Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80384
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el Fisco provincial, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
A.80.384 "DURE MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Mancini dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, hizo lugar a la demanda iniciada por el señor Miguel Ángel Duré contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, condenó a este último a abonar al actor el subsidio establecido en el art. 2 inc. 1 de la ley 13.802 a partir de los dos años anteriores al inicio de la demanda, dentro del plazo de sesenta días contados desde que la liquidación adquiriera firmeza. Asimismo, impuso las costas a la parte demandada (v. sent. de fecha 21-X-2024).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de grado (v. sent. de 29-V-2025).
Para así decidir, en prieta síntesis, transcribió los presupuestos exigidos por el art. 2 de la ley 13.802, que resultaban aplicables al actor para que pudiera acceder al beneficio que reconocía el régimen especial de subsidio para los bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y señaló que el que había generado el debate entre las partes partía de las constancias del expediente administrativo, donde surgía que el motivo concreto del rechazo había sido la observación formulada por la Asesoría General de Gobierno a fs. 51 (reiterada, luego, a fs. 67), en cuanto había dictaminado que la documentación aportada por el solicitante no se ajustaba a las previsiones de la ley 13.802 y su decreto reglamentario n° 131/09, pues quedaba determinada la insuficiencia de la certificación de servicios adjuntada ya que no se encontraba debidamente autentificada.
Mas adelante, la Cámara también reprodujo los requisitos -fijados en el mencionado decreto- que el solicitante debía reunir para poder acceder al beneficio previsto en el art. 2 incisos 1 y 2 de la ley 13.802 y observó que -tal como había señalado el magistrado de grado-, los documentos obrantes en el expediente administrativo y la restante prueba producida en autos de acuerdo con las exigencias reglamentarias, permitían tener por acreditado que el señor Duré se había desempeñado como bombero voluntario en la localidad de Coronel Pringles, desde su incorporación el día 2 de junio de 1991 hasta su retiro por haber alcanzado los 60 años de edad (v. nota de fecha 31-V-2017, obrante en su legajo).
En tal sentido, despejó que la manifestación formulada por el actor en su escrito de ampliación de demanda del 21-IX-2023 (en la cual había referido que había prestado servicios durante “más de 16 años”), mal podría ser considerada una contradicción de su parte si se la interpretara, razonablemente, en el contexto del reclamo en el que se había insertado, es decir, en un escrito ampliatorio que, sobre la base de las constancias del expediente administrativo, había tenido por objeto confirmar que se encontraban reunidos los recaudos legales para el otorgamiento del beneficio, considerando la fecha de ingreso del actor al cuerpo de bomberos desde el 2-VI-1991.
Abundó, finalmente, que los dictámenes de la Asesoría General de Gobierno no solo soslayaron las alternativas previstas en el art. 1 del decreto n° 131/09 para la acreditación del cumplimiento de los recaudos para el otorgamiento del beneficio de la ley 13.802, sino que siquiera habían ponderado las circunstancias informadas por la Asociación de Bomberos en cuanto al extravío del Libro de Actas en el que constaba el ingreso del actor al Cuerpo y los documentos adicionales (v. planilla de personal, partes de servicio, legajo), que reflejaban que el señor Duré había prestado servicios como bombero voluntario a favor de la población de Coronel Pringles, en forma desinteresada, durante más de 26 años. En efecto, sostuvo que los dictámenes de fs. 51 y 67 habían omitido toda referencia concreta a los diversos documentos aportados por el requirente, limitándose a un rechazo genérico e indeterminado que, en rigor, había carecido de adecuada fundamentación.
En consecuencia, concluyó que correspondía desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la sentencia de grado.
III. Frente a dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo y violación de la doctrina legal (v. present. electrónica de fecha 17-VI-2025), el que fue concedido por el Tribunal de Alzada (v. resol. de 9-IX-2025).
IV. El remedio no puede prosperar dada su insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
IV.1. En la vía indicada, la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la apelación- denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 1 y 2 de la ley 13.802 y del art. 1 del decreto 131/09, al confirmar una extensión contra legem del subsidio previsto en la norma a quienes no han acreditado el cumplimiento de requisitos exigidos legalmente y por entender que la enunciación de la norma es taxativa.
Asimismo, vinculado a lo anterior, tilda de absurdo y lesivo del principio de igualdad el razonamiento desplegado por la Cámara al equiparar indebidamente a los bomberos voluntarios que demuestran cumplir con los años de prestación de servicios requeridos para acceder al subsidio, con aquellos que no lo acreditan o aportan solo indicios para hacerlo.
Cierra sus agravios denunciando violadas las normas presupuestarias al extenderse el beneficio pretorianamente, con la consecuente ruptura de la ecuación económico-financiera tenida en miras por el legislador al establecer el beneficio.
IV.2. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020; A. 78.982, "Ragone", resol. de 21-XII-2023, e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, la apelante reitera argumentos vertidos al interponer el recurso de apelación, que han sido tratados y resueltos por la Cámara, como los vinculados al cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa (ley 13.802 y decreto reglamentario 131/2009) para acceder al cobro del subsidio previsto en el art. 2 inc. 2 de la ley antes citada.
Sobre ese modo de proceder, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 in fine , CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios razonadamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 79.380, "Morgese", resol. de 2-VIII-2024; A. 80.032, "Campos", resol. de 1-XII-2025).
La argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (doctr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; A. 79.380 y A. 80.032, cits.; e.o.).
IV.3. Por otra parte, si bien la impugnante aduce absurdo, este vicio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Tal situación extrema está lejos de configurarse en autos, pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV.4. Tampoco mejora la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, en especial el derecho a la igualdad, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017).
IV.5. Finalmente, debe desatenderse la alegada violación de normas presupuestarias al extender la Cámara -según entiende la recurrente- el beneficio pretorianamente (v. pto. VII.4 del escrito recursivo), en tanto dicha temática no ha sido sometida a consideración del a quo en los términos en que ahora se proponen (v. escrito de fecha 17-VI-2025, cfr. arts. 266 y 272, CPCC).
En ese sentido, sabido es que no se pueden introducir temas novedosos ante esta Corte, que no fueron planteados en las oportunidades debidas en las instancias anteriores (conf. doctr. causas C. 118.886, "Reina", resol. de 30-IV-2014; C. 123.486, "Cogorno", resol. de 2-IX-2020; A. 80.032, cit.).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar el recurso extraordinario deducido (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el Fisco provincial, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:37:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:08 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:24:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:38:45 hs. bajo el número RR-310-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia