Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80652
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine, CPCC).
A.80.652 "SOLER JOSE OMAR C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS. PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno y en lo que aquí interesa, hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor José Omar Soler contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, reconoció el derecho a percibir el subsidio por accidente previsto en el artículo 11 inc. n) de la ley 13.201 (vigente al momento del suceso), traducido en el monto equivalente a treinta (30) sueldos del máximo grado del escalafón de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
De ese modo se condenó a la demandada a abonarle al actor las sumas devengadas desde la fecha del reclamo y hasta la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta valores actuales, con más la tasa del 6% anual durante ese lapso y, desde la fecha del fallo, ordenó que los intereses se calculen de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días hasta el efectivo pago (v. sent. de 16-V-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 4-VI-2024) en el que denuncia que el fallo de grado vulnera lo normado por el art. 11 inc. n) de la ley 13.201 al reconocer el subsidio allí previsto pese a registrarse un supuesto de incompatibilidad con la indemnización percibida bajo las reglas del derecho laboral, ello en colisión a la doctrina legal de esta Suprema Corte, con desapego por las circunstancias diferenciales del caso, y apartamiento injustificado de la jurisprudencia de la Corte federal en casos análogos.
Denuncia asimismo la configuración de un supuesto de absurdo en la interpretación de los hechos, las norma y las pruebas, al desdeñarse la consecuencia inconstitucional que supone la imposición de una "duplicación de indemnizaciones" por el mismo concepto, ello a fin de evitar un enriquecimiento indebido en detrimento de las arcas del Estado.
Por último, alega la vulneración de la doctrina legal aplicable, al condenarse el pago de la liquidación a valores actuales, a despecho de la prohibición de indexar deudas y de la jurisprudencia.
III. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a rechazar los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
III.1. En cuanto al tema principal en debate, este ha sido objeto de tratamiento en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021; A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021 y A. 78.409, "Gómez", sentencia de 27-II-2025, entre otras; esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
Siendo así, corresponde rechazar sin más esta parcela del embate (art. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Por otra parte, en cuanto a la queja fundada en el cálculo del reajuste del subsidio a valores actuales y con una tasa de interés puro del 6% anual, con el argumento de que ello violaría la regla del nominalismo y la prohibición de indexación de deudas (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561- y 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), cabe destacar que dicho criterio es el que actualmente aplica esta Suprema Corte en casos análogos (conf. causas A. 74.235, "Mesiano", sent. de 23-XII-2020; A. 74.089, "Sert", sent. de 12-II-2021; A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; B. 56.601, "Corvo", resol. de 29-XI-2023; B. 64.571,"Vázquez Pertierra", sent. de 3-X-2025; A. 79.760, "Melgarejo", resol. de 6-III-2026), razón por la cual corresponde el rechazo de la impugnación de la recurrente también en esta parcela (art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2026 16:00:56 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:42:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:14:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:37:49 hs. bajo el número RR-562-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia