Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.884 "GIRALDI FABIAN SERGIO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. PREVISION - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, el señor Fabián Sergio Giraldi promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo que le sea reconocido el derecho al pago del beneficio previsto por el art. 47 de la ley 13.982, a valores actuales con más los intereses que correspondan (v. present. electr. de 27-IX-2021).
I.2. Una vez sustanciada la acción, en lo que aquí interesa, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial (v. present. electr. de 20-XII-2021).
Adujo que la demanda no reunía los requisitos de admisibilidad, en tanto no se encontraba instruida, informada y resuelta la instancia administrativa previa a este proceso judicial.
Señaló que fue el propio actor quien inició el reclamo administrativo con el objeto de percibir el mentado subsidio y que posteriormente abandonó su tramitación. Entendió que, en este caso, la necesidad de agotamiento del trámite administrativo previo se conecta con la necesidad de contar con información suficiente para tener por debidamente instruido el caso, permitiendo a la autoridad competente conocer la plataforma fáctica y dictar un acto administrativo que brinde las razones de un acogimiento o rechazo del reclamo, con eventual generación de conflicto susceptible de ser enjuiciado.
Sostuvo que el hecho de haber sometido la parte actora la satisfacción de su interés a una decisión administrativa que todavía no se ha pronunciado a favor o en contra, impide considerar que se encuentre configurado un caso entendido como enfrentamiento de intereses contrapuestos.
Destacó que si bien cierto tipo de pretensiones -como las de reconocimiento o indemnizatorias- permiten al actor promover una demanda directa contra la administración, lo cierto es que de haber elegido el demandante someter su pretensión a un reclamo previo en sede administrativa, por tal proceder queda expuesto a las resultas de un acto administrativo que en caso de denegación de su reclamo deberá ser impugnado como condición previa para que prospere la pretensión.
Por último, expresó que tampoco el actor invocó en la demanda la existencia de silencio o retardación por parte de la Administración.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°4 del Departamento Judicial La Plata, en lo que aquí interesa, rechazó la excepción de inadmisibilidad de la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa (arts. 14 inc. 1, ap. "b" y 35, CCA) y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (art. 36 inc. 1, CCA; v. resol. de 30-III-2022).
Señaló que el art. 166 de la Constitución provincial, con los alcances dados en la causa B. 64.553, "Gaineddu", resolución de 23-V-2003, debe actuar como ineludible principio rector para la interpretación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo que, de consuno con la garantía prevista en el art. 15 de la citada constitución, franqueen el acceso a la jurisdicción de todos aquellos supuestos en que exista una opción válida.
Consideró que, en el caso, se configura un supuesto de excepción de demandabilidad directa ante la inutilidad de concurrir a la vía administrativa que necesariamente está destinada al fracaso (arts. 166, Const. prov. y 14 inc. 1, "b", CCA). Ello, en tanto el actor promovió un juicio laboral contra la Provincia de Buenos Aires que guarda relación con el beneficio solicitado en sede administrativa (v. res. 2018-1628 adjuntada a la demanda) y se verificaba un sinnúmero de antecedentes administrativos que han desestimado reclamos de contenido análogo al presente, lo que evidencia una clara conducta de la demandada que permite presumir la ineficacia cierta de transcurrir una vía administrativa, resultando una carga excesiva o inútil para el administrado.
Ponderó que no obsta a lo expuesto que el actor haya sometido la satisfacción de su interés a una decisión administrativa previa y deba aguardar su resolución para configurar el "caso judicial" -tal como refirió el apoderado en su defensa-, en tanto advirtió que en las actuaciones 21.100-147.476/2011 iniciadas el 11-IV-2011 con motivo de la solicitud del subsidio previsto por la ley 13.982, a más de diez años desde su inicio, la autoridad demandada no ha emitido pronunciamiento que clausure la instancia, todo lo cual refuerza la ineficacia de continuar con el carril administrativo intentado. Concluyó que la exigencia del agotamiento de la vía configura en el caso un ritualismo dilatorio, resultando a todas luces contrario a la garantía de la tutela judicial y administrativa efectiva (art. 15, Cons. prov.) y al derecho a obtener una decisión fundada en un "plazo razonable" (arts. 75 inc. 22, Const. prov.; 8.1 y 25 Convención Americana de Derechos Humanos).
I.4. Apelado dicho pronunciamiento por la parte demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación incoado por Fiscalía de Estado y confirmó el decisorio de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas a la recurrente vencida (arts. 12, 35 inc. "i", 55, 56 y 51, CCA; v. resol. interloc. de 10-VIII-2023).
II. Frente a lo así decidido, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 28-VIII-2023), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 27-II-2025), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 13-III-2025).
III.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.945, "Balcedo", resol. de 11-IV-2018; A. 75.823, "Otto Garde Cía. S.A.", resol. de 23-X-2019; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 78.170, "Centurylink Argentina SA", resol. de 14-III-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada –por mayoría- confirmó la resolución de grado que rechazó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 77.039, "Peralta", resol. de 9-VI-2021; Q. 77.420, "Cavalieri", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.404, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 31-VII-2023; Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.148, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178,"Nieva"; Q. 79.186, "Bordon", ambas. resols. de 11-VII-2024; Q. 79.186, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024 y Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024, e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Es que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que cabe constatar en el caso.
III.3. La denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su presencia en este supuesto- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.581, "Rios", resol. de 18-IX-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:07:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:11:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2025 09:33:21 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:36:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 13:46:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 13:50:36 hs. bajo el número RR-311-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia