Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77323
A.77.323 "ANTONIAZZI EMIR EGIDIO Y OTROSC/ CAJA JUB SUB Y PENS PERS BCO PROV BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION - RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la señora Graciela Cecilia Spitlle de Pi y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (sent. de fecha 16-III-2021).
En primer lugar, desestimó el agravio de la demandante referido a la falta de tratamiento de la actualización de sus haberes previsionales en relación a los aumentos que hubiere obtenido el personal activo bajo los rubros no remunerativos al sostener que la sentencia de primera instancia, en cuanto expresara que la ausencia de aportes previsionales sobre las sumas correspondientes a los adicionales que la parte actora pretende sean considerados "remuneración" impedía que se los tuviera en cuenta para el cálculo de la jubilación, con apoyo en la doctrina sentada en el conocido caso "Donnarumma", resultaba extensivo para la totalidad de los demandantes, sea cual fuere el régimen bajo el cual obtuvieron sus beneficios.
Luego, tras aclarar que la señora Spittle de Pi obtuvo su pensión bajo la ley n° 11.761, señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131,"Actis Goretta" y 15.301, "Conde", entre otras-.
Puntualizó que el régimen legal aplicable al beneficio corresponde al vigente a la fecha de cese (cfr. arts. 53, decreto 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente), y que es el carácter contributivo del sistema aquel en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas determinadas al momento de su otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guardan relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras (cfr. art. 39 inc.3, de la Constitución provincial).
Estimó que, la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debía comprenderse en su totalidad.
I.2. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la coactora Graciela Cecilia Spittle de Pi, por apoderado, denuncia violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I.2024, "Velurtas", sent. de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sent. de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sent. de 12-V-1998; e.o. También acusa vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 29-III-2021, 16:31:32).
A su vez aduce que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
También alega que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 –por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 –modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
Señala que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 resulta confiscatorio para la recurrente, en tanto en virtud de su aplicación se produce una reducción de la base de cálculo de su haber con relación al ingreso que percibe quien se encuentra en actividad en un cargo como el ocupado en vida por su cónyuge, que supera el límite establecido por este Tribunal en la causa "Velurtas", de fecha 10-VI-2009 y, por tal situación se vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional.
En otro orden, arguye que la Caja previsional demandada por acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1-8-2007.
Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", se agravia porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente, a pesar de que la prueba pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período diciembre de 2003 a mayo de 2009.
Esgrime que su haber previsional se liquida conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los 10 últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditados en esta causa. Destaca además que se ha acreditado que se abonaron al sector activo suplementos no remunerativos –códigos 1.123, 1.124, 1.223, 1.224,1.225 y 1.289- en forma habitual y regular desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009, que no se han trasladado a su haber previsional, llegando el perjuicio al 33,05% en dicho período.
Además, expresa que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29-V-2009 y del decreto 392/03 e incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agrega que el tribunal tampoco analizó si éstas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Por último, denuncia la existencia de fallos contradictorios.
Alega que el Tribunal de Alzada en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
I.3. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraban análogos agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020, A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021; A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021; A. 76.002, "Agustoni", sent. de 15-IX-2021; A. 76.003, "Buceta Díaz", sent. de 14-II-2022, e.o.).
I.4. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, cabe advertir que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
Así, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había expuesto en apoyo del rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad la doctrina legal de esta Corte que fluye de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
En efecto, el magistrado de primera instancia reseñó los fundamentos expuestos en el voto del Dr. Pettigiani en lo atinente a que: "Si bien la norma analizada implica una reducción del haber previsional calculado de acuerdo a los términos de la ley 5678, no encuentro que se haya traspasado el límite que hace a la validez constitucional del ejercicio de toda potestad pública […] Tampoco encuentro que la medida adoptada resulte confiscatoria. En efecto aún cuando se tratara de la aplicación del máximo porcentual autorizado por la norma (12% sobre el haber jubilatorio), la reducción en relación al sueldo del personal en actividad no supera el 33% vedado por la jurisprudencia reducida a poco más del 72%, reitero aplicando el máximo aporte autorizado en la norma cuestionada. Así las cosas la limitación al derecho de los interesados resulta ajustada a las previsiones constitucionales…"
La recurrente en su impugnación se limita a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia acerca de la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, e insiste sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas -tal lo que ocurre en el caso-, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
I.5. Con respecto a la alegación de que "la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, para justificar su insuficiencia basta con señalar que la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que sobre el punto aludió a que la ausencia de aportes previsionales sobre las sumas correspondientes a los adicionales que la demandante pretende sea considerada "remuneración" impedía que se los tuviera en cuenta para el cálculo de la jubilación, ello con apoyo en el precedente "Donnarumma".
En esa línea, el a quo consignó que la ley 11.761 resultaba de aplicación para la determinación de la base de cálculo del haber inicial y su porcentual, basado en un sistema contributivo que se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
De tal modo, el planteo de la impugnante queda desplazado, pues en el entendimiento de la Cámara lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino el régimen legal vigente a la fecha de cese para establecer el aplicable al beneficio que obtuvo la demandante y en la realización de aportes sobre componentes remunerativos, sin perjuicio de la movilidad de la prestación.
I.6. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, conforme ha expresado este Tribunal, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (cfr. causas A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sananitte", sent. de 16-VIII-2017 y A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
I.7. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales, el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
A ello hay que agregar que esta Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por el Tribunal (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009 y C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014).
I.8. Por último, la denuncia de fallos contradictorios efectuada por la recurrente, al señalar que la misma Cámara actuante, ante reclamos iguales, dictó pronunciamientos diferentes -más allá de exigirse un desarrollo circunstanciado tendiente a acreditar tal cuestión (que ha sido omitido)-, constituye una típica cuestión de hecho que, en principio, no resulta pasible de revisión en instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de absurdo, vicio que no ha sido invocado y, menos, demostrado en esta parcela (doctr. causa A. 72.942, "Larumbe", sent. de 24-IV-2019).
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
II. En otro punto, la Cámara interviniente también desestimó el recurso de apelación deducido por los señores Emir Edigio Antoniazzi, Salvador Bartolillo y Servando Folguera, que adquirieron su beneficio previsional al amparo de la ley 5.678, confirmando el pronunciamiento de primera instancia en cuanto rechazara el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y el reintegro de las sumas descontadas en concepto de "aporte a cargo de beneficiario".
Sostuvo que los argumentos de los apelantes eran infructuosos a fin de demostrar que el caso no se encuentra alcanzado por la doctrina legal de este Tribunal sentada en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 que modificara su anterior posición expuesta en el precedente I. 1.904 denunciado por los actores.
Consideró que la situación controvertida ostentaba un perfil análogo al que se ventilara en ese precedente que persiguiera idéntico destino respecto a la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de que la vía procesal era diferente.
En tal sentido, precisó que el punto central de debate radicaba en el derecho adquirido de los demandantes a repeler los aportes sobre sus haberes luego de la obtención del beneficio y, por lo tanto, en la confiscatoriedad.
De tal modo, ponderó que no se había demostrado haber superado el umbral jurisprudencial del 33%, calculado sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos para configurar la inconstitucionalidad del aporte a la luz de la doctrina legal y que la aplicación del máximo porcentual autorizado (12%) no superaba ese límite.
Finalmente, sostuvo que el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad, contribuye a adoptar un criterio favorable a los aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no rebasaren los límites expuestos.
Concluyó que lo que determina la validez del precepto cuestionado es el alcance no confiscatorio del mayor aporte establecido, más allá de la aplicación de la ley vigente al tiempo de ocurrido el hecho generador del beneficio.
II.1. Contra el mentado pronunciamiento los demandantes alcanzados por dicho decisorio interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-III-2021, 16:19:54).
Denuncian violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, las leyes 5.678 y 13.364 y resolución 74 dictada por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas "Martín" (I. 1.904 y sus acumuladas, sent. del 8-III-2006) y "Velurtas" (I. 2.024, sent. del 10-VI-2009).
Luego de relatar los antecedentes de la causa, aducen que la Cámara violó la seguridad jurídica al aplicar la doctrina legal vigente de esta Corte sin tener en cuenta el régimen legal por el cual adquirieron su beneficio previsional, que en el caso es la ley 5.678.
Afirman que la aplicación de una nueva doctrina legal, tomando en consideración la materia que se ventila y la edad de los actores, debe ser presidida por una especial prudencia a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Plantean la vulneración del instituto de la seguridad jurídica.
Por último, denuncian la omisión en el tratamiento de diversas cuestiones que consideran esenciales para la resolución del caso y sostienen que el Tribunal de Alzada incurrió en arbitrariedad.
II.2. Los agravios esgrimidos en el recurso en tratamiento han sido analizados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas A. 70.935, "Caminiti" y A. 70.936, "Silberman", sents. de 22-V-2013), en los que se desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado respecto del art. 21 inc. "e", ley 11.761.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados por el Tribunal en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, cit.).
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.