Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.904, "Cabrera, Marianela Alejandra c/ Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Otros juicios. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quedando firme en consecuencia el fallo de primera instancia que desestimó la demanda por su improcedencia formal (v. sent. de 17-XII-2024).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2025 10:35:04 a.m.) el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 18 de marzo de 2025.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Trenque Lauquen, en oportunidad de analizar la admisibilidad de la pretensión, resolvió desestimar la demanda por haber sido promovida luego del plazo de caducidad establecido en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo (v. sent. de 8-X-2024).
II. Apelada la sentencia por la parte actora, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación por haberse interpuesto fuera del plazo de cinco días establecido en la normativa procesal aplicable (conf. arts. 56 inc. 1 in fine y 58 inc. 2, CCA).
III. Contra tal pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Denuncia la errónea aplicación de la noma al concebir que el Tribunal de Alzada aplicó el art. 56 inc. 1 in fine del Código Contencioso Administrativo cuando debería haber aplicado el plazo establecido en la primera parte del artículo. Entiende que el tribunal le dio tratamiento a la sentencia en crisis como una resolución simple o sentencia interlocutoria, sin tener en cuenta que la sentencia que declaró inadmisible la demanda interpuesta, es por sus efectos equiparable a la sentencia definitiva toda vez que termina la litis y hace imposible su continuación.
Entiende que se ha violado la doctrina de este Tribunal en la causa A. 70.902, "Quinteros".
Por último, invoca la afectación de las garantías judiciales, entiende que la Cámara vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva y el debido proceso establecidas en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En cuanto al tema principal en debate, este ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en la causa A. 71.179, "Garay", sentencia de 3-X-2012; sustancialmente análoga al sub lite, circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827).
Tal como allí se concluyó, luego del análisis de las previsiones de los arts. 55 inc. 2 apdo. "a" y 56 inc. 1 in fine del Código Contencioso Administrativo, el plazo para apelar una sentencia que declara la inadmisibilidad de la pretensión es de cinco y no de diez días. Por ello la decisión del a quo que así lo resolviera resulta correcta, en tanto es una derivación directa de la normativa aplicable.
Conforme se dijo "El planteo intentado por la recurrente respecto a que la resolución apelada en sus efectos es definitiva y que por ello debe aplicarse el plazo de diez días es una interpretación que no deriva, ni se corresponde con la letra de la norma..." y que "...el hecho de que el pronunciamiento atacado eventualmente pueda equipararse a una sentencia definitiva, no importa modificar el plazo para su apelación: este será siempre de cinco días para todos los supuestos del art. 55 inc. 2".
IV.2. Por último, con referencia a la alegada violación de la doctrina de este Tribunal fijada en la causa A. 70.902, "Quinteros", sentencia de 11-V-2018, corresponde puntualizar que tampoco asiste razón a la recurrente, pues las particularidades de aquel caso difieren de lo que aquí se plantea.
En efecto, tal como reconoce la recurrente, en dicho supuesto la Fiscalía de Estado interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra un fallo de la Cámara de Apelación de San Martín que declaró inadmisible la apelación por no encuadrar el caso en ninguno de los supuestos del art. 55 del Código Contencioso Administrativo, resolviendo únicamente que dicha resolución era susceptible de recurso de apelación, no sentando ninguna doctrina respecto al plazo en que debía interponérselo.
La diferencia apuntada resulta suficiente para rechazar este agravio pues conforme tiene dicho este Tribunal resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las circunstancias de la causa con las del precedente invocado (conf. causas A. 68.808, "Maidana", sent. de 20-VI-2007; A. 68.817, "Bersani Ledesma", sent. de 20-VI-2007; A. 75.609, "Vera", sent. de 23-XI-2020; A. 77.583, "Club de Veleros", sent. de 29-IV-2024; e.o.).
V. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 y 279 in fine , CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2026 10:18:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2026 11:46:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/03/2026 22:08:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:11:31 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:54:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2026 11:54:13 hs. bajo el número RS-7-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia