Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74212
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracta la cuestión debatida y se deja sin efecto la sentencia atacada (arg. art. 163 inc. 6, segundo párrafo, CPCC).
En atención al modo en que se decide, las costas se imponen por su orden (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.212, "Wallace, Verónica Lidia contra Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires y otros. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó el pronunciamiento de primera instancia y acogió la pretensión interpuesta (v. fs. 364/376).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 391/403), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 405/406.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia se dictó la providencia de autos (v. fs. 418), la que fue suspendida para dar traslado a las partes del contenido de la presentación obrante a fs. 428/429. Cumplido el mismo se resolvió su reanudación (v. fs. 435), por lo que la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Asociación Vecinal de Fomento Parque Palihue, solicitando se abstengan de realizar cualquier acto que conduzca a poner en funcionamiento la Escuela de Educación Especial n° 508 en el inmueble sito en calle Reconquista n° 248 de esa ciudad.
Invocó para ello su calidad de propietaria del inmueble lindero a la sede de la citada Sociedad de Fomento, donde se pretendía poner en funcionamiento la mencionada institución educativa, y afirmó que dicho uso se encuentra prohibido según lo previsto en el Código de Planeamiento Urbano, el que permite la instalación de escuelas primarias pero no escuelas diferenciales.
I.2. El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda interpuesta (v. fs. 321/326).
I.3. Contra esa sentencia, la actora dedujo recurso de apelación (v. fs. 331/335).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó el pronunciamiento de primera instancia y acogió la pretensión interpuesta (v. fs. 364/376).
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 391/403).
Sostuvo en primer lugar que el decisorio recurrido incurre en un claro apartamiento de normas de orden constitucional y supranacional destinadas a proteger a las personas en una situación vulnerable -los niños y en especial aquellos con capacidades diferentes-, y por otro lado se afinca en una interpretación exegética de un ordenamiento local cuando, en casos como el presente, debe primar aquella que mejor concilie los intereses en juego. Precisó que el Tribunal de Alzada inaplicó la Convención sobre Discapacidad (ley 27.044) que obliga a los Estados firmantes a brindar una "educación inclusiva en todos sus niveles" -conforme art. 24-, para de tal forma quedar "incluidos" en la comunidad (art. 19).
En tal marco planteó también violación a los derechos consagrados en los arts. 10, 15, 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial para las personas con discapacidad.
Señaló que son de aplicación al caso la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3 y 24), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por ley 27.044, arts. 5.1, 10, 17 y 24), Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos adicionales (ley 24.658), Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (ley 25.280).
Agregó que la sentencia cuestionada tampoco respetó la normativa local sobre discapacidad -Ley de Educación 13.688, (arts. 1 a 5, 16, 20, 21 y 39); Ley 10.592, "Régimen básico e integral para las personas con discapacidad"; Ley Nacional de Educación n° 26.206; Ley Nacional de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, n° 20.061-. Precisó que las normas citadas garantizan y obligan a los poderes constituidos del Estado el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, eliminando cualquier potencial perjuicio que pudiera evidenciarse por parte de un acto estatal o privado.
Concluyó en la incorrecta aplicación de la normativa municipal frente a los preceptos constitucionales descriptos y la necesidad de una aplicación armónica del ordenamiento jurídico.
I.6. A fs. 428/429 la Fiscalía de Estado acompañó copia de la ordenanza dictada por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca por la cual se dispuso, con carácter de excepción, el uso "Escuela diferencial" en el inmueble sito en calle Reconquista n° 248 -involucrado en el proceso que originó la solicitud de apertura de esta instancia extraordinaria-.
I.7. A fs. 434 se dispuso dar traslado a las partes del contenido de la citada presentación, con copia de la ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de la ciudad de Bahía Blanca en el expediente n° 479-HDC-2016, con fecha 9 de junio de 2016 (art. 34 inc. 5, CPCC).
II. Adelanto que la solución de la cuestión planteada debe adecuarse a la modificación sobreviniente de los hechos del caso.
En la especie resulta inoficioso expedirse sobre el recurso extraordinario interpuesto, ya que en función de la sanción de la ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca en el expediente n° 479-HCD-2016 (v. fs. 428/429), la actualidad regulatoria del tema sometido a juzgamiento ya no presenta la problemática que motivó la promoción de esta acción.
Tal como fuera puesto de relieve en los antecedentes relatados, el citado Código de Planeamiento Urbano -publicado en el sitio web www.bahia.gob.ar- prevé que la zona RP1 "Residencial Parque de Densidad Baja" -donde se hallan emplazados tanto el inmueble propiedad de la actora como el predio en el que se instalara la citada institución de enseñanza-, contempla como usos de suelo permitidos para el funcionamiento de establecimientos educativos los siguientes: "Guardería Infantil", "Pre Primaria", "Primaria" y "Secundaria" -ver capítulo V, "Usos", Cuadro de Usos n° 1-. Por el contrario, no figuran como permitidas en la mencionada zona las escuelas diferenciales (entre otros) definidas como el "establecimiento donde se imparte enseñanza especial a niños y jóvenes con deficiencias psicofísicas" -conforme capítulo I "Definición de Términos Técnicos", punto 1.1.2 y Cuadro de Usos n° 1-.
Ahora bien, conforme surge de la presentación obrante a fs. 428/429, el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de la ciudad de Bahía Blanca dictó la ordenanza 18.493 (v. copia acompañada a fs. 428, publicada asimismo en el sitio web www.bahia.gob.ar y Diario de sesiones de fecha 9 de junio de 2016, disponible en el sitio web www.hdcbahiablanca.gov.ar), por la cual se autorizó el uso "Escuela Diferencial", en el inmueble sito en calle Reconquista n° 248.
III.1. Esta Corte reiteradamente ha sostenido que es propio del régimen de los recursos y, en particular, de los extraordinarios, que sus recaudos de admisibilidad y procedencia deben subsistir en la oportunidad de la decisión, pudiendo el Tribunal examinarlos aún de oficio; evitando de tal modo pronunciarse en supuestos en los que no hay una discusión real entre las partes del litigio, ya fuera porque el juicio es ficticio desde el comienzo o porque, a raíz de acontecimientos subsiguientes, se ha extinguido la controversia, ha cesado de existir la causa de la acción, o las cuestiones a decidir son enteramente abstractas, tornando imposible acordar una reparación efectiva (conf. causa C. 99.666, sent. de 13-IV-2011 y doctr. CSJN Fallos: 214:147; 320:2603; 322:1436; 329:1898).
Cualquier pronunciamiento acerca del pedimento articulado en el recurso extraordinario sería meramente teórico y, por ello, impropio de la función judicial (doctr. causas B. 66.769, resol. de 20-II-2008; B. 63.493, sent. de 27-VIII-2008; B. 58.798, "Rigol", sent. de 7-IV-2010 y B. 58.800, "Ugalde", sent. de 7-IV-2010).
III.2. Dadas las nuevas circunstancias, la sentencia de la Cámara interviniente debe ser dejada sin efecto (CSJN Fallos 330:4045) a fin de evitar dudas sobre las posibles consecuencias derivadas de su mantenimiento.
Corresponde entonces declarar abstracta la cuestión debatida en el sub lite (arg. art. 163 inc. 6, segundo párrafo, CPCC) y dejar sin efecto la sentencia atacada.
En atención al modo en que se decide, las costas se imponen por su orden (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara abstracta la cuestión debatida y se deja sin efecto la sentencia atacada (arg. art. 163 inc. 6, segundo párrafo, CPCC).
En atención al modo en que se decide, las costas se imponen por su orden (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia