Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77515
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
A.77.515 "OUHARRIET OSVALDO JORGE Y OTROS C/ CAJA DE JUBILACIONES SUBSIDIOS Y PENS. BANCO PCIA. BS. AS. S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS – PREVISION. RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por Osvaldo Jorge Ouharriet, Irma Noemí Calascibetta, Zunilda Celia Hanzich, José Alberto Agusti, María Dolores Del Fabro, Erminda Luján Ciardoney, Blanca Clotilde Fernández y Oscar Luis Golato (v. sent. de fecha 30-III-2021).
Para así decidir, señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131, "Actis Goretta" y 15.301, "Conde", entre otras-.
Puntualizó que el régimen legal aplicable al beneficio corresponde al vigente a la fecha de cese (cfr. arts. 53, decreto ley 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente), y que es el carácter contributivo del sistema aquel en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas determinadas al momento de su otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guardan relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras (cfr. art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial).
Estimó que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debía comprenderse en su totalidad.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte actora, por apoderado, denuncia violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2024, "Velurtas", sent. de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sent. de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sent. de 12-V-1998; e.o. También acusa vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 12-IV-2021, 12:09:53).
A su vez aduce que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Alega que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 –por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 –modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
Señala que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas", de fecha 10-VI-2009 y, por tal situación, se vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.
En otro orden, arguye que la Caja previsional demandada por acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1-8-2007.
Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", se agravia porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente, a pesar de que el dictamen pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período diciembre de 2003 a mayo de 2009.
Esgrime que su haber previsional se liquida conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761, que prevé para su cálculo el promedio de los 10 últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditados en esta causa. Destaca, además, que se ha demostrado que se abonaron al sector activo suplementos no remunerativos –códigos 1.123, 1.124, 1.223, 1.224,1.225 y 1.289- en forma habitual y regular desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009, que no fueron trasladados a su haber previsional, llegando el perjuicio al 33,05% en dicho período.
Expresa que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales, como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29-V-2009 y del decreto 392/03, e incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agrega que el tribunal tampoco analizó si éstas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Por último, denuncia la existencia de fallos contradictorios.
Dice que el Tribunal de Alzada en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761, por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020, A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021; A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021; A. 76.002, "Agustoni", sent. de 15-IX-2021; A. 76.003, "Buceta Díaz", sent. de 14-II-2022, e.o.).
III.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, se advierte que -como quedara expuesto en el relato de antecedentes- la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia con sustento en el régimen legal aplicable a los actores, en atención a la fecha en que se acogieron a su beneficio previsional. Sin embargo, omitió dar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad del aporte a cargo del beneficiario formulado por los recurrentes, a pesar de que en el recurso de apelación se denunciara como agravio la ausencia de fundamentos por parte del juez de primera instancia a los fines de desestimar aquel tópico (v. punto 2.2.).
No obstante lo cual, el Tribunal de Alzada prescindió de lo allí esgrimido.
Con todo, es doctrina reiterada de este Tribunal que semejante tipo de denuncias -falta de abordaje de una cuestión reputada esencial- trata de una materia propia del recurso extraordinario de nulidad y no de la vía deducida (doctr. causas C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 105.676, "Pérez", sent. de 4-III-2009; e.o.). De modo tal que, no habiéndose acudido por ese carril -que es el idóneo a los fines pretendidos- esta parcela de la queja resulta inabordable por la Corte.
III.2. Con respecto a la alegación de que "la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, para justificar su insuficiencia basta con señalar que la Cámara consignó que la ley 11.761 resultaba de aplicación para la determinación de la base de cálculo del haber inicial y su porcentual, basado en un sistema contributivo que se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Así las cosas, el planteo de la impugnante queda desplazado, pues en el entendimiento de la Cámara lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino el régimen legal vigente a la fecha de cese aplicable al beneficio que obtuvo quien demanda y en la realización de aportes sobre componentes remunerativos, sin perjuicio de la movilidad de la prestación.
III.3. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso habla del apartamiento de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, conforme ha expresado este Tribunal, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (cfr. causas A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sananitte", sent. de 16-VIII-2017 y A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
III.4. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales, el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
A ello hay que agregar que esta Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por el Tribunal (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009 y C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014).
III.5. Por último, la denuncia de fallos contradictorios efectuada por la recurrente, al señalar que la misma Cámara actuante, ante reclamos iguales, dictó pronunciamientos diferentes -más allá de exigirse un desarrollo circunstanciado tendiente a acreditar tal cuestión (que ha sido omitido)-, constituye una típica cuestión de hecho que, en principio, no resulta pasible de revisión en instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de absurdo, vicio que no ha sido invocado y, menos, demostrado en esta parcela (doctr. causa A. 72.942, "Larumbe", sent. de 24-IV-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:49:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 14:24:21 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2024 08:42:58 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/05/2024 08:43:23 hs. bajo el número RR-357-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia