Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79160
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.79.160 "HERNANDEZ CARMEN INES C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda deducida por la señora Carmen Inés Hernández por la que persigue la anulación del decreto 1875, dictado por el señor Intendente de la Municipalidad de General Rodríguez con fecha 29-XI-2012, en el marco del expediente administrativo n° 4050-89819/09, mediante el que se dispuso la cesantía de la agente en virtud de haberse verificado modificaciones anómalas en la titularidad de dos partidas inmobiliarias -hecho que fuera denunciado por un contribuyente-, constatándose luego la cantidad de 111 acciones similares informadas por las áreas de Sistemas y Auditoría de la citada comuna.
Es conveniente señalar que el magistrado de origen había decidido que, con fundamento en los arts. 60 inc. "b", 64 incs. 2, 3 y 10 y 73 de la ley 11.757, la medida expulsiva había sido correctamente dispuesta, de conformidad a los antecedentes que le sirvieron de causa y cumpliéndose por parte de la demandada todos los procedimientos y pautas establecidos en aquella ley. A su vez, había considerado que no se verificaba desvío alguno a lo indicado en el decreto 137/10 que había ordenado la instrucción sumarial a las dos agentes implicadas, sin que surgiera de las actuaciones cualquier otro elemento que diera cuenta de la participación de otro individuo en los hechos denunciados y que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 84 del decreto ley 7.647/70, el damnificado denunciante no era parte en las actuaciones, salvo cuando se pretendiere o reclamare algún derecho.
I.1. El Tribunal de Alzada comenzó por analizar el primer planteo efectuado por la actora, relacionado con la valoración de las constancias administrativas efectuada por el anterior juzgador, puntualmente respecto a la supuesta falta de citación del contribuyente que diera origen a las actuaciones administrativas.
Sobre el punto refirió que, tal como había expresado aquel magistrado y conforme a la norma citada, ni el denunciante, como tampoco el propio Director de Sistemas e Informática, eran parte en las actuaciones -pues no estaban reclamando derechos-, por lo que de la lectura del agravio en análisis se desprendía que la recurrente, en cuanto argumentaba que la sentencia debió haber considerado de otro modo la falta de citación del contribuyente, no rebatía el sustento normativo puesto de relieve por el juez de grado, lo cual se traducía como una mera discrepancia subjetiva con lo allí decidido.
Agregó que tampoco lograba enervar lo resuelto el acuse de la actora en cuanto a que el sumario en estudio se encontraba dirigido a perjudicarla por no encontrarse alineada políticamente o con el accionar interno de sus jefes y compañeros.
Sobre el particular, la Cámara entendió que el argumento no era de recibo por cuanto se encontraba desprovisto de todo soporte fáctico y probatorio, quedando configurado como otra discrepancia de criterio frente a lo resuelto.
I.2. A similar conclusión arribó la a quo sobre los planteos formulados respecto a que las fechas de las modificaciones de datos investigadas eran posteriores a la denuncia del contribuyente que diera origen al sumario y a la discrepancia de contenido de las declaraciones de la coimputada Arca y la agente Ubellart.
Estimó que las manifestaciones de la actora no lograban desacreditar la existencia objetiva de los hechos que surgían del sumario administrativo y que dieran lugar a la sanción expulsiva. Estos eran: la existencia de las alteraciones; que la actora tenía acceso para efectuarlas y, por último, que se hicieron con su usuario mientras ésta se encontraba en el lugar de trabajo.
Por ello compartió la conclusión del magistrado de grado en cuanto a que la apelante sólo se limitaba a exponer su desacuerdo con lo actuado en sede administrativa, sin aportar alguna prueba que rebatiera la colectada en las actuaciones y que hacía a la configuración de su responsabilidad por los hechos ocurridos.
I.3. Se abocó luego a atender la crítica esgrimida en relación a la conformación de la Junta de Disciplina.
Señaló que el magistrado de origen había rechazado tal planteo al apuntar que el decreto 1571 del 25-VIII-2011, que había dispuesto la renovación de la nómina de integrantes de la mencionada junta, había sido cuestionado por la Asociación de Trabajadores del Estado regional (ATE), dando origen al expediente administrativo 4050-0125441/12, en el cual se dictó el decreto 1723 del 24-X-2012, por el que se había rechazado el pedido de la esa entidad por haber sido introducido de manera extemporánea, concluyendo el juzgador que no hallaba elementos que permitieran tener por impugnada la aludida decisión, debiéndosela considerar firme y zanjada toda discusión al respecto.
Ahora bien, la Cámara, a diferencia de lo resuelto por el magistrado y frente al argumento de la actora en punto a que, sin perjuicio de la extemporaneidad de la presentación de ATE, tenía derecho a cuestionar posteriormente aquella conformación, decidió que si bien el órgano mencionado se encontraba constituido previamente, el interés jurídico y la oportunidad de la agente en denunciar falencias en su integración a raíz de la intervención desplegada en el dictado del decreto 1875, nacía a partir del inicio del expediente administrativo y -por ello- tal planteo merecía ser oído.
Sentado ello y no obstante, en cuanto al fondo del agravio, decidió su rechazo.
Para ello recordó lo normado por los arts. 26 y 103 de la ley 11.757, y lo establecido en el mencionado decreto 1571, que había designado tres miembros titulares y tres suplentes en representación de los trabajadores municipales, teniendo en consideración cada una de las tres asociaciones gremiales existentes.
Luego refirió que la actora denunciaba que la mencionada Junta se encontraba mal conformada por considerar que debieron designarse dos miembros titulares y dos suplentes por cada representación gremial, es decir, un total de seis titulares y seis suplentes.
Sobre el punto, la a quo destacó que la normativa en estudio no contemplaba la situación en la que concurrieran diversas asociaciones gremiales y, por ello, entendió que la solución que proponía la actora desvirtuaba lo allí previsto, en tanto, de aplicarse, se desbalancearía el equilibrio de cada estamento en la conformación del órgano en cuestión. Entonces, debía ser rechazada.
I.4. Seguidamente, abordó en forma conjunta el estudio de los agravios por los cuales la actora señalaba tanto la falta de cumplimiento del decreto 137/10 -que había ordenado la instrucción del sumario administrativo- como la existencia de errores en el dictamen de Asuntos Jurídicos.
Al respecto, la Cámara anticipó que aquellos no podían prosperan en razón de su insuficiencia, en tanto los diversos planteos efectuados en la apelación ya habían sido materia de análisis por el magistrado de grado, apreciándoselos más como una mera disconformidad y una reedición de los argumentos expuestos en la instancia anterior, que una crítica concreta y razonada del error o errores en que habría incurrido el sentenciante con respecto a los puntos controvertidos, habiendo incumplido de tal manera con la carga procesal que le cabía en esta etapa de apelación a efectos de procurar revertir el resultado adverso obtenido.
En concreto apuntó que, en relación a la alegada imposibilidad fáctica de efectuar las modificaciones en el sistema informático -que dieran lugar al sumario- (esto dado el acotado margen de tiempo entre que se ingresaba a la sede comunal y la corrección realizada), la actora reiteraba los argumentos expuestos en la demanda, sin indicar la prueba sobre la cual sustentaba sus dichos. En tal sentido, refirió que no surgían ofrecidos elementos en concreto que ilustraran acerca de la ubicación del ingreso y su puesto de trabajo, o el tiempo que podría llevar recorrer ambos puntos. Y menos aún, que aquella hubiera sido apreciada erróneamente u omitida su ponderación.
En esas condiciones el Tribunal de Alzada estimó que el agravio en cuestión se encontraba desierto, en tanto -en definitiva- no se había indicado cuál era la prueba que no había sido valorada o desinterpretada a efectos de sostener la idea de su argumento y rebatir lo expuesto por el juez de grado, quedando lo expuesto en el escrito recursivo como una mera discrepancia subjetiva.
Concluyó entonces que las parcelas del recurso de apelación se encontraban desiertas por falta de fundamentación suficiente en los términos del art. 56 inc. 3° del Código Contencioso Administrativo.
I.5. Por último, abordó el embate de la actora dirigido a cuestionar la causa, objeto y motivación del acto impugnado, en miras a obtener su anulación en razón de vicios que lo afectarían.
Consideró que esto no podía tener favorable acogida en tanto se advertía que el planteo integraba un argumento novedoso que no había sido formulado en el momento procesal oportuno y, por ende, no había sido sometido al examen del juez de primera instancia, resultando de ese modo tardío y -por ende- vedado al conocimiento de esa Alzada a tenor de lo normado por los arts. 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicables por remisión del art. 77 inc. 1° del CCA).
Recordó que la expresión de agravios no es la vía pertinente para alterar la relación procesal, introduciendo nuevos planteos que debieron proponerse oportunamente y rechazó de ese modo el intento impugnatorio analizado en esta parcela del recurso.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 7-XI-2023)
II. Frente a ello, la actora vencida, mediante presentación electrónica de fecha 22-XI-2023, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual, reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de apelar, denuncia que -interpretando erróneamente la normativa aplicable- la sentencia atacada avala la irregular conformación de la Junta Disciplinaria, a la vez que incurre en violación del art. 103 de la ley 11.757 y, consecuentemente, del art. 18 de la Constitución nacional y de los arts. 1° segundo párr. y 6 inc. “u” de la ley 14.656.
También se agravia en cuanto a la trascendencia otorgada por el Tribunal de Alzada al dictamen del área de Asuntos Jurídicos del que, según interpreta la apelante, surge que no se habría podido demostrar su efectiva participación material en los cambios de contribuyentes en el sistema RAFAM.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5.827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente respecto de que la Cámara, al resolver en relación a la integración de la Junta disciplinaria, lo hizo a través de una "aventurada" interpretación de la norma, no pasa de constituir un criterio reiteratorio y divergente respecto de lo expresado en el decisorio impugnado, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos que fueron dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que, a juicio del recurrente, padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras).
No es ocioso destacar que los agravios indicados, planteados nuevamente en esta instancia extraordinaria, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
IV.2. Con mayor razón, en punto a la vulneración de lo establecido por la normativa cuya conculcación se denuncia, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Ha decidido reiteradamente este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador tal como acontece en la especie (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018), por lo que su planteo no constituye más que un juicio de disconformidad personal en el que omite señalar las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una vulneración al cuerpo legal traído a colación (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018; A. 76.594, "Di Girolamo", resol. de 23-XII-2020, entre otras).
IV.3. Para más, tal como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente, más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016), vicio -éste último- que no ha sido invocado ni acreditado debidamente.
En efecto, la impugnante esgrime una falta de consideración por parte de la Cámara del informe del Director de Asuntos Jurídicos, del que extrae en una sesgada interpretación de lo allí concluido, con relación a la divulgación de la clave personal a la otra agente sumariada, que aquél ponderó que tal actuar no hacía plena prueba para adjudicar responsabilidad a la aquí apelante.
Cabe recordar que tiene dicho esta Corte que el mencionado agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
En tal marco, las críticas traídas por la recurrente -al margen de que omiten una formal denuncia de absurdo- no exteriorizan más que la reedición de una discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 78.169, "Godoy", resol. de 2-III-2023, entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2024 13:45:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2024 13:10:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:09:46 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 19:11:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2024 11:06:31 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/07/2024 11:13:56 hs. bajo el número RR-519-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia