Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77268
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para entender en el presente amparo al Juzgado de Ejecución Penal N°1 del Departamento Judicial de La Plata, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental y al Juzgado de Garantías Nº2 del Departamento Judicial de San Nicolás para que tomen conocimiento de lo que aquí se decide.
B.77.268 “GUTIERREZ LUIS GREGORIO C/ CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANC S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Luis Gregorio Gutiérrez deduce, a través de su apoderado y de conformidad con los artículos 43 de la Constitución nacional, 20 inciso 2 de la Constitución provincial y de las leyes 16.986 y 13.928, una acción tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3, 11, 23, 38, 39, 40, 41, 42 y 57 de la ley 15.008, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2018.
Según dice el actor, dicha preceptiva vulnera disposiciones de rango constitucional (cfr. arts. 10, 11, 15, 31, 39 incs. 1 y 3, 40 y 57, Const. prov.; 14 bis , 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.), en tanto la misma prevé, conforme al sistema de la ley 26.417, un nuevo régimen de movilidad de los haberes previsionales, el cual le provocaría un perjuicio económico en su condición de beneficiario del sistema.
A su vez, como medida cautelar, solicita la no aplicabilidad del artículo 41 de la ley impugnada y que se disponga la actualización de la movilidad de la prestación previsional en virtud del artículo 57 de la ley 13.364 (ver escrito postulatorio de fecha 10-XII-2020).
II. El expediente se radicó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 del Departamento Judicial de La Plata.
Luego de solicitarle al demandante que precisara la índole de la pretensión promovida y que así lo hiciera este último aclarando que se trataba de una acción de amparo mas no de una acción originaria de inconstitucionalidad en los términos del artículo 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, el titular del órgano se rehusó a seguir conociendo en el asunto, pues advirtió la falta de adjudicación mediante sorteo establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte Nº1358/06 y 1794/06 (conf. proveído electrónico de fecha 17-XII-2021).
Así fue que, a través de la Receptoría General de Expedientes departamental, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 del departamento judicial homónimo, cuya magistrada a cargo se declaró incompetente para intervenir en la cuestión en el entendimiento de que, conforme lo establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, la competencia correspondía al juez o tribunal letrado de primera o única instancia del lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos.
De esa forma, consideró que por haber denunciado el amparista su domicilio en la ciudad de San Pedro y encontrándose el domicilio de la parte demandada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso debía ser ventilado en el Departamento Judicial de San Nicolás, por lo que allí ordenó su remisión (ver sent. interlocutoria de fecha 30-III-2021).
Es así como tomó intervención el Juzgado de Garantías Nº2 de San Nicolás.
Su juez, conjugando las disposiciones normativas que prevé el Código Procesal Civil y Comercial en lo atinente a la prórroga de competencia por razón del territorio (arts. 2 y 5 inc. 3, CPCC) con aquellas de la ley 13.928, no aceptó la competencia que le fuera atribuida por su par de La Plata.
Concluyó entonces, sobre la base de esos preceptos, que la elección del demandante de iniciar el presente juicio en el Departamento Judicial de La Plata resultaba ajustada a derecho (cfr. segundo documento adunado al escrito electrónico de fecha 12-IV-2021).
De tal suerte, le devolvió el expediente al juzgado preactuante, el cual, en desacuerdo con tal proceder, decidió plantear una contienda negativa de competencia que, siendo elevada -erróneamente- en primer término a la Sala II del Tribunal de Casación Penal de La Plata y luego a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, quedó -finalmente- radicada en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para ser resuelta (cfr. resol. de fecha 5-VIII-2021, obrante en el expediente electrónico).
III. Habiéndose suscitado en el caso una contienda negativa de competencia territorial, toda vez que la presente acción de amparo fue sorteada de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte 1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09 del 15 de abril de 2009 y en razón de lo normado por los artículos 20 inciso 2 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la ley 13.928, corresponde declarar la competencia para entender en el sub examine del Juzgado de Ejecución Penal Nº1 del Departamento Judicial de La Plata (doctr. causas B. 72.809, "Arrozeres", resol. de 13-XI-2013; B. 73.945, "Ramírez", resol. de 2-XII-2015; B. 74.449, "Yan", resol. de 15-XI-2016; B. 75.626, "Giannitti", resol. de 19-XII-2018; B. 76.282, "Argento", resol. de 26-XII-2019; B. 76.650, "Limardo", resol. de 21-X-2020 y B. 77.155, "Barraza", resol. de 19-VIII-2021, e.o.).
Ello así, considerando que, como surge de la doctrina de esta Corte, la amplia atribución de competencia consagrada en el artículo 20 inciso 2 de la Constitución provincial en favor de "cualquier juez" se conjuga con el artículo 3 de la ley 13.928, que establece que intervendrá en la acción de amparo el órgano judicial "con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionado tuviese o hubiese de tener efectos", dando cuenta de la intención legislativa de confiar la decisión a quien, por su localización, cabe presumir en mejores condiciones de resolver la cuestión.
Bajo esa premisa, ponderando el hecho de que el amparista dedujo la acción en el Departamento Judicial de La Plata y que en esa ciudad se encuentra una de las sedes de la autoridad administrativa demandada, cabe ante la duda estarse a la voluntad del demandante, tal como se ha resuelto en casos análogos (doctr. causas B. 73.747, "D.R.M.M.", resol. de 12-VIII-2015; B. 74.223, "Quines", resol. de 22-VI-2016; B. 76.187, "González", resol. de 30-X-2019 y B. 76.221, "Ruberti", resol. de 11-XII-2019), sopesando que de ese modo se atiende más eficazmente a la garantía de acceso a la tutela judicial continua y efectiva que consagra el artículo 15 de la Constitución de la Provincia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para entender en el presente amparo al Juzgado de Ejecución Penal N°1 del Departamento Judicial de La Plata, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental y al Juzgado de Garantías Nº2 del Departamento Judicial de San Nicolás para que tomen conocimiento de lo que aquí se decide.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 18:41:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 20:05:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 12:07:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:29:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:40:14 - SOUSA Liliana Eva - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia