Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78055
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 –texto según ley 13.812-). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60, CCA y 289 in fine , CPCC).
A.78.055 "TELEZ HORACIO ALBERTO C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DEL BANCO PROVINCIA DE S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION- RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Horacio Alberto Telez contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos y, en lo que aquí interesa, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, ordenó a la demandada que proceda a liquidar los haberes previsionales del actor conforme lo dispuesto por el art. 57 de la ley 13.364 (ver sent. de fecha 29-XII-2021).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó, con fundamentos adicionales, la sentencia de primera instancia (v. sent. de fecha 7-IV-2022).
II.1. Para así decidir, ratificó la solución del fallo de grado, a tenor de los argumentos que expuso, los cuales son una reproducción de los emitidos por esta Suprema Corte al analizar la apariencia de buen derecho en la resolución de la medida cautelar dictada en la causa I. 75.223 bis, "Tripicchio", el 31-VIII-2021.
II.1.a. Refirió que este Tribunal en la causa I. 75.111, “Macchi”, resolución de fecha 17-IV-2019 dispuso, por mayoría, suspender preventivamente el sistema de movilidad instaurado por el art. 41 de la ley 15.008, al desvincular los incrementos correspondientes al cargo determinativo del haber de la evolución de la remuneración del activo y entender que esa cuestión revelaba la ausencia de una relación proporcionada entre la prestación de retiro y aquella que le habría correspondido al reclamante de seguir en actividad, aspecto que se consideró esencial para arribar a una retribución justa.
Aclaró que el voto de la minoría del citado precedente no discrepó con esa postura, empero, puso el acento en la falta de configuración del peligro en la demora, dado que el análisis cuantitativo comparado entre los dos regímenes de movilidad comprometidos no permitía concluir, al menos en aquel momento, que el regulado por la norma cuestionada provocara un consistente perjuicio o una clara afectación al principio de progresividad.
II.1.b. Sostuvo, con prescindencia de los argumentos que motivaron el voto mayoritario de esta Corte en la mencionada causa y que fueran receptados por el pronunciamiento de grado, que el precepto legal impugnado portaba un defecto de entidad que per se autorizaba su descalificación, ello en virtud de estatuir una impropia delegación absoluta en la esfera nacional de prerrogativas locales.
Tras reseñar que una adhesión o remisión a una disposición legislativa proveniente de otra jurisdicción era válida cuando se decidía integrar al ámbito local un esquema normativo previamente establecido en su contenido y alcance y, en cambio, dejaba de serlo, si promovía “una habilitación genérica o abierta” a otro poder, conforme el criterio de esta Corte plasmado en la causa L. 121.939, “Marchetti”, sentencia de 13-V-2020, señaló que en las causas I. 75.223 bis, “Tripichio”, resolución de 31-VIII-2021; I. 75.207 bis, “Sánchez”; I. 75.230 bis, “Casado”, I. 75.230 ter, “Barcelo”, todas resoluciones de 29-IX-2021, entre otras, este Tribunal expresó que el art. 41 de la ley 15.008 consagró “…una amplia remisión al régimen instituido por la ley nacional 26.417 y sus modificatorias que se aplica a las Prestaciones del Régimen Previsional Público…”.
II.1.c. Una vez sentados tales lineamientos y siguiendo la interpretación literal del precepto legal consideró, del mismo modo que lo decidiera este Superior Tribunal provincial, que lo allí prescripto no se limitaba a incorporar al derecho local un esquema determinado de actualización previsional establecido de manera previa en cuanto a su contenido y alcance, sino que instituía una permisión indeterminada, que no prefijaba límite material o temporal alguno y otorgaba de antemano una autorización respecto a normas que las reemplazaren.
De ahí también concluyó que a los jubilados o pensionados de la caja del Banco Provincia les sería aplicable toda nueva regla que el Estado Nacional dictare en relación con la movilidad de los haberes de los beneficiarios cuya caja otorgante fuera la ANSeS.
Entendió que ese diseño legislativo no era justificable en un ámbito en el cual se encuentran comprometidos derechos fundamentales preferentes y en el que, por implicancia, era menester priorizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la no regresividad (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
Precisó que esa impropia transferencia de prerrogativas locales implicó la recepción de las sucesivas alteraciones en el mecanismo de movilidad originalmente pergeñado, que también fueron censurados por regresivos por esta Corte al suspender cautelarmente el art. 41 de la ley 15.008 en la causa I.75.223 bis, “Tripicchio”, resolución de 31-VIII-2021.
Puntualizó que este Tribunal provincial en ese caso puso de relieve que, luego de tres años de haber regido la fórmula combinada instaurada por la ley 27.426 (el IPC-RIPTE) que había cambiado la de la ley 26.417, la ley de emergencia 27.541 –B.O. de 23-XII-2019- abrió la puerta para su modificación, suspendiéndola por 180 días y encomendando al Poder Ejecutivo nacional la fijación de los criterios de corrección que pudiesen corresponder en forma trimestral (conf. art. 55).
Asimismo, señaló que en ese lapso se dictó en el ámbito nacional el decreto de necesidad y de urgencia 542/20 que prorrogó hasta el 31-XII-2020 la interrupción en la aplicación de ese mecanismo, conservando el Ejecutivo nacional la consecuente fijación del esquema de actualización.
Reparó que también en aquel precedente se apuntó a que en ese marco de sucesivas modificaciones se produjeron algunos aumentos, sin sujeción estricta a pautas predeterminadas, con regularidad trimestral, combinando montos fijos y sumas porcentuales (conf. decretos 163/20, 495/20, 692/20 y 899/20) y que luego se sancionó la ley 27.609 (B.O. de 4-I-2021) que modificó la ley 24.241 (conf. art. 32, con sus modificaciones por las leyes 26.417 y 27.426) y fijó un criterio distinto para su cálculo.
Indicó que asimismo se aludió a que con posterioridad otra modalidad regulatoria, como era el decreto 104/21, combinó los índices de evolución de los salarios de empleo registrado y no registrado que mide el INDEC y de la recaudación de la ANSeS, por partes iguales.
Consideró -al igual que lo concluido en la causa "Tripicchio"- que desde la vigencia de la ley 15.008 hasta la actualidad, la movilidad de los agentes pasivos del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha quedado librada a los avatares de un sistema previsional extraño, que en los hechos ha probado ser inestable o azaroso, proyectando impactos negativos en la situación del actor que accediera a su haber previsional, el cual fuera calculado de modo proporcional y sustitutivo de su sueldo en actividad.
Por todo ello, sostuvo que el art. 41 de la ley 15.008 violaba lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 45 de la Constitución provincial, en cuanto vedan a los poderes públicos locales delegar de manera genérica o abierta a otro poder –en la especie a las autoridades nacionales- las facultades expresamente conferidas por la Constitución provincial, con afectación de las garantías fijadas en dicha Carta respecto a los regímenes previsionales de jurisdicción bonaerense.
II.2. Por último, ponderó que el Poder Ejecutivo provincial, con fecha 12 de julio de 2021, remitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados mediante el cual se procuró la derogación de la ley 15.008 y el dictado de una nueva ley que tiene por finalidad restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas de la Caja demandada y asegurar un sendero progresivo de mayor sustentabilidad financiera para dicha entidad, iniciativa consensuada en una mesa de diálogo realizada por esta Corte en la causa I. 75.132, “Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 15.008”.
III. Contra tal pronunciamiento, la entidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-IV-2022, 16:15:41), siendo concedido por la Cámara mediante resolución de fecha 24-V-2022.
Esgrime que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue creada por ley 3.837 como una entidad autárquica de derecho público con autonomía económica y financiera, cuyo funcionamiento está basado en un sistema de reparto.
Enfatiza que la movilidad de los beneficios previsionales se regula en el art. 41 de la ley 15.008 que prevé una delegación directa del legislador provincial a la ley nacional 26.417 y, en ese marco, la Caja aplica el mecanismo de movilidad allí establecido.
Explicita que la ley 27.541 suspendió por el plazo de 180 días la aplicación del índice de movilidad previsto en el art. 32 de la ley 24.241, modificado por la ley 27.426, y el decreto nacional 163/2020 dispuso un incremento porcentual equivalente a 2,3 % sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe de $ 1.500.
Aduce que del fallo impugnado no se desprende que el sistema pergeñado resulte perjudicial para los beneficiarios, ya que sólo se cuestiona la remisión directa efectuada por la ley 15.008 la cual posee sustento en la cobertura del sistema nacional al creciente déficit de la Caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
De ahí, alega la recurrente, que apartarse de ese esquema importa comprometer el futuro de los jubilados y pensionados de dicha institución bancaria.
IV. El recurso intentado no prospera, atento a la insuficiencia técnica que porta, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de una impugnación estructurada en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraba similares agravios (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC; causa A. 78.080, "Freije", resol. de 18-IX-2023).
IV.1. En primer lugar, tal como se desprende del relato de antecedentes, la Cámara confirmó la decisión de primera instancia mediante argumentos que elabora con sustento en el pronunciamiento de esta Corte emitido en la causa I. 75.223 bis, "Tripicchio", resolución de 31-VIII-2021, al analizar la verosimilitud del derecho invocado.
En efecto, el Tribunal de Alzada, con motivo de la inadecuada técnica legislativa implementada en el art. 41 de la ley 15.008, en las sucesivas variaciones en el mecanismo de movilidad jubilatoria originalmente pergeñado y, finalmente, en el proyecto de ley tendiente a derogar dicha norma legal, concluyó que la fórmula contenida en el dispositivo impugnado importaba la violación de los arts. 1, 3 y 45 de la Constitución provincial, que vedan a los poderes públicos locales delegar de manera genérica o abierta a otro poder –en la especie a las autoridades nacionales- las facultades expresamente conferidas por la Constitución provincial, con afectación de las garantías constitucionales fijadas en torno a los regímenes previsionales de jurisdicción bonaerense.
IV.2. Los fundamentos que estructuran la decisión impugnada no han sido rebatidos por la recurrente. Sus argumentos no constituyen un ataque directo y eficaz a lo resuelto por la Cámara, como lo exige esta instancia extraordinaria, sino que efectúa someras manifestaciones genéricas y dogmáticas que giran en torno a que de lo decidido no se desprende que el sistema de movilidad cuestionado ocasiona perjuicios al sector pasivo; a la puesta en ejecución por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires del sistema emergente del art. 41 de la ley 15.008 y al déficit de dicho ente previsional como fundamento de la remisión legislativa ordenada por ese dispositivo.
De tal modo el recurso extraordinario deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos y lo expresado por la recurrente evidencia tan sólo una mera disconformidad que no logra rebatir suficientemente la interpretación dada por el Tribunal de Alzada respecto al mentado art. 41 de la ley 15.008.
En este sentido, cabe recordar que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 75.414, "Mancuso", sen. de 8-VI-2020; A. 78.380, "Socin", resol. de 11-VIII-2023 y A. 78.142, "Rosato", sent. de 11-VIII-2023, e.o.).
Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (conf. causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; A. 71.746, "Buscaglia", sent. de 23-XII-2013; entre muchas otras), lo que, como se ha visto, no ocurre en la especie, en tanto la recurrente se limita a argumentar en paralelo sobre tópicos que no fueron objeto de discusión en la litis .
En adición, este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente la impugnación que se desentiende de los fundamentos del fallo, argumentando en paralelo y evidenciando una mera disconformidad con lo decidido por el a quo (doctr. causa A. 76.566, "Montes", resol. de 2-III-2023 y sus citas). Y no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se sostiene la solución puesta en entredicho (doctr. causa A. 70.763, "Chaves", resol. de 29-VI-2016, e.o.).
V. Por las razones dadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.821).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 –texto según ley 13.812-). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60, CCA y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art.1 acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 17:53:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 10:19:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2023 10:17:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:21:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 07:25:33 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 07:45:12 hs. bajo el número RR-930-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia