Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79536
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, —texto según ley 13.101— y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.536, "Moraga, Edgardo Ramón c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos - otros juicios. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y —por fundamentos distintos— confirmó el pronunciamiento de grado que había acogido la demanda promovida por el señor Edgardo Ramón Moraga contra la Dirección General de Cultura y Educación.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-V-2024).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 5-VIII-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda promovida por la parte actora y, en consecuencia reconoció el derecho de Edgardo Ramón Moraga a percibir retroactivamente un reajuste salarial sobre la base de la negociación colectiva (179/91) y las normas de alcance nacional (ley 27.155) que rigen la actividad de guardavida, incorporándose el suplemento por "actividad riesgosa" acordado en aquel ámbito, con capacidad de repercutir sobre otros rubros salariales.
Estableció que las diferencias debían calcularse a valores actuales, con una tasa de interés puro del 6% a partir de cada devengamiento, hasta el dictado de la sentencia de grado, y luego a la tasa pasiva más alta que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos mensuales a partir de aquella fecha y hasta el pago efectivo (v. sentencia de fecha 6-IX-2023 y su aclaratoria de fecha 14-IX-2023).
I.1. Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor dependía funcionalmente de la Dirección General de Cultura y Educación, entidad autárquica provincial.
Agregó que con la prueba producida resultó demostrado que el trabajador percibía una remuneración mensual, que prestaba servicios en el Centro de Educación Física (CEF) n° 55 (Natatorio Complejo Santa Paula) en el cargo de portero auxiliar y que poseía título de guardavidas certificado por el órgano de contralor, cumpliendo tareas en ese rol durante el período reclamado.
I.2. Fijado eso, desestimó que el caso debiera regirse por la ley provincial 14.798 que regula la actividad de los guardavidas, así como por la ley 10.430 relativa al empleo público provincial.
En cuanto a la primera de dichas normas, recordó que este Tribunal declaró su invalidez constitucional en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ inconstitucionalidad ley 14.798", por regular una materia delegada al Congreso nacional para dictar los códigos laborales, el cual sancionó la ley 27.155 regulatoria de la actividad (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.).
Con relación a la ley 10.430, puntualizó que, si bien ella gobierna el empleo público en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, no contiene previsiones específicas respecto de la actividad de los agentes estatales que se desempeñan como guardavidas.
Por ende, afirmó que la ley 27.155 y las cláusulas del convenio colectivo de trabajo 179/91 resultaban ser "el bloque de juridicidad que permite dirimir la contienda".
I.3. A partir de allí, constató que de los recibos de sueldo acompañados al expediente no surgía el pago del rubro por riesgo de actividad que incrementa el salario en un 50%, según el convenio colectivo invocado.
De tal modo, concluyó que la provincia empleadora había ignorado lo establecido por el legislador nacional —competente en esta materia—, quien había regulado la actividad de los guardavidas en la ley 27.155 con pretensiones de exclusividad, previendo específicamente —entre las fuentes normativas aplicables— los reglamentos de ejecución y los convenios colectivos vigentes. Y que era de estos últimos de donde surgía el suplemento por el riesgo que posee la actividad de guardavidas, celebrado por el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA).
Invocó, finalmente, los principios de primacía de la realidad en materia laboral y el in dubio pro operario (conf. art. 39, Const. prov.).
I.4. Disconforme con dicha sentencia, la Fiscalía de Estado apeló.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás desestimó el remedio y confirmó la sentencia de grado, aunque por fundamentos distintos que desarrolló en su decisión.
II.1. En primer lugar, destacó que, como medida para mejor proveer, había requerido un informe a la demandada. En su respuesta, esta detalló que el Centro de Educación Física n° 55 de la ciudad de Junín, constituía un establecimiento educativo de primera categoría con equipo de conducción completo, y que contaba con un anexo en el Complejo Santa Paula donde funciona el natatorio.
Resaltó que se había informado que el predio de la pileta —en sus inicios— era alquilado por la cooperadora del CEF, mientras que, en la actualidad, era la Dirección General de Cultura y Educación quien se hacía cargo del alquiler.
Señaló que, según se reportaba, el establecimiento contaba con 67 propuestas en total, de las cuales 25 se desarrollaban en el natatorio, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 20 horas. Indicó además que el espacio físico estaba conformado por dos piletas y que a ellas asistían estudiantes y docentes tanto del CEF como de otras instituciones educativas distritales, de los distintos niveles y modalidades y de ambas gestiones (estatal y privada). Finalmente, extrajo que el natatorio contaba con cuatro guardavidas separados en duplas que desarrollaban sus tareas en turnos de 6 horas diarias.
En cuanto a estos últimos, la Cámara detalló que la demandada había informado que, desde los inicios de posesión del natatorio por parte del CEF, ellos se fueron designando sucesivamente por el Consejo Escolar.
Puntualmente, respecto al actor, constató que surgía del informe un acta que consignaba lo siguiente: "CONSEJO ESCOLAR DISTRITO JUNIN. Ref: Toma de posesión - Personal auxiliar. TOMA DE POSESION. El Consejo Escolar de Junín resuelve, con fecha 11 de mayo de 2009, dar TOMA DE POSESIÓN en el cargo al siguiente personal: APELLIDO Y NOMBRES: Moraga, Edgardo Ramón; DOC. DE IDENTIDAD: 17.484.311; ESTABLECIMIENTO: CEF 55; CARGO: Auxiliar Portero - GUARDAVIDAS; TURNO: TARDE; RESOLUCIÓN MINISTERIAL: MEMORANDO N° 1938/09".
Con eso, desestimó inmediatamente el agravio vinculado con la imposibilidad de reconocer haberes correspondientes a un cargo respecto del cual no existe designación expresa para su ejercicio.
Asimismo, señaló que se habían acompañado constancias de inscripción del actor en el Registro General de Guardavidas y de la prueba de suficiencia obligatoria habilitante para ejercer en cada temporada (de fecha 5-XI-2022).
II.2. En cuanto al encuadre normativo del caso, declaró aplicable la ley provincial 14.798 que regula la formación y ejercicio del trabajo de la profesión de guardavidas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que descartó que la decisión de este Tribunal en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar", obstara a su aplicación en la especie.
Puntualizó que el art. 15 de la aludida ley contempla expresamente el pago de "adicional por tarea riesgosa", que es lo único concretamente reclamado en la demanda. De modo tal que su incorporación como rubro salarial estaba efectivamente contemplado, debiendo confirmarse la condena del juzgador de grado.
II.3. Por último, desestimó el agravio vinculado con el reconocimiento del pago retroactivo de haberes a valores actuales, por entender que lo realizado por el magistrado trató del ejercicio válido de su facultad procesal de justipreciación (art. 165, CPCC, conf. art. 77 inc. 1, CCA) y no una repotenciación de deudas vedada por la ley 23.928 y su modificatoria, que consagra el nominalismo.
III. Contra la confirmación de la sentencia en su contra, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 29-V-2024).
III.1. Por una parte, postula que la sentencia impugnada incurre en una deliberada inaplicación de la doctrina legal de este Tribunal, en cuanto admite el reconocimiento de remuneraciones correspondientes a un cargo respecto del cual no existía designación expresa para su ejercicio.
En tal sentido, apunta que el actor reviste en el puesto de auxiliar de portería, por lo que su reclamo equivaldría al pedido de haberes por el desempeño de un mejor cargo —el de guardavidas—, que no le corresponde.
Cita doctrina legal sentada en las causas B. 53.522, "Angelini" y otras más, en cuanto se expresó que el derecho al sueldo nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, por lo que la prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene no autoriza a exigir el pago de la retribución correspondiente, pues es necesario el nombramiento o, en su caso, la designación con carácter retroactivo.
III.2. De otro lado, plantea que es doctrina de este Tribunal el rechazo de la aplicación del principio de primacía de la realidad, propio del derecho laboral, a los vínculos regidos por el derecho administrativo. En consecuencia, postula que la prestación material de tareas sin acto expreso de designación es inoponible a la Administración.
III.3. Por último, niega que el pago de diferencias salariales constituya una deuda de valor y, por consiguiente, plantea que la condena efectuada en tales términos resulta contraria a la doctrina de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, destaca que aquella, en tanto establece que las diferencias salariales deberán abonarse al actor de acuerdo a su valor actual, resulta violatoria del principio de congruencia, toda vez que se aparta de la petición formulada en la demanda. Plantea entonces la afectación de su derecho de defensa y de propiedad.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. La recurrente denuncia inaplicada la doctrina legal de este Tribunal en orden a la imposibilidad de reconocer diferencias salariales por el desempeño de un cargo con respecto al cual no existe designación expresa.
Sin embargo, la Cámara de Apelación atendió muy especialmente a ese criterio. Y así lo expresó en su decisión, al concluir que el informe producido por dependencias de la propia Dirección General de Cultura y Educación con motivo de la medida para mejor proveer, despejaban toda duda acerca de si el actor había sido formalmente puesto en el cargo de guardavidas. Ello a partir de lo que surgía del acta del Consejo Escolar y la resolución a la que allí se hacía mención (v. supra pto. II.1.)
De tal modo, lejos del error puramente jurídico, es evidente que la quejosa viene en casación con una típica cuestión de hecho y prueba, cuya ponderación —en principio— resulta privativa de los magistrados de grado, salvo denuncia y acreditación de que han arribado a algo absurdo (doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 75.279, "Odisa Obras de Ingeniería S.A.", sent. de 28-VIII-2021; A. 79.162, "D., M. L.", resol. de 21-X-2024; A. 78.782, "Porcel", sent. de 18-XI-2025; e.o.).
Semejante vicio lógico —como se ha explicado— sólo se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables o incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas Ac. 89.233, "Martínez", sent. de 6-VII-2005; Ac. 91.321, "García", sent. de 15-III-2006; Ac. 94.916, "Mieres de García", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
Sin embargo, de la lectura de la pieza recursiva no se observa que se haya formulado una denuncia en tal sentido, déficit que afecta irremediablemente la suerte del intento en esta parcela (doctr. causa A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019).
Por ello, más allá del acierto o error de lo decidido en cuanto al régimen legal aplicable —de si nacional o provincial, aunque para la Cámara dispondrían lo mismo en cuanto al rubro reclamado—, el fallo atacado se sostiene como resultado de una impugnación técnicamente defectuosa (art. 279 in fine , CPCC).
IV.2. Sentado eso y pasando a la segunda línea de agravios, la crítica revuelve en torno a la condena al pago de las diferencias salariales reconocidas a su valor actual, por no haber sido objeto de expresa petición y, además, violar la prohibición de indexación y repotenciación de deudas contenida en la ley 23.928, luego mantenida por la ley 25.561, además de la doctrina de este Tribunal respecto a las deudas de valor.
IV.2.a. Respecto a lo primero, se desprende del expediente que el actor pidió el pago retroactivo, con los intereses correspondientes. Siendo esto así, los pronunciamientos que fijaron lo adeudado a valores actuales y con la aplicación de una tasa pura del 6%, lejos de vulnerar el principio de congruencia (arg. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272, CPCC), actuaron válidamente la facultad prevista en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 77 inc. 1, CCA; mi voto en causa A. 79.405, "Gómez", sent. de 18-VI-2025).
IV.2.b. En cuanto a la misma queja con el argumento de que aquello violaría la regla del nominalismo y la prohibición de indexación de deudas (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 —texto según ley 25.561— y 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), cabe destacar que tales planteos ya han sido desestimados en casos análogos (conf. causas A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024; A. 78.136, "Cisneros", sent. de 12-XII-2024; A. 78.737, "Castro", sent. de 19-XII-2024; A. 79.938, "Tonil", sent. de 25-IV-2025; A. 79.405, "Gómez", sent. de 18-VI-2025; A. 75.635, "Falloca", sent. de 29-X-2025; e.o.), además de que se trata del criterio que aplica esta Suprema Corte en la materia (doctr. causa B. 64.571, "Vázquez Pertierra", sent. de 3-X-2025 y sus citas).
Por dichas razones, corresponde el rechazo de la impugnación en este otro aspecto también (art. 31 bis primer párrafo, ley 5.827 —texto según ley 13.812—).
V. Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, —texto según ley 13.101— y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:37:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:05 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:24:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:38:43 hs. bajo el número RS-49-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia