Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74468
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.468 “VEGA JORGE ENRIQUE C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 05 de diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno desestimó la pretensión deducida por Jorge Enrique Vega contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al haberse configurado el silencio administrativo previsto en el art. 16 del CCA, a partir de la solicitud del actor -mediante cartas documento enviadas al Presidente de la demandada- de que se le abone la gratificación o indemnización especial prevista en la Circular 7, parte IV del grupo 44 del Estatuto del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sin que tal petición se hubiera resuelto.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, coincidiendo con la magistrada de grado, el Tribunal de Alzada destacó que el otorgamiento de la gratificación especial pretendida, no es consecuencia directa de la finalización de la relación laboral por jubilación del agente, sino que se trata de una potestad inherente a la entidad demandada, ejercida en virtud de la normativa que legitima su accionar, y cuya aplicación realiza previa ponderación de la existencia de méritos para su otorgamiento a la vez que indaga respecto de antecedentes desfavorables en la segunda mitad del período laborado que conduzcan a considerar quitas parciales o la no concesión del premio.
Refirió luego lo detallado por la juzgadora de grado en cuanto a la existencia, en el historial disciplinario del agente, de ciertas sanciones que le fueron aplicadas como también de dos procesos judiciales en curso tendientes a obtener el recupero del perjuicio patrimonial sufrido ante el actuar negligente del actor.
Entendió así que el banco demandado efectivamente no resolvió aún el pedido efectuado por el actor, toda vez que se encuentra a la espera del resultado de tales causas judiciales en función de las facultades conferidas por el punto 1.7 de la Resolución 2732/90 que rige en el caso y que tal accionar se adecúa a lo establecido en el procedimiento fijado por la citada reglamentación, a los fines abastecer el requisito de motivación del acto administrativo.
En tal sentido concluyó que no se advertía el error de juzgamiento denunciado, al entender que la magistrada de grado evaluó adecuadamente la prueba obrante en la causa, a la vez que estimó acertado que hubiera merituado que, no obstante el fracaso de la pretensión traída, cabría dejar a salvo la oportuna resolución del reclamo.
Por ultimo rechazó la invocación de ciertos precedentes de esta Corte (causas B. 60.256 "Van der Molen", sent. de 8-X-2008 y B. 66.309, "Buroni", sent. de 17-VIII-2011), en tanto lo allí resuelto difería de la problemática que se ventila en esta causa, aunque referida al mismo beneficio, pues en aquéllos la objeción judicial hacia el obrar administrativo desestimatorio de la gratificación por egreso, radicaba en la incompetencia del órgano emisor y en la falta de motivación del acto.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 296/301 vta.).
II. Frente a ello, el actor vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado resulta arbitrario en tanto aplica en forma errónea la legislación que rige el caso así como los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33, entre otros, de la Constitución nacional y normas similares de la Carta local.
Reitera a su vez los agravios ya vertidos en punto a la violación de doctrina de esta Corte que señala (v. fs. 305/311).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas Ac. 73.447; sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
En tal sentido, los argumentos esbozados por el recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto al proceder del juzgador sobre el actuar de la entidad demandada, en tanto denuncia que aquella se condujo de modo irregular al no abonarle la indemnización pretendida en función de un cargo patrimonial que se le endilga, configurando así un abuso del derecho.
Es decir que el accionante omite en su discurso desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo (v. particularmente los apdos. 5 y 6 del punto IV del fallo cuestionado).
Por ello, deviene aplicable la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011, A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, A. 74.370, "Sapino", resol. de 11-VII-2018). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece la sentencia que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria respecto a la vulneración de doctrina legal, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar este remedio extraordinario si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, argumento que como quedó expuesto anteriormente, fue expresamente desestimado por el a quo .
Sobre ese punto conviene recordar que esta Corte ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
IV. 3. A su vez, en punto a la vulneración de la Circular 7, parte IV del grupo 44 del Estatuto del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33, entre otros, de la Constitución nacional y normas similares de la Constitución local que invoca el recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018) tal como acontece en la especie.
A su vez es del caso señalar, que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la sgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016, A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
IV. 4. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 646
Fin de la sentencia