Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78087
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289, in fine, CPCC).
Asimismo, oído el Señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine, CPCC).
A.78.087 “LOPEZ RAUL ANIBAL Y OTROS C/ CAJA DE JUB, SUB Y PEN. DEL PERSONAL DEL BCO DE LA PCIA DE BS AS Y OTROS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Carral dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por las señoras Regina Teresa Gómez de López, Alicia Beatriz Fernández de Pardo, Mercedes Alicia Carballa de Sala y los señores Raúl Aníbal López y José Carlos Sala (v. sent. de fecha 1-II-2022).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131, "Actis Goretta" y 15.301, "Conde", entre otras-.
Puntualizó que el régimen legal aplicable al beneficio corresponde al vigente a la fecha de cese y que es el carácter contributivo del sistema, aquel en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que, consumada la situación previsional de los actores bajo el régimen legal de otorgamiento, aunque con la movilidad que le es inherente desde su reconocimiento (conf. art. 39 inc. 3°, Const. prov.), correspondía confirmar el decisorio apelado.
II. Contra tal pronunciamiento los actores, mediante apoderado, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 21-II-2022, 8:53:24 a.m.), siendo concedidos por la Cámara mediante resolución de fecha 12-V-2022.
III.1. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16 y 28 de la Constitución nacional; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil y la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente principalmente de las causas B. 57.842, "Antonetti" (pto. V del voto del doctor Pettigiani, párrs. 4 y 5) y B. 63.442, "Larroque" (pto. VIII). Asimismo, aduce la transgresión de los principios de progresividad y razonabilidad (v. escrito electrónico de fecha 21-II-2022).
Plantea como cuestión preliminar la inaplicabilidad de la ley 11.761 a los futuros aumentos que se establezcan en sus haberes.
Expresa que este Tribunal, por mayoría, en la causa I. 75.111, "Macchi", resolución de fecha 17-IV-2019, al tratar la última reforma al régimen de movilidad de las prestaciones de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (conf. ley 15.008), mencionó que el art. 57 de la ley 11.761 había sido derogado por la ley 13.364.
Sin perjuicio de ello, destaca que dicha entidad previsional sigue liquidando los aumentos conforme a la ley 11.761 que reputa regresiva de sus derechos, por lo que corresponde se declare su inconstitucionalidad y se ordene liquidar sus haberes de acuerdo con las prescripciones de la ley 13.364 desde la fecha de su promulgación el 26 de agosto de 2005.
A su vez y a los fines pretendidos, solicita la adopción del criterio de la Corte federal sentado en el caso "García", sentencia de 26-III-2019 (Fallos: 342:411). Dice que si bien allí se abordó la cuestión atinente al impuesto a las ganancias que gravaba los haberes de jubilados y pensionados, se subrayó la tutela preferencial que merece un colectivo en situación de vulnerabilidad como es el sector pasivo, que se conforma en este ámbito con más de nueve mil beneficiarios a los que se les aplica la citada ley.
Indica que el a quo, al resolver la cuestión, declaró vigente la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron (conf. ley 13.364 y su modif. 13.873), aplicando erróneamente el art. 3 del Código Civil, entonces vigente (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Reputa que las dos últimas leyes mencionadas deben ser observadas en virtud de la doctrina sentada por esta Corte en las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008 y B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001.
Aduce que la Cámara desconoció los principios de progresividad y razonabilidad en materia previsional (conf. arts. 39 inc. 3, Const. prov. y 28, Const. nac.), reconocidos por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque". Cita también la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dice que el fallo impugnado, al considerar aplicable a su situación la ley 11.761 y no otras posteriores más beneficiosas, le produjo un menoscabo patrimonial en violación al principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello sería así, en tanto los jubilados bajo dicha norma habrían sufrido una merma sustancial en comparación con otros afiliados pasivos que se retiraron en una fecha distinta y con otro régimen.
Afirma que en materia previsional la ley vigente al cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico. Por eso insiste con que las nuevas leyes deben aplicarse inclusive a las situaciones jurídicas existentes de conformidad con el anterior art. 3 del Código Civil (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Puntualiza que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el fallo atacado incurrió en un exceso de rigor formal, desentendiéndose de derechos de carácter alimentario y efectuó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma de cada una, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Como se dijo, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, concluyera que la ley 11.761 resultaba aplicable a la situación de los actores por ser la norma vigente a la fecha del acceso al beneficio previsional, alcanzando su régimen tanto a la determinación de la base de cálculo de los haberes, como asimismo al porcentual correspondiente. Lo expresado, sin perjuicio de la movilidad, la que sí sostuvo que debía calcularse con arreglo a las previsiones de la ley 13.364, modificada por la ley 13.873 (v. cons. 6°).
Lo que ahora se trae a colación ante esta instancia extraordinaria no es más que la invocación de una serie de proposiciones o principios que, por su alto nivel de abstracción y generalidad, se presentan ineficaces a los fines de desarticular los fundamentos legales brindados por la Cámara, mostrándose como una mera argumentación en paralelo que se desentiende de la lógica del fallo, insuficiente a los fines pretendidos (doctr. causas A. 75.630, “Montoto”, sent. de 27-VIII-2020 y A. 75.113, ”Alderete”, de 27-V-2021).
Por consiguiente, eso último naturalmente impide concluir que su razonamiento pueda ser tachado de absurdo.
III.2.b. En cuanto al apartamiento de la doctrina legal del Tribunal, el recurso omite desplegar este agravio en términos concretos como es requerido (doctr. causa A. 75.275, “Zavala”, sent. de 23-IX-2020), algo que era especialmente relevante en la especie donde, prima facie analizados, los precedentes invocados exhiben presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los que se presentan en autos (doctr. causas A. 72.520, "Silva", sent. de 31-VIII-2016; A. 74.004, "Moscheni", sent. de 8-XI-2017 y A. 74.419, "Gómez", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
III.2.c. Los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y descalificados por este Tribunal en la causa A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017 y otras tantas posteriores (conf. causas A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", sents. de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A. 74.624, "Ariza", resol. de 20-II-2019; A. 76.309, "Alsina", resol. de 15-IV-2020; A. 76.336, "Bendati", resol. de 21-VII-2020; e.o.).
Resulta de aplicación, entonces, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812-, que faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Por tal razón y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
IV. Por otra parte, con relación al restante remedio incoado, quienes recurren se agravian sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación de las pautas sentadas en el caso "Badaro" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alegan que impugnan el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes jubilatorios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondo, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
IV.1. Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (cfr. arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial; doctr. causas Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Asimismo, cabe destacar que, el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
De allí que la impugnación efectuada por este carril debe ser en su desarrollo expositivo autosuficiente y referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (doctr. causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; A. 72.897, "Fredes", resol. de 12-III-2014; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; e.o.). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014; A. 75.696, "Maroni", resol. de 20-III-2019).
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido en autos incumple con tal carga, resultando de ese modo insuficiente a los fines pretendidos, con motivo de que la crítica efectuada por el recurrente no logra rebatir lo considerado por el Tribunal de Alzada para confirmar -tal como lo postulara el a quo - el rechazo de la demanda, en tanto que el recurrente sólo menciona en el acápite XIII de su escrito recursivo, bajo el título "Derecho", los arts. 10, 11, 12 incs. 1 y 3, 15, 20, 31, 36 inc. 8, 40 y 57 de la Constitución provincial, sin desarrollar cómo la norma local afecta a los citados preceptos.
La exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de la supuesta infracción a un derecho o garantía constitucional, si en esa operación se omite efectuar la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, que en el caso se refiere a la confirmación de los fundamentos expuestos por la sentencia de primera instancia acerca de la validez de los preceptos aplicados. En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (cfr. doctr. Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011 y A. 71.563, cits.).
IV.2. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto, a criterio de las recurrentes, la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional, códigos de fondo y normativa provincial, cuestión por cierto ajena a este canal.
Esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a esas vías y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Ac. 88.091, "G.,P.G.", resol. de 2-VII-2003; Ac. 88.282, "C.G.G. y C.V.H.", resol. de 4-II-2004; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
IV.3. Por lo expuesto y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289, in fine, CPCC).
Asimismo, oído el Señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/12/2022 15:59:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:01:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 18:35:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2022 08:59:21 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 21/12/2022 10:59:30 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/12/2022 11:02:37 hs. bajo el número RR-1280-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia