Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77246
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
A.77.246 “INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó -en lo que fuera materia de agravio- la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda deducida por INGALFA SACyM contra la Municipalidad de La Matanza y condenó a ésta última a abonarle a aquella, en razón del cumplimiento de un contrato de obra pública que había sido celebrado entre las partes, la suma que indicó. Asimismo, le ordenó a la comuna demandada que procediera a reintegrar los originales de las pólizas de seguro de caución que hubieran sido contratadas y entregadas por la parte actora en concepto de garantía de cumplimiento del contrato y de sustitución de fondo de reparo, así como las sumas que se hubieran abonado con posterioridad a la recepción definitiva (v. sent. de fecha 18-V-2019).
Para así decidir, comenzó por señalar que la argumentación crítica desplegada por la apelante se circunscribía a lo resuelto en relación al certificado de obra n°6, por lo que el análisis de su decisorio se centraría en ese punto y los demás aspectos del pronunciamiento quedarían excluidos del debate, al haber llegado sellados a esa instancia en razón de no haber merecido objeción alguna de parte de los interesados.
Luego, advirtiendo que los agravios formulados por la apelante eran escuetos, resultando pobres en su derrotero, indicó que la cuestión a dilucidar se limitaba a determinar si el motivo enarbolado por la parte demandada -a saber, supuesta falta de presentación de la factura vinculada al aludido certificado de obra n°6- resultaba válido para repeler la pretensión del cobro de la suma dineraria perseguida por la actora.
Expresó que aun cuando no se encontraba acreditada en la causa la afirmación que hiciera la parte actora en su demanda en cuanto a que habría presentado ante la comuna demandada la factura apuntada, lo cierto es que tal circunstancia no constituía, a su entender, obstáculo alguno para la oportuna satisfacción del crédito reclamado.
Destacó que de la integración de lo establecido tanto en el Pliego de Condiciones Legales Generales y del Pliego de Condiciones Particulares de la contratación al establecer la modalidad de pago, como de lo dispuesto por la ley 6.021 y el decreto reglamentario 5.488/59 en lo relativo a tal capítulo, no quedaba margen de duda acerca de la suficiencia de la presentación del mencionado certificado de obra para el cobro del importe comprometido por las tareas realizadas, exhibiéndose tal argumento como un ritualismo infundado.
Agregó que ni siquiera en el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires se reduce la demostración de un crédito a favor únicamente al instrumento denominado “factura”.
Asimismo, expresó que reafirmaba su convicción la conducta reprochable desplegada en estas actuaciones por parte del municipio demandado, por cuanto advertía que el motivo esgrimido en sede administrativa para haber incumplido el pago difería del sostenido en esta litis , en tanto en aquel ámbito se argumentaba que el pago reclamado no podía ser cancelado “dado que Nación no remitió los fondos correspondientes”, configurando de ese modo un obrar reñido con la buena fe y el principio de la confianza legítima que resultan exigibles en el ámbito contractual.
II. Frente a ello, la demandada vencida, mediante presentación electrónica de fecha 7-VI-2021 a las 10:12:38 a.m., interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual disiente de los argumentos expuestos por el Tribunal de Alzada al decidir, a la vez que esgrime que el fallo atacado incurre en una absurda valoración de la prueba afectando la congruencia del decisorio.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que la falta de entrega de la factura no representa una simple formalidad no cumplida sino que tal exigencia está expresamente indicada por la ley al tratarse de manejo de fondos del erario, no pasa de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a manifestar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Tal agravio no se configura con la sola discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede esta Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:01:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:49:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:31:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 18:00:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 19:19:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2022 19:20:01 hs. bajo el número RR-387-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia