Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77219
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Familia Nº2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.77.219 “RIOS BRENDA ANAHI C/ MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Brenda Anahí Ríos, por derecho propio y de conformidad con el artículo 12 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo, promueve acción de restablecimiento y/o reconocimiento de derechos contra la Dirección del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que el organismo provincial, por intermedio de su delegación de la localidad de Moreno, dé inicio con carácter de pronto despacho, "...al trámite administrativo de inscripción tardía de nacimiento", por cuanto desde el momento de su nacimiento, el día 7 de enero de 1999, se encontraría en estado de indocumentada.
Comenta que, por sus circunstancias personales, su progenitora no habría podido llevar a cabo en tiempo y forma los trámites administrativos que prevé la ley 14.708 para la inscripción de los recién nacidos.
Pone de manifiesto que, una vez alcanzada la mayoría de edad y con arreglo al artículo 29 de la ley 26.413 -cfr. art. 15 de la ley 27.611-, se presentó ante esa dependencia regional con el ánimo de iniciar las respectivas diligencias administrativas necesarias para la inscripción de su nacimiento y, posteriormente, para la obtención de su documento de identidad. Pese a ello, relata que recibió reiteradas respuestas evasivas por parte de la referida repartición, corriendo la misma suerte el posterior reclamo que presentara ante esta última.
Alega que esta actitud omisiva del organismo demandado conlleva la indefectible conculcación de su derecho a la identidad, como de otros derechos esenciales interrelacionados entre sí (a la educación, a la salud, al trabajo, a las políticas sociales y asistenciales).
En ese contexto, solicita se ordene una medida cautelar innovativa, con la finalidad de compeler a la entidad provincial a que, con el carácter que la actora le imprime a su petición (de "pronto despacho"), inicie las actuaciones administrativas para la posterior obtención de su documento de identidad (cfr. escrito electrónico de fecha 29-IV-2021).
II.1. A raíz de las consideraciones desarrolladas por la demandante en su escrito postulatorio (ver apdo. IV de dicha presentación), la causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes.
Al reputar que el objeto de la pretensión subsumía en la exclusión de competencia del artículo 4 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, la titular de ese organismo se declaró incompetente.
En ese entendimiento, y citando doctrina de esta Corte para fundamentar su postura, dispuso la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez para que realice el correspondiente sorteo entre los juzgados de familia de esa jurisdicción territorial (cfr. sent. interlocutoria de fecha 7-V-2021, obrante en el expediente electrónico).
II.2. Tal decisorio motivó a que la actora interpusiera, en línea con el artículo 55 del código adjetivo, un recurso de apelación, cuya concesión fue desestimada por el juez especializado, quien fundamentó ese temperamento en la doctrina de su tribunal de alzada (cfr. proveído electrónico de fecha 12-V-2021).
II.3. Así fue que las actuaciones quedaron finalmente radicadas en el Juzgado de Familia Nº2 de Moreno.
Su magistrada subrogante, en la inteligencia de que el reclamo que persigue la demandante es "...que sea reconocido su derecho a iniciar el trámite correspondiente" ante la delegación regional, mas no deducir -pese al fin último de la pretensión planteada- un juicio de inscripción de nacimiento tardía, también se declaró incompetente (cfr. resol. electrónica de fecha 4-VI-2021).
A tenor de esa decisión es que planteó la contienda negativa de competencia, girando las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín para que las resuelva.
Empero, esta última, afirmando -correctamente- no revestir, respecto de los órganos jurisdiccionales en conflicto, el carácter de "tribunal superior común" para dirimir el conflicto suscitado en autos, elevó con ese objeto los actuados a esta Suprema Corte de Justicia (art. 7 inc. 1, CCA) (v. sentencia interlocutoria de fecha 2-VII-2021, obrante en el expediente electrónico).
III. El artículo 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1, CCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
IV. Pues bien, sobre la base de esas directrices normativas y tomando en consideración la narración de los hechos que realiza la actora en su escrito postulatorio (doctr. causa B. 77.098, "M.,V.N.", resol. de 9-VI-2021 y sus citas), cabe afirmar la competencia del juez del fuero especializado para seguir conociendo en el expediente.
Ello así, dado que el objeto de la pretensión es restablecer el trámite de un procedimiento administrativo, a cuyo fin la demandante solicita expresamente su pronto despacho, mas no la orden judicial de la inscripción en sí de su nacimiento.
De allí que la acción consista en lograr la iniciación de un trámite -que la ley nacional califica de "inscripción tardía"- vinculado con la sustanciación de tal procedimiento administrativo, donde la entidad provincial requerida, en ejercicio de la función administrativa por ella desplegada, resultaría autoridad de aplicación a los efectos de proveer el respectivo Documento Nacional de Identidad por no haber sido inscripto oportunamente el nacimiento.
V. Por lo tanto, sin abrir juicio acerca de la calificación realizada por el juez que intervino en primer término, cabe concluir que la materia encuadra dentro de la competencia del fuero contencioso administrativo (art. 166 in fine , Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Familia Nº2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2021 18:44:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2021 09:48:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2021 13:32:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 09:56:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 14:08:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia