Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79129
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín, al cual se remitirá el expediente para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.79.129 "ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ DESLER S.A Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La Asociación Inquietudes Ciudadanas, a través de su presidente, promueve demanda contra las empresas Desler SA e Ipes SA a fin de que se decrete la clausura de dos de sus plantas de tratamiento de residuos -la de la primera de las demandadas, emplazada en la localidad de Malvinas Argentinas; la de la segunda, en Bahía Blanca-, en virtud de que ambas habrían infringido normativa tendiente a preservar el ambiente.
Asimismo, requiere que se condene a las accionadas al pago de una suma dineraria al Fondo de Compensación Ambiental equivalente al exceso de volumen de residuos tratados en las mentadas plantas durante los últimos diez años -monto que, según alega, se determinará en la etapa probatoria-.
Por otro lado, pide que se cite como tercero al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible -actual Ministerio de Ambiente-, ello por tratarse del órgano de control encargado de realizar las inspecciones vinculados a los hechos denunciados.
Por último, plantea la conexidad de los presentes con la causa "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ materia a categorizar" (expdte. N°15.833), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata. En tal sentido, solicita que la demanda tramite ante ese órgano jurisdiccional (v. escrito de demanda de 9-IV-2019, de fs. 7/37).
II. Por las razones expuestas en el párrafo precedente, la causa se radicó inicialmente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, luego de que su titular tuviera por ampliada la demanda y confiriera su traslado, tanto Desler SA como Ipes SA esgrimieron excepciones de incompetencia.
En el primero de esos planteamientos -el deducido por Desler SA-, la demandada adujo que, en función de lo previsto en el art. 5 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial, correspondía que interviniera alguno de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Martín, que es donde se halla ubicada una de las plantas de tratamientos residuales cuyo obrar la actora cuestiona.
También, arguyó que en el supuesto de que se encuentre procedente la conexidad alegada, la acumulación de los obrados -por aplicación del principio de prevención contemplado en el art. 189 del código de rito- debía efectuarse sobre el expediente en el que primero se notificó la demanda -es decir, este-. Siguiendo esta línea de razonamiento, sostuvo que, de tener que ventilarse ambas causas ante un mismo órgano, debía intervenir un juzgado en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Martín, por ser el lugar de cumplimiento de las obligaciones presuntamente incumplidas (v. escrito de fs. 249/251).
En el segundo, Ipes SA, mediante el mismo apoderado, plantea nuevamente la incompetencia y, partiendo de la base de que la competencia territorial -a diferencia de la material- resulta prorrogable en función de la voluntad de las partes, requiere que la pretensión contra ella articulada tramite juntamente con la esgrimida contra Desler SA en el Departamento Judicial de San Martín -esto, a pesar de que su planta de tratamiento de residuos se halle en Bahía Blanca- (v. escrito de fs. 262/263).
Ante este escenario, la titular del juzgado dio acogida a ambas excepciones. No obstante, desestimó el planteo relativo a la conexidad luego de sopesar que en las causas no existía identidad subjetiva, dado que en una -la presente- se cita al OPDS como tercero interesado y, en la otra, se lo demanda. Al resolver de esa forma, ordenó que los autos fueran remitidos a la Receptoría General de Expedientes de San Martín para que se procediera a su nueva adjudicación (v. resol. de 20-X-2021).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, confirmando así lo decidido por la jueza de primera instancia (v. resol. de 17-VIII-2023).
De este modo, previo sorteo, las actuaciones fueron radicadas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín. Empero, su magistrado a cargo rechazó la competencia que se le endilgara en la inteligencia de que sí existía una clara conexidad entre ambas causas y de que su subsiguiente acumulación debía darse sobre el expediente iniciado en el Departamento Judicial de La Plata, por ser el juzgado preactuante competente territorialmente.
Para así resolver, afirmó que en autos prevalecía lo establecido en el art. 5 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, mediante el cual se determina que resulta competente par decidir en este tipo de litigios el juzgado contencioso administrativo correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión procesal. En este orden de ideas, arguyó que, puesto que entre los involucrados se hallaba el OPDS -como demandado en una y como tercero interesado en la otra- y habida cuenta de que este tiene su domicilio en la capital provincial, las acciones debían tramitar en el Departamento Judicial de La Plata.
En consecuencia, planteó formalmente la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 24-XI-2023).
III.1. Interesa puntualizar que parte de esta cuestión versa sobre la competencia en razón del territorio, una de cuyas notas -a diferencia de lo que sucede con la competencia material- reside en la prorrogabilidad (arg. art. 6, CCA). Mudar el emplazamiento del litigio de un tribunal a otro del mismo fuero, de ordinario, no compromete valores superiores del ordenamiento. De hecho, durante años, la propia Fiscalía de Estado pareció observar cierta aquiescencia respecto de la tramitación descentralizada de los litigios, asumiendo la defensa de los intereses provinciales en cada sede departamental sin inconvenientes significativos (doctr. causas B. 73.126, "Sarachaga", resol. de 6-IV-2016 y B. 74. 306, "Carboquímica del Paraná SA", resol. de 21-IX-2016).
En adición, el temperamento clásico que ha guiado la fijación de la competencia territorial para la promoción de acciones personales en la legislación procesal reposa en la idea de no forzar al demandado a litigar ante un tribunal ajeno a su domicilio, a instancias de un reclamante que no ha demostrado todavía la procedencia de su pretensión (cfr. Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 2ª ed., Bs. As., 1957, t° II, ps. 527 y ss.; Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, 5ª reimp., Bs. As., 1994, t°II, p. 387). Parece lógico que esa concepción deba ser matizada tratándose de la demandabilidad de la Provincia o de sus entidades, cuyas autoridades, aunque cuentan con domicilio en una determinada ciudad, normalmente la capital, ejercen sus cometidos y tienen presencia en todo el territorio provincial.
III.2. En lo relativo a la conexidad, cabe recordar que con arreglo a lo dispuesto en los arts. 87, 88 y 188 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte de Justicia ha entendido necesaria la acumulación en aquellos supuestos en donde las causas presentaban, entre sí, una "triple identidad" de sujeto, objeto y causa que pudiera dar lugar a que la sentencia a dictarse en una de ellas produjera efectos de cosa juzgada en la otra. Por lo cual, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos eran idénticos, resultaba imprescindible su acumulación (doctr. causas B. 55.121, “Riblam”, sent. de 18-XI-1997; B. 53.841, “Trevisiol Hnos. SA”, sent. de 27-XII-2002; B. 63.508, “Margaria”, resol. de 21-XI-2005; B. 73.096, cit.; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. 17-VIII-2016; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021 y CSJN Fallos: 319:1397; 323:3546; 325:2848; 327:2746).
Así, ese tipo de medidas procede cuando dos o más litigios en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
IV. Sobre la base de lo expuesto, no puede sostenerse que los presentes obrados deban tramitar ante el fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata en razón de que allí se encuentra emplazado el domicilio del tercero interesado -OPDS-. Ello así, toda vez que la planta de tratamiento de residuos perteneciente a la codemandada Desler SA -lugar en el que presuntamente se llevó adelante la conducta ilícita- se ubica en el partido de Malvinas Argentinas (cfr. art. 5 inc. 3, CPCC).
A eso debe añadirse que la restante codemandada, Ipes SA, cuya planta está situada en Bahía Blanca, consintió expresamente la prórroga de jurisdicción en favor del fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Martín.
De tal modo, siendo una de las notas particulares de la competencia territorial -como se dijo- su prorrogabilidad y habida cuenta del matiz que debe emplearse a la hora de evaluar este aspecto en los supuestos en los que se demande a la Provincia de Buenos Aires, no se encontraría justificada la intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata.
Ahora bien, resta abordar -como se adelantara- la cuestión de la conexidad. En lo concerniente a este punto, es posible afirmar que, tal como arguyera la jueza interviniente, en autos no se encuentran reunidos los extremos exigidos por el código ritual para admitir la acumulación de procesos.
En efecto, es dable advertir que los pleitos bajo análisis no comparten idénticos sujetos: mientras que en uno se demanda a las empresas Desler SA e Ipes SA, en el otro se acciona directa y exclusivamente contra el OPDS. Ello, sin perjuicio de que este último haya sido citado como tercero interesado en el primero de los procesos referidos.
V. En vista de las consideraciones formuladas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín para que continúe interviniendo en la causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín, al cual se remitirá el expediente para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20)./
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2024 07:26:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2024 10:33:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2024 13:22:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:16:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:21:10 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/10/2024 11:25:40 hs. bajo el número RR-771-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia