Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 298, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 6. inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 298 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Genoud, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.157, "Álvarez, Patricia Alejandra y ots. c/ Municipalidad de Tornquist s/ Pretensión de Restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores y revocó el fallo de primera instancia que rechazó la pretensión de los accionantes tendiente al reconocimiento de sus derechos a percibir las diferencias de haberes que reclaman (v. fs. 389/399).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 559/578), siendo concedido únicamente el primero de ellos a fs. 582/583.
Dictada la providencia de autos para resolver el recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 589), habiendo dictaminado la entonces señora Procuradora General (fs. 590/594) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores promovieron demanda contencioso-administrativa contra la Municipalidad de Tornquist con el objeto de obtener el reconocimiento de diferencias salariales no abonadas entre los años 2005 y 2009, surgidas de los aumentos otorgados -a través de incrementos fijos- por la jornada regular de 30 horas semanales, que no impactaron debidamente en los sueldos de los agentes con regímenes horarios de 36 o 40 horas.
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda por entender que los accionantes no impugnaron oportunamente las ordenanzas que fijaron los aumentos salariales pretendidos.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por los demandantes, revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, acogió favorablemente la pretensión anulatoria interpuesta por los accionantes.
III.1. Para así resolver desarrolló los siguientes fundamentos, siguiendo el criterio que habían utilizado en el precedente "Cleppe" (reclamo idéntico al aquí analizado).
En primer término, analizó la impugnación actoral centrada en la transgresión -por parte del juzgado de grado- del principio procesal de preclusión, considerando que la oportunidad de revisión del cumplimiento de los recaudos formales de admisibilidad de las pretensiones, no está librada a la discrecionalidad o arbitrio del magistrado y se encuentra precisamente regulada en el Código ritual. Así -continuó- el Código Contencioso Administrativo determina, rígidamente, dos momentos puntuales en los que cabe evaluar si se encuentra habilitada la acción contencioso administrativa; de oficio, luego de asumir la competencia para actuar en el proceso y con anterioridad a efectivizar el traslado de la demanda (art. 31 inc. 1, CCA) y a instancia de parte, al resolver la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión (art. 35 inc. 1 ap. I, CCA), la que deberá ser resuelta con anterioridad al dictado de la sentencia (conf. art. 36, CCA).
En ese contexto la alzada consideró que les asiste razón a los apelantes en cuanto denunciaron transgredido el principio adjetivo de preclusión, toda vez que el juez desestimó el reclamo actoral atendiendo a su supuesta inadmisibilidad formal luego de fenecida la etapa procesal hábil para realizar tal estudio previo. Así, sostuvo que "los actos procesales firmes recaídos durante el curso del proceso operan como compuertas que cierran cada etapa de éste, impidiendo retrotraer el juicio a estadios ya superados".
III.2. De esta forma, habiendo acogido favorablemente el agravio de la preclusión, la Cámara ingresó a analizar si la demanda resultaba sustancialmente procedente.
Entendió que los elementos probatorios permitían tener por comprobado con nitidez suficiente que los aumentos salariales por monto fijo dispuestos por la demandada no habían respetado la garantía constitucional que se denuncia lesionada, alterando la proporcionalidad que debe observar el sueldo del empleado municipal que se desempeña en la jornada horaria laboral fijada por la reglamentación en 30 horas semanales y aquel percibido por quien, en similar categoría escalafonaria y prestando idénticas tareas, efectiviza su trabajo con una carga horaria de 36 o 40 horas semanales.
III.3. Luego de describir el esquema reglamentario dictado para implementar la política salarial comunal, sostuvo que los aumentos salariales dispuestos por monto fijo fueron efectivizados por la demandada sin respetar la proporcionalidad exigida para los distintos regímenes horarios (art.19 inc. "a", ley 11.757) generando una afectación concreta -acreditada por la pericia contable obrante en autos- en la esfera patrimonial de los empleados públicos municipales. Señaló que aquella afectación de la proporcionalidad remunerativa en función de los regímenes horarios resultó lesiva de la garantía constitucional de "igual remuneración por igual tarea" -que debe ser entendida como opuesta a cualquier situación que implique una discriminación arbitraria-, así como el principio de progresividad en materia laboral que debe observarse en este caso.
Concluyó que existían elementos de convicción suficientes para tener por configurada la situación de afectación del derecho al salario igualitario y el consecuente reconocimiento del derecho de los actores a percibir las diferencias salariales de las que fueron privados por la autoridad comunal a partir del año 2005 y hasta la entrada en vigencia de la ordenanza 2.119/09, que acondicionó la escala salarial a los recaudos exigidos por el art. 19 inc. "a" de la ley 11.757.
IV. Contra tal pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad en el que alega omisión de tratamiento de cuestiones esenciales oportunamente planteadas, en violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil y Comercial y 168 y 171 de la Constitución de la Provincia.
IV.1. En primer lugar afirma que las ordenanzas que dispusieron los aumentos salariales son expresiones de la atribución del Concejo Deliberante y no de los jueces, quienes no poseen competencia material para modificar ordenanzas o dictar sentencias con contenido legislativo propio de aquellos.
Sostiene que esta cuestión, expuesta en su expresión de agravios, no fue abordada por la Cámara en su sentencia, quien asumió facultades legislativas otorgadas a los organismos comunales por la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus arts. 29, 31 y 34.
IV.2. Sostiene, asimismo, que los magistrados no pueden reemplazar ni modificar una norma, por más ilegítima que fuera, debiendo únicamente dejarla sin efecto. A su parecer, la cámara al dictar la sentencia recurrida violó el principio de división de competencias.
IV.3. Además, argumenta que la impugnación de las ordenanzas hubiera implicado la necesaria integración de la litis con el Concejo Deliberante, lo que no ocurrió en el caso de autos, ni fue solicitado por la actora.
IV.4. Por último, aduce que la omisión de la actora en plantear sus pretensiones en forma clara y precisa -requisito dispuesto por el art. 27 del Código Contencioso Administrativo- no puede ser reemplazada con la actividad del juez y que el informalismo rige para el procedimiento administrativo, pero no para el proceso judicial.
V. En coincidencia con lo dictaminado por la entonces señora Procuradora General, el recurso no prospera.
Esta Corte tiene dicho que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; doctr. causas A. 72.641, sent. de 11-IX-2013; A. 73.294, sent. de 11-III-2015; A. 73.393, sent. de 8-IV-2015; e.o.).
V.1. En cuanto a la crítica formulada con base en la denuncia de omisión de tratamiento de las normativas comunales vigentes que disponían la modalidad de pago y obligaban al municipio a abonar los salarios de los actores en el modo en que lo hizo, cabe señalar que, la Cámara dio cuenta de la normativa que aplicó la comuna, identificando que tales incrementos se encontraban "regulados mediante Decreto N° 229/05 -dictado ad referéndum del HCD-; Ordenanza N° 1894/07 y Ordenanza N°1997", fundamentando su decisión en censurar "el modo como se ha implementado la política pública salarial llevada a cabo por el Municipio". Es decir, la alzada centra su decisión en la modalidad utilizada por la comuna para efectivizar los aumentos salariales. Dando de este modo expreso tratamiento al planteo de la demandada, argumentando que la particular forma en que el municipio aplicó la legislación comunal que regulaba los salarios, indirectamente modificó el escalafón de personal vigente, alterando la escala salarial de cada agrupamiento, todo ello en violación del art. 19 inc. "a" de la ley 11.757.
Ha quedado acreditado que la cuestión que se dice preterida fue abordada en el pronunciamiento impugnado y que los jueces de grado expresaron las razones por las cuales correspondía su rechazo. Tal circunstancia determina la improcedencia del recurso en tratamiento, toda vez que el acierto de lo decidido resulta ajeno al recurso extraordinario de nulidad y su revisión debe obtenerse por la vía del recurso de inaplicabilidad de ley (según doctr. causa A. 71.821, sent. de 6-XII-2017; e.o.).
V.2. Tampoco son de recibo los agravios referidos a la falta de integración de la litis con el Concejo Deliberante y al incumplimiento de las formalidades exigidas para la demanda por el Código ritual (art. 27, CCA), pues ambos planteos refieren a cuestiones procesales anteriores al dictado del pronunciamiento cuya revisión no procede en esta instancia recursiva.
Es doctrina de esta Corte que las cuestiones relativas a vicios del procedimiento o presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia, resultan extrañas a la vía establecida en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución provincial (según doctr. causas A. 71.685, sent. de 29-II-2012; A. 69.302, sent. de 26-X-2010; e.o.).
VI. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 298 in fine, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud , Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, habiendo dictaminado oportunamente la señora Procuradora General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 298, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 6. inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 298 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia