Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80085
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de General San Martín, ante el cual, por Secretaría, se radicarán las presentes actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10, a la Asesoría de Incapaces N°3 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4, todos del Departamento Judicial de La Plata.
B.80.085 "V. M. N. C/ FISCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y PODER JUDICIAL PROVINCIA BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIOS- CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. M. N. V. promueve pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos contra la Provincia de Buenos Aires, con el fin de que se le reconozca el derecho a la educación inclusiva, consagrado en el art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Al respecto, explica que mediante la resolución interlocutoria de fecha 16 de agosto del 2024 recaída en el marco de los autos caratulados “G., L. B. c/ V., P. A. s/ Medidas Precautorias (art. 232 del CPCC)” en trámite por ante el Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de General San Martín (expte. n° 82.998) y que luego fuera confirmada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, se lo obligó a desviar su trayectoria educativa en una escuela común hacia la modalidad especial en un Centro de Formación Integral “Escuela Laboral”.
En este sentido, arguye que debe declararse la nulidad de todo lo actuado, en tanto se lo despojó de su derecho a decidir y se lo privó de su derecho a la educación inclusiva, conforme lo previsto en los arts. 12, 13 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Así pues, alega que no se le dio la oportunidad de ser oído para comunicar su voluntad en un tema que atañe a los derechos fundamentales inherentes a su dignidad y autonomía, en abierta contradicción con lo establecido en los arts. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 707 antes citado. En línea con esto, estima que se ha cercenado su derecho al debido proceso.
En otro orden, afirma que la decisión atacada vulnera múltiples derechos conexos o afines al derecho a la educación, tales como a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad. Asimismo, sostiene que la medida adoptada no se adecua a los principios del interés superior del niño y de no regresividad.
Por último, solicita que se ordene a título cautelar y con máxima urgencia mantener su trayectoria educativa en la modalidad común y en una escuela de su elección, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata, cuya magistrada se rehusó a intervenir en el asunto. Para ello, argumentó que la contienda debía ser resuelta por los órganos del fuero civil y comercial, toda vez que los presupuestos dispuestos en el art. 166 de la Constitución provincial y los arts. 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo condicionan la competencia del fuero a que la actuación u omisión denunciada sea en el ejercicio de funciones administrativas, y que en el presente la conducta reprochada se encontraría ocasionada en la actividad jurisdiccional de la Provincia, por lo que resultaría ajena a la competencia del fuero especializado en derecho público (v. resol. de 19-III-2025).
De este modo, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°23 departamental. No obstante, su titular se excusó de entender en la contienda, invocando motivos de decoro y delicadeza, toda vez que la parte demandada es el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y es en dicho ámbito donde ejerce su jurisdicción (v. resol. de 26-III-2025).
Así las cosas, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 de aquel departamento judicial. Allí, luego de dar vista a la Asesora de Incapaces, la jueza, sin objetar que lo resuelto por la magistrada ante quien se dedujo la pretensión en punto a que el asunto era ajeno al fuero especializado en derecho público, igualmente consideró que este no era propio de su competencia en la inteligencia de que el planteo efectuado por el demandante guardaba una íntima relación y conexidad con la pretensión deducida ante el Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de General San Martín. En particular, enfatizó que “esto es certeramente lo que acontece en este caso: se dictó una medida precautelar y, mediante la promoción de este proceso, se pretende revertir lo allí decidido” (v. resol. de 7-IV-2025).
Por ello, concluyó que debía procederse a la acumulación de ambos pleitos.
II.1. Tal pronunciamiento fue expresamente consentido por la parte actora, quien destacó la urgencia del caso, peticionó la pronta remisión del expediente y recusó con causa al titular de aquel órgano (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2025).
Por un error involuntario, los actuados fueron radicados en el Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de La Plata. Subsanado este yerro, el demandante requirió que con carácter de urgencia se le otorgue una entrevista personal, se declare la nulidad de todo lo actuado y se levante la medida precautelar recaída en la causa n° 84.548. Todo ello, previo apartamiento del magistrado actuante (v. escrito electrónico de fecha 6-V-2025).
II.2. A su turno, el juez de familia de General San Martín manifestó que al haberse expedido anteriormente en los autos que tramitaban ante sus estrados, “no habiendo el progenitor utilizado en aquellas actuaciones los remedios procesales de los que hubiera podido valerse por ante la Alzada y resultando incoherente que el infrascripto se expida nuevamente sobre una cuestión ya resuelta también por el Superior, existiendo por lo tanto razones de decoro y delicadeza conforme reza el art. 30 del CPCC, no corresponde aceptar la competencia atribuida por mi colega del Juzgado de Familia de La Plata” (v. resol. de 19-V-2025), a pesar de que en el caso no había intervenido ningún órgano del "fuero de familia de La Plata".
II.3. Al así decidir, dio por configurada la contienda negativa y la sometió a esta Suprema Corte para que la dirima.
Tras elevarse a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, las actuaciones quedaron finalmente radicadas en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. proveídos de fechas 26-V-2025 y 27-V-2025).
III. Preliminarmente, es pertinente señalar que, si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto de competencia que deba ser atendido por esta Corte, la naturaleza de los derechos en juego y la urgencia comprometida en el caso recomiendan una decisión definitiva sobre el órgano competente para conocer y decidir en el asunto.
IV. En la especie, la somera invocación de motivos de decoro y delicadeza, con arreglo en lo previsto en el art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial, efectuada por el titular del Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de General San Martín que lo lleva a concluir –sin más y sin excusarse- que resulta incompetente para intervenir en este juicio, pone de resalto que la pretensa contienda es solo aparente. Esto por cuanto, no ha resistido los argumentos vertidos en torno a la acumulación de los procesos ordenada por la jueza del fuero civil y comercial actuante, ni ha desconocido que el meollo de la cuestión radica en la revisión de una decisión cautelar dictada en el marco de un proceso que tramita por ante sus estrados.
Con esto en consideración, cabe recordar que el instituto de la excusación -al igual que la recusación con causa- es un mecanismo de excepción, cuya aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural, en miras de tutelar la imparcialidad de los magistrados llamados a intervenir en un determinado asunto (CSJN Fallos: 326:1512; doctr. causa C. 91.744, "Luchessi", sent. de 11-III-2009).
Así, se advierte que en el caso no se ha respetado el trámite reglado para el tratamiento tanto de la recusación formulada como de la excusación anunciada, mas no efectuada; circunstancia que podría zanjar la discusión y tornar inconducente la intervención del Tribunal en esta ocasión (conf. arts. 27 y 30, CPCC).
En efecto, no debe soslayarse que es la propia parte actora la que ha consentido expresamente la radicación de la pretensión esgrimida ante el juzgado de familia donde se ha dictado la resolución impugnada (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2025). Como tampoco puede desconocerse que el desprendimiento efectuado por el magistrado recusado no ha sido porque el caso escapa de la competencia material que le fuera confiada. Antes bien, ha expuesto que resulta “incoherente que el infrascripto se expida nuevamente sobre una cuestión ya resuelta”.
Por tales motivos, los planteos así articulados deben canalizarse por los carriles específicos contemplados en el código de rito para integrar el órgano como corresponda (arg. causa B. 76.823, "I.", resol. de 10-III-2021 y sus citas).
V. A lo dicho debe adunarse que, con independencia de la vía intentada, lo que aquí se procura es que se deje sin efecto la medida cautelar o precautelar adoptada en la causa “G., L. B. c/ V., P. A. s/ Medidas Precautorias (art. 232 del CPCC)” (expte. n° 82.998), se vuelva al estado anterior de cosas, y que se le garantice el derecho a ser oído al joven que, en definitiva, aduce encontrarse afectado por las decisiones judiciales que allí recaigan.
En este plano, asiste razón a la magistrada del Juzgado Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de La Plata cuando advierte de las potenciales consecuencias gravosas que podrían derivarse de admitir el andamiaje de la demanda incoada por una vía autónoma. En especial, si tal intención conlleva prescindir de los mecanismos establecidos en el ordenamiento ritual para articular planteos -como el perseguido en esta litis - que pretendan desvirtuar las resoluciones dictadas en el marco de un proceso que aún se encuentra en trámite.
Esto por cuanto luce evidente que las pretensiones esgrimidas en uno y otro juicio no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias –como en el caso-, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde devolver las actuaciones al Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de General San Martín para la prosecución del trámite del proceso.
Asimismo, se exhorta al órgano al que se le atribuye competencia para que adopte de manera urgente -con la especial sensibilidad que la situación exige y con la debida diligencia y celeridad- las medidas pertinentes de protección de los derechos del joven, a fin de proveer su debido resguardo (arts. 11 y 36 inc. 5, Const. prov.; 75 inc. 22, Const. nac.; leyes 26.601, 22.431 y 10.592; conf. "Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad", de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, págs. 66/79).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Familia N°6 del Departamento Judicial de General San Martín, ante el cual, por Secretaría, se radicarán las presentes actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10, a la Asesoría de Incapaces N°3 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4, todos del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:10:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/06/2025 17:03:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 09:32:47 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:36:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 13:46:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 13:50:23 hs. bajo el número RR-301-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia