Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78442
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 168, Const. prov.; 60, CCA; 296, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas a las recurrentes (art. 298 in fine , CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (arts. 60 inc. 1, CCA; 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a las vencidas (art. 289 in fine , CPCC).
El depósito previo efectuado en autos queda perdido para las recurrentes (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
A.78.442 “TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS - OTROS JUICIOS -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY-“
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud dijeron:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda interpuesta por las firmas Transporte Automotor Plaza SACEI y Mayo SATA contra la Municipalidad de Bahía Blanca, mediante la cual pretendían una reparación económica " ...por la pérdida sufrida ante el desequilibrio de la ecuación económico financiera del contrato de concesión oportunamente suscripto con el municipio, provocado por la omisión del concedente de ajustar el cuadro tarifario..." conforme la situación que atravesaban las empresas (v. sent. de grado de 10-VI-2021).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado que rechazó la demanda (v. sent. de fecha 15-II-2022).
Para así decidir, entendió que no se encontraba en discusión que las actoras dedujeron su reclamo procurando que el Municipio les reconozca y abone una suma de dinero a título indemnizatorio de los quebrantos que dicen haber sufrido como consecuencia de la falta de adecuación por parte de la Comuna del cuadro tarifario correspondiente al servicio de transporte público de pasajeros que otrora prestaran las empresas demandantes -inicialmente a título precario y luego como concesionarias de las líneas 502, 517, 518, 519A, 503, 509, 512, 513, 504, 505, 506 y 516- en la ciudad de Bahía Blanca.
Destacó que las firmas demandantes expusieron que mediante el decreto 225/12 se dispuso la caducidad del contrato entonces vigente para luego otorgarse la explotación del servicio a la Empresa Bahía Transporte SAPEM, aunque a partir de ese momento se reconocieron todos los errores regulatorios y tarifarios en que incurriera el Municipio y que fueran causantes del quebranto que se reclama en autos.
Ponderó el alcance con el que fuera impetrada la pretensión que motiva el pleito y las constancias obrantes en los expedientes administrativos y entendió que no habían razones capaces de poner en crisis el fallo de primera instancia.
Recordó que, según la concepción jurisprudencial imperante, la pretensión indemnizatoria derivada de la ilicitud de actos administrativos deviene improcedente siéstos adquirieron firmeza al no ser impugnados por los cauces y plazos pertinentes, razón por la que no será admisible el reclamo de los daños y perjuicios basados en el presunto accionar ilegítimo de la Administración.
Agregó que dicha conclusión no es sino una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de este tipo de pretensiones respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que, por regla, es dable predicar respecto de los actos de la autoridad.
Resaltó que, en sentido armónico con dichos postulados, el art. 20 de la ley 12.008 y sus modificaciones establece que la pretensión resarcitoria incoada con el objeto de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por el obrar ilegítimo de la Administración, podrá deducirse juntamente con la de anulación del acto administrativo o bien como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y antes del vencimiento del plazo de prescripción.
En coincidencia con el juez de grado, fundamentó el rechazo de la pretensión indemnizatoria -en lo medular- en la falta de impugnación por parte de las demandantes de los actos municipales que rechazaron los planteos de reajuste del cuadro tarifario. En sustento de su decisión, citó la jurisprudencia que establece que el pedido de ilicitud de actos administrativos deviene improcedente siéstos adquirieron firmeza al no ser impugnados por los cauces pertinentes.
Al respecto, rechazó el planteo actoral de aplicación de la doctrina de los actos coligados. Sostuvo que el hecho de haber entablado la actora una pretensión anulatoria contra el decreto 225/2012 -que dispuso la caducidad del contrato de concesión- no obstaba a la solución adoptada, ya que dicha causa -en tramite ante el mismo Juzgado de primera instancia- no tiene sentencia definitiva, su último movimiento procesal útil es de fecha 6-III-2014 y se encuentra paralizada como consecuencia de esa inactividad desde el 12-I-2017.
Consideró que la inexistencia de sentencia alguna que disponga la ilegitimidad del mentado decreto se erige en un valladar para abordar una pretensión resarcitoria de los denunciados perjuicios ocasionados por aquella actuación administrativa reputada ilegítima (v. sent. de 15-II-2022).
I.3. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. present. electr. de 9-III-2022), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 20-IX-2022.
II. En relación a la vía de nulidad que fuera concedida, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal con reiteración, sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas A. 71.185, "Barbero", resol. de 27-IV-2011; A. 72.375, "Maza", resol. de 8-V-2013; A. 72.919, "Muzzio", resol. de 23-IV-2014; Q. 76.046, "Mujica", resol. de 15-IV-2020; A. 77.813, resol. de 27-VI-2022).
En el medio revisor en abordaje, la recurrente alega que la Cámara omitió tratar una cuestión esencial al rechazar la apelación sin haberse hecho lugar a la previa resolución de la causa caratulada "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otro/a c. Municipalidad de Bahía Blanca s. Pretensión Anulatoria -Otros Juicios-" (expte. Nº 12.314), de trámite ante el mismo juzgado de Bahía Blanca, donde se impugnó el decreto 225/12 -que extinguió el contrato de concesión del servicio de transporte por caducidad-. Denuncia así la omisión de analizar la aplicación de la doctrina de los actos coligados.
Sobre el punto, cabe recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del tribunal y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas A. 73.443, "Bentaberry", resol. de 17-XII-2014; A. 71.558, "Gonzalez", sent. de 4-VIII-2016; A. 74.732, "Gonzalez", resol. de 28-VI-2017; Q. 76.859, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bingo Mar de Ajó S.A.", resol. de 22-III-2021; Q. 76.464, "Lyla Productores SA", resol. de 22-III-2021, A. 76.448, "Pinamar Golf Club", resol. de 27-V-2021).
En autos no se advierte la transgresión denunciada, desde que la cuestión que se dice preterida fue expresamente tratada por el Tribunal de Alzada, solo que en sentido desfavorable a los intereses de las recurrentes.
Por ello, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 168, Const. prov.; 60, CCA; 296, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas a la parte recurrente (art. 298 in fine , CPCC)
III. La misma suerte corre el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento a su ostensible deficiencia técnica (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
III.1. Sin perjuicio de la dificultad que -dada la fundamentación promiscua que exhiben las impugnaciones- implica desentrañar dónde comienza y termina el remedio en estudio, en la presentación recursiva puede observarse que la parte actora denuncia que la Cámara incurrió en absurdo, al desconocer que el decreto 225/12 ha sido efectivamente impugnado por la acción de nulidad que tramita en la causa "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otro/a c. Municipalidad de Bahía Blanca s. Pretensión Anulatoria -Otros Juicios-" (expte. N° 12.314)-. A su vez, acusa arbitrariedad en la sentencia, al rechazar el a quo la presente acción sin la resolución previa de la pretensión anulatoria mencionada, por lo cual -a su criterio- la decisión del Tribunal de Alzada impugnada deviene prematura. La recurrente concluye que el fallo de la Cámara implica no sólo el rechazo de la acción en forma contraria a derecho, sino también a que puedan dictarse sentencias contradictorias, consumándose así un escándalo jurídico.
Por último, aduce que, como la sentencia de la Cámara resulta prematura, debe ser revocada y remitirse las actuaciones para el dictado de una resolución en la cual se suspenda el llamado de autos para sentencia hasta la resolución definitiva de las actuaciones donde se persigue la anulación del decreto 225/12 (expte. 12.314).
III.2. En primer lugar, se advierte que las recurrentes, al denunciar que la Cámara incurrió en absurdo por desconocer que el decreto 225/12 ha sido efectivamente impugnado por la acción de nulidad que tramita en la causa arriba mencionada (expte. N° 12.314), no ha demostrado que tal razonamiento haya incurrido en el vicio lógico que supone esa causal, no planteando más que una discrepancia insuficiente para modificar el pronunciamiento atacado.
Tiene dicho esta Corte que este vicio es de tal magnitud que solo puede constituirse por el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de normas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 77.561, "Ferreyra", resol. de 1-V-2022; A. 77.281, "Bellusci", resol. de 3-V-2022 y A. 77.279, "Duhalde", resol. de 3-V-2022, e.o.).
De allí que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa.
Tal situación extrema está lejos de configurarse en autos, pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre.
III.3. En cuanto a la arbitrariedad denunciada y atendiendo a la reserva del caso federal formulada, cabe recordar que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su articulación no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133, 717 y 339:1066; doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; A. 76.527, "Vizzotti", sent. de 24-XI-2022 y A. 76.982, "Ricci", sent. de 4-VIII-2023).
Bajo esas premisas, la escueta argumentación desplegada en esa dirección -denunciada promiscuamente con el absurdo- por la parte recurrente se traduce en no más que el desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal superior, insuficiente a los fines de tener por acreditado el defecto endilgado. Máxime cuando todo ello, en definitiva, remite a la valoración de circunstancias de hecho y a la interpretación de normas de derecho público local (CSJN Fallos: 331:477; 330:4211 y 340:1089; doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020 y A. 75.067, "Álvarez", sent. de 30-VIII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 168, Const. prov.; 60, CCA; 296, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas a las recurrentes (art. 298 in fine , CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (arts. 60 inc. 1, CCA; 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a las vencidas (art. 289 in fine , CPCC).
El depósito previo efectuado en autos queda perdido para las recurrentes (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2023 13:17:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2023 18:28:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2023 11:05:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:22:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:06:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 14:15:41 hs. bajo el número RR-883-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia