Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79625
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 279, CPCC y 31 bis ley 5.827-texto según ley 13.812-). Con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC; 60, CCA).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Caja previsional demandada, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC; 60, CCA).
A.79.625 "CANOSA LUIS MARIA C/ CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION - RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron :
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Luis María Canosa contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; declaró la inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 y, en consecuencia, condenó a la demandada a que en el plazo de sesenta días liquide los haberes previsionales del actor conforme lo establece el art. 57 de la ley 13.364 (t.o. ley 13.873) y abone, en caso de corresponder, las diferencias que resultaren. Ordenó adicionar, a dicho monto, la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días (conforme pautas fijadas por esta Suprema Corte de Justicia provincial en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016, por mayoría), desde que cada período resultó exigible hasta su efectivo pago (v. sent. de 20-III-2024).
I.1. Dicho pronunciamiento fue apelado por la Caja demandada (v. present. electr. de 27-III-2024).
Una vez radicada la causa ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, la parte actora se presentó ante ese Tribunal y solicitó, a los efectos del dictado de la sentencia, que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad, por resultar violatorios del derecho de propiedad y del principio de razonabilidad con que el mismo puede ser reglamentado, en los términos del precedente de esta Suprema Corte, causa C. 124.096, "Barrios", sent. de 17-IV-2024 y la doctrina legal que -según afirma- allí se estableció, conforme la cual los mecanismos de recomposición patrimonial empleados hasta ese momento (tasa de interés establecida in re "Ubertalli") se han demostrado insuficientes para remediar los altos niveles de inflación que aquejan a la economía de nuestro país.
Peticionó, concretamente, que el capital de condena sea sometido a un régimen de actualización, mediante la aplicación de la variación de los índices de costo de vida, teniendo en cuenta el carácter alimentario del crédito reconocido, esto es, el índice de Precios al Consumidor (IPC) que publique el INDEC, desde el día en que la presente quede firme y hasta el efectivo pago (v. present. electr. de 31-V-2024).
I.2. Con fecha 4-VI-2024, la Cámara interviniente proveyó " A lo requerido, atento el estado procesal de autos, no ha lugar a su consideración, debiendo los peticionarios ocurrir por la vía que corresponda en la oportunidad pertinente. Estése a lo resuelto en el día de la fecha.. .". El mismo día, el Tribunal de Alzada dictó sentencia rechazando el recurso de apelación interpuesto por la Caja previsional demandada el 17-X-2023 y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravios, con costas a la recurrente en su condición de vencida (v. sent. de 4-VI-2024).
II. Disconformes con dicho pronunciamiento, la parte demandada (v. present. electr. de 19-VI-2024) y la parte actora (v. present. electr. de 5-VI-2024) interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara (v. resol. de 29-VIII-2024).
III.1. Pasando a analizar la admisibilidad de la vía otorgada a la parte actora, cabe observar que la impugnante, al deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, menciona que lo articula contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata (v. punto I. Objeto). Basa su agravio sosteniendo que el fallo impugnado, al confirmar la sentencia de grado, vulnera el derecho de propiedad privada y el principio de razonabilidad, conforme los términos del precedente "Barrios" de esta Suprema Corte, "a cuyos argumentos se remite en honor a la brevedad".
Señala que solicitó en tiempo y forma la aplicación de la mencionada doctrina legal y que le causa agravio la sentencia dictada por la Cámara, en cuanto omitió su consideración.
III.2. El remedio no puede prosperar, atento al déficit técnico que porta (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis ley 5.827).
Ello, por cuanto la inveterada jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la alegación de supuestas omisiones en el tratamiento de cuestiones por parte de la Cámara –en el caso la consideración y aplicación de la doctrina emergente del mencionado precedente "Barrios"-, constituye un tema ajeno al recurso de inaplicabilidad de ley que solamente puede canalizarse a través del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas C. 120.224, "Luxen", resol. de 4-XI-2015; e.o.).
Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 31 bis, ley 5.827; 278 y 289, CPCC; 60 CCA). Con costas a la recurrente (arts 289 in fine , CPCC; 30, CCA).
IV. Con relación al recurso interpuesto por la demandada, en lo que importa a esta vía extraordinaria, la Cámara rechazó la apelación deducida por dicha parte, reseñando en primer lugar lo expresado por esta Suprema Corte en los autos I. 75.111, “Macchi”, resolución de fecha 17-IV-2019.
Precisó que en dicha causa este Tribunal dispuso, por mayoría, suspender preventivamente el sistema de movilidad instaurado por el art. 41 de la ley 15.008. Esto mismo, al desvincular los incrementos correspondientes al cargo determinativo del haber de pasividad de la evolución de la remuneración del agente activo, afirmando que esa cuestión revelaba la ausencia de una relación proporcionada entre la prestación de retiro y aquella que le habría correspondido al reclamante de seguir en actividad.
Dijo que el voto de la minoría en el citado precedente no discrepó sustancialmente de esa postura. Empero, puso el acento en la falta de configuración del peligro en la demora.
IV.1. Más específicamente, destacó que el actor en "Macchi" obtuvo su jubilación con arreglo a un régimen jurídico anterior a la ley 15.008 y se agravió de la alteración que el citado art. 41 de esa norma provocó en su estatus jubilatorio (al remitir a un índice de actualización ajeno al propio sistema).
Por eso, advirtió que lo allí decidido no resultaba automáticamente extensivo al demandante de los presentes autos, quien accedió a la prestación cuando ya estaba vigente la ley 15.008. De manera tal que, distinto de aquel precedente, la actualización de su haber quedó sujeta -desde un primer momento- a los guarismos de cálculo estatuidos en dicho régimen previsional.
IV.1.a. Sin embargo, entendió que ante pronunciamientos posteriores emitidos tanto por esta Corte como por la propia Cámara en los que se invalidara el art. 41 de la ley 15.008, correspondía confirmar la decisión de primera instancia.
Para eso, explicó que, independientemente del régimen jurídico de origen, aquel precepto era portador de un defecto congénito de tal entidad que autorizaba igualmente su descalificación. Ello, por consumar una indebida delegación de facultades normativas a la esfera nacional.
En tal sentido, tras subrayar que una adhesión o remisión a una disposición legislativa proveniente de otra jurisdicción era válida cuando se decidía integrar al ámbito local un esquema normativo previamente establecido en su contenido y alcance y, en cambio, dejaba de serlo si promovía “una habilitación genérica o abierta” a otro poder (conf. causa L. 121.939, “Marchetti”, sent. de 13-V-2020), recordó que en las causas I. 75.223 bis, “Tripichio”, resolución de 31-VIII-2021; I. 75.207 bis, “Sánchez”; I. 75.230 bis, “Casado” e I. 75.230 ter, “Barcelo”, todas resoluciones de 29-IX-2021, entre otras, este Tribunal estimó que la “amplia remisión al régimen instituido por la ley nacional 26.417 y sus modificatorias” era prima facie lesivo de los derechos de los ex empleados del Banco Provincia.
IV.1.b. Así las cosas, el a quo reputó que el art. 41 de la ley 15.008 no se limitaba a incorporar al derecho público local un esquema determinado de actualización previsional establecido de manera previa en cuanto a su contenido y alcance, sino que instituía una permisión indeterminada, que no prefijaba límite material o temporal alguno y otorgaba de antemano una autorización para el dictado de normas que sucesivamente lo reemplacen. Por ende, concluyó que a los jubilados y pensionados de la Caja del Banco Provincia les sería aplicable toda nueva regla que el Estado Nacional dictare con relación a la movilidad de los haberes de los beneficiarios cuya caja otorgante fuera la ANSeS.
Determinó que ese diseño legislativo no era justificable en un ámbito en el cual se encuentran comprometidos derechos fundamentales preferentes y en el que, por implicancia, era menester priorizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la no regresividad (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
IV.1.c. Precisó que esa impropia transferencia de prerrogativas locales implicó la recepción de las sucesivas alteraciones en el mecanismo de movilidad originalmente pergeñado, que también fueron censurados —por regresivos— por esta Suprema Corte al suspender cautelarmente el art. 41 de la ley 15.008 en la causa I. 75.223 bis, “Tripicchio”, ya citada.
Recortando pasajes de dicho fallo, puso de relieve que luego de tres años de haber regido la fórmula combinada instaurada por la ley 27.426 (el IPC-RIPTE) que había cambiado la de la ley 26.417, la ley de emergencia 27.541 (B.O. de 23-XII-2019) abrió la puerta para su modificación, suspendiéndola por 180 días y encomendando al Poder Ejecutivo nacional la fijación de los criterios de corrección que pudiesen corresponder en forma trimestral (conf. art. 55).
Asimismo, señaló que en ese lapso se dictó en el ámbito nacional el decreto de necesidad y urgencia 542/20, que prorrogó hasta el 31-XII-2020 la interrupción en la aplicación de ese mecanismo, conservando el Ejecutivo nacional la consecuente fijación del esquema de actualización.
Notó también que en el precedente invocado se apuntó a que en ese marco de sucesivas modificaciones se produjeron algunos aumentos, sin sujeción estricta a pautas predeterminadas, con regularidad trimestral, combinando montos fijos y sumas porcentuales (conf. decretos 163/20, 495/20, 692/20 y 899/20). Y que luego se sancionó la ley 27.609 (B.O. de 4-I-2021), que modificó la ley 24.241 (conf. art. 32, con sus modificaciones por las leyes 26.417 y 27.426) y fijó un criterio distinto para su cálculo.
Remarcó que, luego de todo eso, una nueva modalidad regulatoria como fue el decreto 104/21 combinó los índices de evolución de los salarios de empleo registrado y no registrado que mide el INDEC y de la recaudación de la ANSeS, por partes iguales.
IV.1.d. Destacó entonces la conclusión de que, desde la vigencia de la ley 15.008 hasta la actualidad, la movilidad de los agentes pasivos del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha quedado librada a los avatares de un sistema previsional extraño, que en los hechos ha probado ser inestable o azaroso, proyectando impactos negativos en la situación del actor que accediera a su haber previsional, dejando este de ser calculado de modo proporcional y sustitutivo de su sueldo en actividad.
Por todo ello, afirmó que el art. 41 de la ley 15.008 viola lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 45 de la Constitución provincial, en cuanto vedan a los poderes públicos locales delegar de manera genérica o abierta a otro poder -en la especie, a las autoridades nacionales- las facultades expresamente conferidas por la Constitución provincial, con afectación de las garantías fijadas en dicha Carta respecto a los regímenes previsionales de jurisdicción bonaerense.
IV.2. Por último, ponderó que el Poder Ejecutivo provincial, con fecha 12 de julio de 2021, remitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados mediante el cual se procuró la derogación de la ley 15.008 y el dictado de una nueva ley. Según su explicación de motivos, ella tiene por finalidad “restituir y ampliar” los derechos de las personas jubiladas y pensionadas de la Caja del Banco Provincia y asegurar un sendero progresivo de mayor sustentabilidad financiera para dicha entidad.
V. La entidad demandada en su recurso esgrime que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue creada por ley 3.837 como una entidad autárquica de derecho público con autonomía económica y financiera, cuyo funcionamiento está basado en un sistema de reparto.
Enfatiza que la movilidad de los beneficios previsionales que otorga se regula actualmente por el art. 41 de la ley 15.008, que prevé una delegación directa del legislador provincial a la ley nacional 26.417 y, en ese marco, la Caja aplica el mecanismo de actualización allí establecido.
Aduce que el Tribunal de Alzada debió resolver según los principios de realidad y sustentabilidad, los cuales fueron ignorados en pro del de proporcionalidad, cosa que –según su criterio- no debió hacerse ante el ostensible déficit financiero que atraviesa la Caja.
En ese orden, refiere que la ley 15.008 contiene un sistema de movilidad válido y ya existente a nivel nacional a fin de garantizar la subsistencia de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Adicionalmente, entiende que la Cámara interpretó desacertadamente el concepto de “retribución justa”, al soslayar el riesgo existente para la posibilidad de otorgamiento de jubilaciones futuras.
V.1. Tras reseñar el mecanismo de cálculo de la movilidad de las prestaciones conforme la normativa nacional, aduce que del fallo impugnado no se desprende que el mecanismo así pergeñado resulte perjudicial para sus beneficiarios.
De ahí, alega que al analizar la Cámara la remisión prevista en el art. 41 de la ley 15.008, omitió considerar la armonización y reciprocidad que se buscó al diseñarlo, repercutiendo favorablemente en la sostenibilidad de todo el sistema.
V.2. Para finalizar, critica que la Cámara haya aludido a la índole alimentaria del derecho involucrado a fin de declarar la invalidez constitucional de dicho precepto.
Al respecto, esgrime que el demandante no probó el perjuicio concreto que le irrogó el método de cálculo de la movilidad allí previsto, ni que el mismo resultare “confiscatorio”. Añade que tampoco el Tribunal de Alzada examinó las circunstancias fácticas y la prueba aportada tendientes a demostrar los daños producidos por la aplicación del art. 41, por lo que ha incurrido en el vicio de absurdo.
VI. El recurso no prospera, atento a la insuficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-).
VI.1. Según se desprende del relato de antecedentes, la Cámara confirmó la decisión de primera instancia argumentando —con sostén en autoridad jurisprudencial— acerca de la inadecuada técnica legislativa implementada por el art. 41 de la ley 15.008, en las sucesivas variaciones en el mecanismo de movilidad jubilatoria originalmente establecido y, finalmente, en el proyecto de ley tendiente a derogar dicha norma.
Conforme con ello, concluyó que la fórmula contenida en el dispositivo impugnado importaba la violación de los arts. 1, 3 y 45 de la Constitución provincial.
VI.2. Los fundamentos que estructuran esa decisión no han sido rebatidos por la recurrente.
En efecto: sus argumentos no constituyen un ataque directo y eficaz a lo resuelto por la Cámara, como lo exige esta instancia extraordinaria (art. 279 in fine , CPCC). En su lugar, la apelante efectúa someras manifestaciones genéricas y dogmáticas que giran en torno a la prevalencia de determinados principios jurídicos; a que de lo decidido no se desprende que el sistema de movilidad cuestionado ocasione perjuicios al sector pasivo; o al déficit que atraviesa la entidad previsional y la necesidad de conjurarlo a todo trance.
De ese modo, el recurso extraordinario deviene insuficiente a los fines pretendidos, pues lo expresado en él evidencia tan sólo una mera disconformidad que no logra desarticular lo resuelto por el Tribunal de Alzada en torno al mentado art. 41 de la ley 15.008.
Cabe recordar que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 75.414, "Mancuso", sent. de 8-VI-2020; A. 78.380, "Socin", resol. de 11-VIII-2023 y A. 78.142, "Rosato", sent. de 11-VIII-2023, e.o.).
A lo que cabe sumar que la invocación aquí de ciertos principios jurídicos, por su alto nivel de abstracción y generalidad, se presentan ineficaces a los fines de desarticular los fundamentos legales brindados por la Cámara, mostrándose como una mera argumentación en paralelo que se desentiende de la lógica del fallo (doctr. causas A. 75.630, "Montoto", sent. de 27-VIII-2020 y A. 75.113, "Alderete", sent. de 27-V-2021, e.o.).
VI.3. Tampoco es de recibo la denuncia de absurdo, que la recurrente funda en la falta de análisis o interpretación de los hechos y de la prueba aportada en autos.
Como se ha explicado, la Cámara admitió el planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 con sostén en lo que vio como una inadecuada técnica legislativa basada en una impermisible delegación abierta a las autoridades nacionales.
Siendo eso así, lo avanzado por la recurrente a fin de que se concluya en la absurdidad de la sentencia con motivo de una ligera o inexistente ponderación de la exacta magnitud económica del eventual perjuicio, carece de vinculación con la ratio decidendi del pronunciamiento.
De ese modo, la demandada discurre sobre puntos que no han sido los determinantes para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la decisión (conf. causa A. 75.513, “Borelli”, sent. de 26-V-2021).
VII. Por último, es pertinente destacar que la ley 15.008 ha sido recientemente derogada por la ley 15.514 (B.O. de 3-I-2025), que consagra un régimen de movilidad de las prestaciones diferente al que ha sido objeto de discusión en estos autos.
VIII. Por las razones dadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Caja previsional, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 279, CPCC y 31 bis ley 5.827-texto según ley 13.812-). Con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC; 60, CCA).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Caja previsional demandada, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC; 60, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:42:15 - SORIA Daniel Fe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.