Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78817
A.78.817 "CHORNICHAN JOSE LUIS Y OTROS C/ CAJA DE JUB.Y PENS.PERS. BANCO PROVINCIA S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por la señora María Valeria Zgajman de Pino y los señores José Luis Chornichan y Héctor Roberto Labrozzi (v. sent. de fecha 19-IV-2022).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131 y 15.301, entre otras-.
Puntualizó que el régimen legal aplicable al beneficio previsional es el vigente a la fecha de cese y que es el carácter contributivo del sistema aquel en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que, consumada la situación previsional de los actores bajo el régimen legal de otorgamiento, aunque con la modalidad que le es inherente desde su reconocimiento (conf. art. 39 inc. 3°, Const. prov.), correspondía confirmar el decisorio apelado.
II. Contra tal pronunciamiento, por un lado, el letrado apoderado de los señores José Luis Chornichan y Héctor Roberto Labrozzi interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-IV-2022, 7:54:55 p.m.), y por el otro, el apoderado de la señora María Valeria Sgajnar de Pino, dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 9-V-2022, 11:17:23), siendo todos concedidos por la Cámara mediante resolución de fecha 2-V-2023.
III. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto los señores José Luis Chornichan y Héctor Roberto Labrozzi, por apoderado, denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12-V-1998; entre otras. También acusan vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
A su vez aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, en tanto su aplicación produce que el beneficio no supere el 67% del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la que ocupaban los actores a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y, por tal situación, se vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.
En otro orden, arguyen que la Caja previsional demandada, por acta de fecha 19 de mayo de 2008, aprobó la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", se agravian porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente, a pesar de que la prueba pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período comprendido entre diciembre de 2003 y mayo de 2009.
Esgrimen que su haber jubilatorio se liquida conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los diez últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditados en esta causa. Destacan además que se ha demostrado que se abonaron al sector activo suplementos no remunerativos -códigos 1.123, 1.124, 1.133, 1.225 y 1.289- en forma habitual y regular desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009, que no se han trasladado en sus haberes previsionales, llegando el perjuicio al 33,05% en dicho período.
Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009 y del decreto 392/03 e incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si éstas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Por último, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que el Tribunal de Alzada en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían la naturaleza de incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020, A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021; A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021; A. 76.002, "Agustoni", sent. de 15-IX-2021; A. 76.003, "Buceta Díaz", sent. de 14-II-2022).
III.2. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 -y su modificatoria, art. 21 inc. "d" de la ley 13.364- el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había expuesto en apoyo del rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad la doctrina legal de esta Corte que fluye de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
Asimismo, el pronunciamiento de primera instancia había descartado el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, en tanto no se había acreditado que superara el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, no afectando así las normas que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364-, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas -tal lo que ocurre en el caso-, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
III.3. Con respecto a la alegación de que "la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, para justificar su insuficiencia basta con señalar que la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que sobre el punto había notado que el Directorio del Banco Provincia estaba facultado para fijar retribuciones expresamente liberadas de aportes y reseñando, a su vez, diversos pronunciamientos jurisprudenciales que determinaron que los pasivos no tenían derecho a computar en su haber jubilatorio las sumas resultantes de asignaciones calificadas como no remunerativas.
En esa línea, el a quo consignó que la ley 11.761 resultaba de aplicación para la determinación de la base de cálculo del haber inicial y su porcentual, basado en un sistema contributivo que se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
De tal modo, el planteo de los impugnantes queda desplazado, pues en el entendimiento de la Cámara lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino el régimen legal vigente a la fecha de cese para establecer el aplicable al beneficio que obtuvieron los actores y en la realización de aportes sobre componentes remunerativos, sin perjuicio de la movilidad de la prestación.
III.4. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, conforme ha expresado este Tribunal, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (cfr. causas A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sananitte", sent. de 16-VIII-2017 y A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
III.5. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales, el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
A ello hay que agregar que esta Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por el Tribunal (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009 y C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014).
III.6. Por último, la denuncia de fallos contradictorios efectuada por los recurrentes, al señalar que la misma Cámara actuante, ante reclamos iguales, dictó pronunciamientos diferentes -más allá de exigirse un desarrollo circunstanciado tendiente a acreditar tal cuestión (que ha sido omitido)-, constituye una típica cuestión de hecho que, en principio, no resulta pasible de revisión en instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de absurdo, vicio que no ha sido invocado y, menos, demostrado en esta parcela (doctr. causa A. 72.942, "Larumbe", sent. de 24-IV-2019).
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el letrado apoderado de la señora María Valeria Sgajnar de Pino, denuncia la violación de los arts. 14, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7- y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y el precedente de la Corte Suprema de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses", sentencia de 3-XI-2009.
Indica que el a quo al resolver la cuestión declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron 13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria 13.873, ello por imperio del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Aduce que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y de razonabilidad, ambos plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionados con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Cita la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Considera que el fallo impugnado al aplicar la ley 11.761, produjo un perjuicio patrimonial a la actora violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los afiliados jubilados por la ley citada sufren una merma sustancial en relación a otros pasivos que alcanzaron la misma categoría pero con una fecha de cese distinta.
Alega que la mencionada ley lesiona el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Constitución nacional en virtud de que sus disposiciones no pueden alterar los derechos y garantías constitucionales.
Señala que, en materia previsional, la ley vigente al momento del cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico, por lo que entiende que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme al art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Sostiene que la Cámara, al mantener la aplicación de la ley 11.761, convalidó su ultraactividad y especialmente su art. 54, del que surge que el haber previsional solo representa un 65% de lo que percibe un activo.
Añade que, por el principio de justicia social contemplado en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y progresividad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 26-, no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entiende que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761 realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravia porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley vigente a la fecha del cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso.
Ante ello, entiende que el fallo carece de motivación.
Puntualiza que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el fallo atacado no atiende a que se encuentran en el caso involucrados derechos de carácter alimentario y efectuó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma de cada una, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
IV.1. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, se advierte que los agravios esgrimidos en el recurso extraordinario deducido en autos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sent. de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A. 74.624, "Ariza", resol. de 20-II-2019; A. 76.309, "Alsina", resol. de 15-IV-2020 y A. 76.336, "Bendati", resol. de 21-VII-2020 y los antecedentes en ellas citados, entre otros.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso en tratamiento (arts. 279, CPCC; 31 bis, citado).
IV.2. Con relación al restante remedio interpuesto, la demandante se agravia sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación de las pautas sentadas en el caso "Badaro" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes jubilatorios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondo, Constitución nacional, ley
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