Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76529
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
A.76.529 “ORONA MARIANO CESAR C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores jueces doctores Genoud y Pettgiani, la señora jueza doctora Kogan y el señor juez doctor de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión deducida por el señor Mariano César Oroná contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la que persigue el reconocimiento del pase a retiro por incapacidad en los términos de los arts. 147 del decreto 1050/09 y 30 de la ley 13.236, en forma retroactiva al 23-III-2010, y se condene al pago del beneficio previsional a partir de la fecha indicada y de los daños y perjuicios que denuncia haber padecido, ello con más los intereses correspondientes.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada comenzó por reseñar que en el marco del expediente administrativo n° 21100-318141/08, mediante Resolución 11.315 del 7-IV-2010, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto la exoneración del agente por hallarlo responsable de las faltas previstas en los arts. 114 inc. "d" y 118 inc. "h" del decreto 3326/04.
A su vez, mediante Resolución 3065 del 27-VII-2011, se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el interesando contra dicho acto.
Por otra parte, el 29-II-2016, el demandante formuló presentación ante el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que se le reconozca el derecho a su retiro en los términos del art. 30 de la ley 13.236 y art. 147 del decreto 1050/09, el que manifestaba adquirido mediante resolución de la Junta Médica Superior del 23-III-2010.
Finalmente, mediante Resolución 1139 del 27-IV-2017, el Ministro de Seguridad desestimó la petición referida por entender que, encontrándose firme la Resolución 11.315, correspondía tener a la exoneración como causal de cese del nombrado, quedando la baja por incapacidad física como consecuencia de lo dictaminado por la Dirección de Sanidad, subordinada al resultado de las actuaciones sumariales.
Seguidamente la Cámara señaló que el recurrente alegaba un error en la sentencia de grado al establecer el objeto procesal de su demanda, el que no radicaría en una solicitud de cambio de la causal de cese en la actividad por entonces desplegada, sino en el reconocimiento del derecho al retiro que estimaba consolidado con anterioridad a la resolución del sumario, entendiendo que se encontraba con estado policial al tiempo de la emisión del dictamen de la Junta Médica Superior.
Así, objetaba el accionante el análisis de la sanción impuesta sosteniendo que el procedimiento previsional por entonces cursado no debió verse obstado por el trámite del sumario disciplinario, allende lo cual concebía haber obtenido el cese en cuestión cuando el dictamen médico correspondiente dio cuenta de que padecía el grado de incapacidad requerido en la norma para acceder al retiro obligatorio por invalidez, esto es el 23-II-2010.
Reseñado ello, el tribunal de Alzada comenzó por apuntar que el apelante se desentendió de la plataforma fáctico-jurídica del conflicto de autos perdiendo de vista el argumento fundamental a través del cual el juez de primera instancia había desestimado la pretensión sustancial esto es, que la exclusión definitiva del agente de los cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -con la consecuente pérdida del estado policial- se encontraba firme y consentida, por lo que el acogimiento de la demanda implicaría revertir una sanción administrativa que no fue cuestionada oportunamente.
Agregó que si bien el magistrado había prescindido de pronunciarse en relación a la atendibilidad o no del peticionado reconocimiento del derecho al retiro por incapacidad física, ello obedecía a la imposibilidad jurisdiccional de doblegar aquel acto administrativo -firme y consentido- que dispuso la exoneración del aquí accionante.
Destacó además la Cámara que el sentenciante de grado, lejos de desatender el reclamo contenido en la demanda, abordó enteramente la problemática sometida a su conocimiento y divisó en forma correcta que el pretendido reconocimiento persigue la variación sustancial de aquella situación jurídica del actor derivada de la resolución en que se dispuso su exoneración.
En tal sentido advirtió que el pronunciamiento dictado no portaba el endilgado vicio en el tratamiento de las cuestiones esenciales sometidas a consideración de la jurisdicción y que por el contrario, el proceder del juzgador de grado lucía como una derivación lógica y necesaria para brindar una respuesta que dista de transgredir el invocado principio de congruencia.
Destacó que el argumento ensayado por el demandante bajo la premisa de que el derecho cuyo reconocimiento aquí persigue se habría consolidado en su favor con anterioridad al momento en que adquirió firmeza la sanción segregativa elude meritar la validez y eficacia del acto administrativo mediante el cual se resolvió imponer su baja por exoneración y cuya consecuencia directa e inmediata resulta ser la exclusión del agente de los cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que se erige como un valladar insuperable para el reconocimiento del derecho que aquí se peticiona, dado que resultaba imprescindible para el interesado que se declare -previa o concomitantemente- su ilegitimidad, de los contrario la voluntad administrativa adquiriría, como aconteció, el carácter de firme e irrevisable.
Subrayó que si el demandante procuraba su pase a retiro por invalidez debía impugnar judicialmente y en tiempo oportuno aquellos actos que lo relegaron de la fuerza policial en la que desempeñaba labores, exigencia cuyo cumplimiento omitió por completo.
Concluyó que bajo tales circunstancias, el cambio de su situación de revista intentado quedó sustraído del conocimiento de la justicia, precisamente por la falta de ataque oportuno de las resoluciones que modificaron sustancialmente y de modo irreversible su estado policial al extinguirlo mediante la decisión segregativa. Tal inadvertencia del apelante, indicó, es la que impedía el análisis de la pretensión de reconocimiento de derechos ensayada, por hallarse indisolublemente vinculada con aquella decisión estatal no cuestionada oportunamente.
Agregó por último, en lo que aquí interesa, que la ausencia de un acto administrativo que se pronunciara en relación a la procedencia -o no- de la petición sustancial que pregona el demandante, obstaba a tener por consolidado el derecho reclamando, siendo tal carencia, la que no puede ser superada ante la existencia de un acto administrativo firme y consentido que excluyó definitivamente al agente accionante de los cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 20-V-2020).
II. Frente a ello, la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual, reeditando agravios ya vertidos en ocasión del recurso de apelación, esgrime que el fallo atacado incurre en una afectación a los Derechos Humanos contenidos en tratados internacionales a la vez que viola el principio de congruencia (v. presentación electrónica de fecha 29-V-2020 y aclaratoria de fecha 18-VI-2020).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas Ac. 73.447; sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
En tal sentido, los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto a que el thema decidendum dista de ser el tratado por la Cámara interviniente, apuntando que él debió versar sobre la decisión de si el derecho previsional nació o no antes del acto segregativo, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.028, "Bruzzo", resol. de 20-III-2019, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018; A. 74.837, "Betancur", resol. de 20-III-2019, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Madagán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019).
IV. 3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:27:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:49:52 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:21:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 14:07:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 10:48:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia