía intervenir “el juez del lugar donde se debe cumplir el cargo y/o domicilio del demandado” (v. presentación electrónica de fecha 11-XI-2020).
Fue así que las actuaciones se elevaron a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, cuyos integrantes dispusieron: a) declarar improcedente el recurso incoado dado que el Tribunal no era competente para resolver la cuestión suscitada; b) devolver las actuaciones al juzgado de primera instancia para que continúe con el trámite que estimara adecuado para el sub lite ; y c) hacer saber que la pretensión precautoria perseguida había sido evaluada y resuelta en el marco de la causa “López, Milagros” antes citada, donde la aquí demandante intervenía en calidad de tercero, motivo por el cual no correspondía expedirse al respecto.
Devueltos los obrados al magistrado de origen, éste ordenó radicar electrónicamente la causa ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata (v. resol. de 20-IV-2021).
Sin embargo, su titular se abstuvo de conocer en el pleito en la inteligencia de que, de un lado, la controversia estaba específicamente sustraída de su esfera de conocimiento y, de otro, que el desprendimiento efectuado resultaba intempestivo. Sobre este último punto, precisó que -con fecha 3 de septiembre de 2020- el órgano del mismo fuero que previno consintió expresamente la competencia atribuida por el juzgado civil y comercial primigeniamente designado y que la declinación fue efectuada recién en ocasión de la presentación del informe cautelar requerido a la demanda. Así, sostuvo que aquella instancia procesal no resultaba oportuna para reexaminar un asunto que se hallaba zanjado, máxime cuando la denuncia de la cláusula que diera motivo a su decisión no había sido introducida a través de la vía de excepción pertinente.
Por último, señaló que las actuaciones debieron radicarse ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 de ese departamento judicial, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo n° 3963, toda vez que se encontraba de turno al momento de la promoción de la demanda (v. resol. de 3-V-2021).
Girado el expediente nuevamente al juzgado preactuante, éste mantuvo la postura antes adoptada. Por consiguiente, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En primer lugar, es útil comenzar señalando que en la especie se encuentra prima facie afectada la competencia material del fuero especializado, toda vez que de la mera lectura del escrito inicial se desprende que la actora, bajo el ropaje de instar una demanda por incumplimiento del cargo que condiciona la donación efectuada por la señora María del Carmen Laplacette en favor de la Municipalidad demandada y en su supuesta calidad de beneficiaria, en rigor expone una pretensión originada en un contrato de naturaleza administrativa, celebrado en el marco de un régimen de derecho público, con la finalidad de satisfacer un interés colectivo y dar cumplimiento a un cometido de igual índole (doctr. causas B. 66.654, "Municipalidad de Berazategui", resol. de 23-VI-2004 y sus citas; A. 68.322, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 10-VIII-2005; A. 69.021, "Utilducto S.A.", sent. de 8-VII-2008; B. 73.949, "Ibañez Ofelia Del Valle", resol. de 6-IV-2016 y B. 75.260, “Municipalidad de General Pueyrredon”, resol. de 6-VI-2018).
Despejada dicha cuestión, es preciso recordar que esta Corte se ha expedido sobre la oportunidad para declarar la incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017; B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018; B. 75.702, "Pahl", resol. de 7-III-2019; B. 75.964, "Perez", resol. de 18-IX-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.520, “Fernández”, resol. de 23-XI-2020 y B. 76.547, “Municipalidad de Monte Hermoso”, resol. de 30-III-2021).
IV. Como quedó relatado, el magistrado del fuero contencioso administrativo de origen, luego de recibir las actuaciones tras el desprendimiento efectuado por su par en lo civil y comercial en razón de la materia, declaró su competencia para intervenir en el asunto, corrió traslado de la demanda y requirió a la Municipalidad la elaboración de un informe acerca de los antecedentes y fundamentos del remedio cautelar peticionado.
Así, la demandada al momento de contestar el requerimiento formulado, denunció la incompetencia del órgano actuante “para resolver la cuestión de fondo”, en virtud de una cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales del Departamento Judicial de La Plata inserta en el contrato de comodato que unía a las partes, no obstante lo cual produjo el informe que se le pidiera.
Ahora bien, el planteo allí articulado excede el acotado marco de actuación regulado en el art. 23 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, que de modo alguno importa otorgar al organismo oficiado una instancia anticipada para esgrimir las excepciones o defensas que pretenda hacer valer en el litigio, las que deberán introducirse -eventualmente- en la etapa procesal oportuna.
En tales circunstancias, cabe concluir que lo actuado por el mentado órgano luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas y que, en consecuencia, la declaración de fecha 2 de noviembre de 2020 fue intempestiva (conf. art. 8, CCA).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes quien continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2021 14:25:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2021 17:13:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2021 14:28:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:30:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 19:34:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia