Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78866
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.866, "Sosa, David Teodoro contra Ministerio de Economía - IPS s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Previsión. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó el planteo relacionado al goce del subsidio reglado por la ley 11.221 —texto según ley 13.978—, anuló aquella parcela de la resolución 957.477 que establecía que la liquidación de la jubilación por invalidez correspondiente al actor efectuada por el Instituto de Previsión Social se ajustaba a las pautas establecidas en la sentencia de fondo dictada en estos autos y acogió el pedido de pago del aludido subsidio, imponiendo las costas de ambas instancias a la demandada vencida. Dispuso también desestimar el recurso de apelación intentado por la representación fiscal.
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS); declaró la nulidad de las resoluciones 822.361 de fecha 16 de septiembre de 2015 y 903.240 de fecha 8 de noviembre de 2018; reconoció el derecho del actor a gozar del beneficio de "jubilación por invalidez" en los términos del art. 29 del decreto ley 9.650/80; y condenó al instituto demandado a abonar al actor la citada prestación a partir del 7 de diciembre de 2012 —fecha de la presentación de la solicitud administrativa del beneficio previsional—.
I.2. El 22 de septiembre de 2021 la representación fiscal acompañó a la causa copia certificada de la resolución 957.477 dictada el día 15 de septiembre de 2021 por el Directorio del IPS, mediante la que se dispuso: acordar el beneficio de jubilación por invalidez en los términos del decreto ley 9.650/80 a David Teodoro Sosa; establecer que el beneficio sería liquidado a partir del día 7 de diciembre de 2012 y equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de técnico categoría 09, con 48 hs. y 18 años de antigüedad, desempeñado en el Ministerio de Salud; dejando establecido que la liquidación correspondiente se practicó de acuerdo a las pautas determinadas en la sentencia dictada en el marco de las presentes actuaciones judiciales.
I.3. Con sustento en el referenciado acto administrativo, la demandada solicitó que se tenga por cumplida la sentencia.
I.4. Con fecha 2 de octubre de 2021, el actor sostuvo que la resolución antes mencionada no se ajustaba a derecho, dado que: establecía en su favor una antigüedad de 18 años por labores desempeñadas en la esfera del Ministerio de Salud provincial, excluyendo ilegítimamente los servicios prestados por su parte en el ámbito nacional; y convalidaba la liquidación que respecto del beneficio jubilatorio por invalidez practicó oportunamente la Administración, cálculo que suprimía el goce por su parte del subsidio que percibía en los términos del art. 1 de la ley 11.221 —texto según ley 13.978—, bonificación cuyo goce le correspondía en virtud de su condición de combatiente del conflicto bélico que tuvo lugar en el denominado Teatro de Operaciones Malvinas (TOM).
II. Con fecha 4 de julio de 2022 el señor juez actuante dictó una nueva sentencia mediante la cual resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el actor y ordenar a la demandada a que efectúe el cálculo de los haberes previsionales tomando en cuenta los servicios prestados por el peticionario en el ámbito nacional.
Por otro lado, rechazó el planteo con relación a la integración de la bonificación especial de la ley 13.978.
Para decidir de ese modo relevó que del expediente administrativo 21557-419354/17, surgía:
i) que el actor contaba al año 2007 con los siguientes servicios: 35 años, 11 meses y 24 días en el ámbito nacional y 14 años, 5 meses y 14 días en la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 104);
ii) declaración jurada en la que constaban los servicios desempeñados con aportes en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), haciéndose saber allí que "será organismo otorgante de la prestación cualquiera de los comprendidos en el Sistema de Reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor cantidad de años de servicio con aportes. En el caso de que existiese igual cantidad de años de servicio con aportes el afiliado podrá optar por el organismo otorgante" (fs. 158/159);
iii) planilla de solicitud de jubilación y declaración jurada donde surge que el 7 de diciembre de 2012 el actor requirió el otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez, declarando los servicios prestados en la órbita nacional con aportes a la ANSES (v. fs. 155/160);
iv) resolución 1.549 de fecha 6 de julio de 2012 por medio de la cual el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso el cese por incapacidad laboral de carácter permanente superior a los dos tercios de su capacidad psicofísica a partir del día 15 de mayo de 2012 (v. fs. 164);
v) presentación efectuada por el actor el día 26 de agosto de 2014 por ante el Presidente del IPS "...con el fin de renunciar a los años nacionales por todo concepto con el objeto de obtener el beneficio de jubilación por incapacidad en el IPS, más el adicional que percibía en actividad por excombatiente..." (fs. 212);
vi) resolución de 25 de noviembre de 2015 suscripta por el Presidente del IPS que dispone: "RECONOCER LOS SERVICIOS DESEMPEÑADOS BAJO ESTE AMBITO POR DON/ÑA SOSA, DAVID TEODORO [...] DE 18 AÑOS, 10 MESES, 28 DIAS, LOS CUALES CORRESPONDEN A 18 AÑOS, 10 MESES, 28 DIAS DE SERVICIOS COMUNES..." (fs. 239).
El magistrado advirtió que por medio de la resolución 957.477 del 15 de septiembre de 2021, el Directorio del IPS dispuso: "...ACORDAR el beneficio de JUBILACIÓN POR INVALIDEZ, en los términos del Decreto-Ley N° 9650/80, a David Teodoro SOSA [...]; ESTABLECER que el beneficio será liquidado a partir del día 07 de diciembre de 2012 y será equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Técnico - Categoría 09 - 48 hs. con 18 años de antigüedad, desempeñado por el Ministerio de Salud".
Agregó que con fecha 31 de mayo de 2022 la representación fiscal acompañó un informe de la Jefa del Departamento Interino de Dirección de Planificación y Control de Gestión del IPS, donde se consigna que "La antigüedad se corresponde a 18 años, se da de alta el beneficio previsional conforme los servicios provinciales, ya que en caso por criterio de este Instituto y los Organismos Asesores, se consideran renunciados los servicios nacionales, siendo que se encuentra en juego el rol de caja".
Para contestar el agravio del actor relacionado con el cómputo de su antigüedad, el señor juez entendió que, conforme las actuaciones administrativas, el 7 de diciembre de 2012 el señor Sosa requirió el otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez ante el IPS (declarando servicios prestados en la órbita nacional con aportes a la ANSES), y luego, a fin de obtener el beneficio ante la caja provincial, el 26 de agosto de 2014 renunció a los años de servicios en la órbita nacional.
Destacó el último párrafo del art. 67 del decreto ley 9.650/80 el cual establece que, para los beneficios de jubilación por incapacidad y pensión por fallecimiento en actividad, será caja otorgante de la prestación la jurisdicción previsional provincial, en el caso que el peticionante se encontrare afiliado a ella al momento de producirse la incapacidad o el deceso respectivamente.
Consecuentemente, postuló que correspondía hacer lugar a lo solicitado por la parte actora y ordenar al IPS que efectúe el cálculo de los haberes previsionales del señor Sosa tomando en cuenta los servicios prestados en el ámbito nacional y provincial.
Con relación al subsidio que percibía en los términos del art. 2 de la ley 11.221, entendió que dicha bonificación no servía como base de cálculo para cualquier otro adicional o bonificación y no estaba sujeto a descuentos previsionales ni asistenciales. En este punto, rechazó la solicitud efectuada por el demandante.
III. Contra dicha sentencia interpusieron recursos de apelación ambas partes.
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó el planteo relacionado al goce del subsidio reglado por la ley 11.221 —texto según ley 13.978—, anuló aquella parcela de la resolución 957.477 que establecía que la liquidación de la jubilación por invalidez correspondiente al actor efectuada por el IPS se ajustaba a las pautas establecidas en la sentencia de fondo, y acogió el pedido de pago del aludido subsidio, imponiendo las costas de ambas instancias a la accionada vencida. Dispuso también desestimar el recurso de apelación intentado por la demandada.
IV.1. Con relación al subsidio contemplado en la ley 11.221, texto según ley 13.978, destacó que no resulta materia de controversia, que el actor reúne las condiciones contempladas en la norma para gozar del subsidio allí previsto y que tal beneficio le era abonado por su empleador en el ámbito bonaerense durante su vida activa juntamente con sus haberes (cfr. fs. 106, actuaciones administrativas).
En base a ello consideró que el cese de la vida activa de aquellos excombatientes de Malvinas que —en virtud de revestir tal condición— gozan del beneficio examinado, no constituye una causal válida para privarlos de este, pues resultaría absurdo pensar que las profundas y perjudiciales consecuencias del aludido conflicto bélico que la bonificación creada tiende a mitigar, se desvanecen en razón del acogimiento del beneficiario a un régimen previsional, criterio que, según sostiene, resulta coherente con las razones de equidad, justicia y reconocimiento del sacrificio de los veteranos de guerra que el legislador tuvo en miras al crear el subsidio.
Aclaró que, no obstante que la bonificación analizada no puede considerarse dirigida a retribuir servicios desempeñados en relación de dependencia en los términos del art. 40 del decreto ley 9.650/80, el fundamento de su pervivencia durante la etapa de pasividad se encuentra en la específica normativa que la establece y en los especiales motivos que impulsaron su instauración.
Agregó que en nada se opone al temperamento expuesto lo preceptuado por el art. 2 de la ley 11.221 con relación a que el subsidio "...no estará sujeto a descuentos previsionales ni asistenciales...", pues tal previsión se vincula a una cuestión de técnica legislativa que no puede resultar en un menoscabo de los trascendentes fines que el beneficio tiende a alcanzar.
IV.2. En lo que hace a la crítica efectuada por la representación fiscal relacionada con aquella parcela del fallo que ordenó al IPS computar los servicios prestados por el actor tanto en el ámbito nacional como provincial, señaló que la controversia giraba en torno al alcance de lo dispuesto por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 en su redacción dada por la ley 13.524.
En ese sentido entendió que resultaba necesario determinar si el hecho de que el IPS actuaba como caja otorgante del beneficio de jubilación por invalidez en mérito a lo dispuesto por dicha norma —pese a la existencia de una mayor cantidad de años de servicios con aportes prestados en el ámbito nacional— implicaba que el haber previsional resultante solo pueda ser liquidado ponderándose los servicios desempeñados en el orden provincial, o si, por el contrario, el rol de caja otorgante de la jubilación desempeñado por la Administración local no obstaba a la consideración de los servicios ejercidos en el ámbito nacional.
Para ello adoptó los lineamientos plasmados por esta Suprema Corte de Justicia en la causa A. 75.519, "Eli" (sent. de 14-IX-2020), en atención a las similitudes que presentan los casos.
Consideró que conforme lo prescripto en el último párrafo del art. 67 del decreto ley 9.650/80 surge que, en los casos de jubilación por invalidez en los que al momento de producirse dicha contingencia el trabajador estuviera afiliado a la jurisdicción previsional provincial, esta última será la caja otorgante, con independencia del tiempo con aportes registrado en otros sistemas.
Destacó, además, que la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante la ley 5.157 al sistema de reciprocidad entre los organismos de previsión social y las cajas de jubilaciones, establecido por el decreto ley 9.316/46, cuya finalidad esencial consiste en posibilitar el cómputo de los servicios prestados por los afiliados en diferentes jurisdicciones.
De acuerdo a ello, y en virtud de las prescripciones contenidas en el régimen de reciprocidad jubilatoria (arts. 1 y 7, dec. ley 9.316/46, ratif. por ley 12.921), indicó que esta Suprema Corte ha sostenido que los servicios y las remuneraciones reconocidos por cualquier caja adherida al sistema deben ser considerados por la caja otorgante del beneficio como prestados y devengados bajo su propio régimen.
Concluyó que la aplicación de tales principios conduce al reconocimiento del derecho al cómputo de los años de servicio en la órbita nacional invocados por el actor.
Recordó que el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (modif. por ley 13.524) cuando dispone la excepción, para los beneficios de jubilación por invalidez y pensión por fallecimiento, en ningún momento exige formular renuncia a los servicios prestados en el ámbito nacional ni tampoco al régimen de reciprocidad jubilatoria.
A la luz de lo expuesto, advirtió que de la normativa aplicable no puede extraerse un mandato en el sentido de limitar la consideración de los años de servicio a aquellos que hubieran sido desempeñados en el orden provincial.
Por último, aclaró que no obstaba al criterio plasmado la renuncia del actor a los años de servicio en la esfera nacional invocada por la representación fiscal en sustento del embate en tratamiento.
Remarcó que si bien con fecha 26 de agosto de 2014 el actor realizó una presentación ante el IPS con el fin de "...renunciar a los años nacionales por todo concepto...", indicó expresamente que tal dimisión tenía por único objeto "...obtener el beneficio de jubilación por incapacidad en el IPS..." (fs. 212, expediente administrativo 2971-8737/13).
De ese modo reiteró que ponderando el específico y manifiesto propósito de la renuncia efectuada por el actor, mal puede dicha dimisión derivar en la imposibilidad de computar los años de servicio con aportes en la esfera nacional para el cálculo del beneficio previsional, pues el rol de caja otorgante corresponde al IPS en virtud de lo establecido por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 en su redacción dada por la ley 13.524, esto es por el hecho de hallarse el señor Sosa afiliado a la jurisdicción previsional bonaerense al momento de producirse la incapacidad que lo aqueja, con independencia de los años de aportes en una u otra órbita jubilatoria.
V. Contra dicha sentencia, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y destacó las diferencias con el precedente "Eli" citado por la Cámara actuante.
En tal sentido señaló que, en dicha causa, para resolver apartándose de precedentes anteriores que constituían la doctrina legal vigente hasta ese entonces, expresamente se aclaró que "En los precedentes de esta Corte invocados como fundamento tanto por la demandada como por los jueces de las instancias ordinarias, los afiliados habían renunciado al cómputo de los servicios reconocidos en el ámbito nacional. Esa fue la principal razón tenida en vista para admitir que fuese el organismo previsional provincial quien otorgase los derechos peticionados y por ello es que, al calcular los haberes de las prestaciones, los mentados servicios nacionales no fueron computados".
En base a ello precisó que en el caso obra presentación efectuada por el propio actor el 26 de agosto de 2014 "...con el fin de renunciar a los años nacionales por todo concepto con el objeto de obtener el beneficio de jubilación por incapacidad en el IPS, más el adicional que percibía en actividad por excombatiente" (fs. 212, expediente administrativo 21557-419354/17).
Planteó también arbitrariedad en la interpretación del régimen de reciprocidad jubilatoria.
Sostuvo que la sentencia impugnada no resulta ajustada a derecho e incurre en el vicio de arbitrariedad, toda vez que realiza una interpretación de la normativa aplicable que resulta incompatible con el régimen de reciprocidad jubilatoria (decreto ley 9.316/46 y art. 168, ley 24.241) y, además resulta dogmática al desconocer la intención que el legislador tuvo en miras al modificar el art. 67 del decreto ley 9.650/80 para compatibilizar el beneficio de pensión por fallecimiento en actividad con el régimen de reciprocidad.
Consideró que no puede convalidarse la interpretación híbrida que surge de la sentencia de la Cámara por la cual se toma lo mejor de ambos sistemas y se elude lo que se considera perjudicial que, en este caso, consiste en que si la parte actora obtuvo por sentencia judicial la pensión por el IPS con base en el art. 67, ello trae aparejado que no se computen los años aportados por el causante en la ANSES y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de acceder a que su haber en pasividad se calcule con base en un cargo desempeñado en dicha órbita nacional.
Concluyó diciendo que resulta de muy difícil comprensión concluir por un lado que la renuncia no es exigible para el desplazamiento del rol de caja en el caso de pensiones por invalidez; y al mismo tiempo considerar que el actor renunció al solo efecto de dicho desplazamiento.
VI. El recurso no prospera.
VI.1. La cuestión debatida en el recurso en tratamiento, relativa a determinar si en el caso —jubilación por invalidez otorgada por el IPS— corresponde efectuar el cálculo de los haberes previsionales del actor considerando los servicios desempeñados tanto en el ámbito provincial como en el nacional, ha sido objeto de análisis por este Tribunal en un caso donde se ha abordado una problemática similar a la presente (causa A. 75.519, "Eli", sent. de 14-IX-2020).
Al igual que en el precedente antes referido y a diferencia de otros casos en que esta Suprema Corte ha debido expedirse, aquí se debate el alcance del art. 67 del decreto ley 9.650/80 en su redacción dada por la ley 13.524, en tanto —tal como lo señaló el Tribunal de Alzada—, resulta necesario determinar si el hecho de que el IPS actúe como caja otorgante del beneficio de jubilación por invalidez en mérito a lo dispuesto por dicha norma —pese a la existencia de una mayor cantidad de años de servicios con aportes prestados en el ámbito nacional— implica que el haber previsional resultante solo pueda ser liquidado ponderándose los servicios desempeñados en el orden provincial, o si, por el contrario, el rol de caja otorgante de la jubilación asumido por la Administración local no obsta a la consideración de los servicios ejercidos en el ámbito
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